El pronunciamiento que acaba de hacer la Corte Constitucional sobre el nuevo Código de Policía, permite «el consumo de bebidas alcohólicas y psicoactivas en el espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público».
Lo anterior es un preludio de lo que probablemente será la decisión del Consejo de Estado sobre la legalidad del decreto que faculta a la policía para «decomisar cualquier dosis de toda sustancia psicoactiva en la calle». Una salida populista de un gobierno que se enfrasca en discusiones ampliamente debatidas y superadas como la Ley Estatutaria de la JEP.
No es comprensible que el Jefe de Estado insista en la fracasada y costosa “guerra contra las drogas”.
Mientras el mundo avanza hacia la descriminalización y regulación del consumo de todas las drogas, este gobierno —obstinadamente— se empeña en una política coercitiva y de prohibición, a costa no solo del desgaste político, económico y jurídico, sino de poner contra las cuerdas a la fuerza pública que finalmente tiene la ingrata misión de ejecutarla.
La institucionalidad no puede enfocar su acción y presupuesto en la captura y judicialización de consumidores o portadores de la dosis mínima y en las aspersiones aéreas con glifosato.
El verdadero reto del gobierno debe ser combatir las estructuras criminales, atacar sus finanzas —fortalecer la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)— y destruir los «cristalizaderos» donde se fabrica el clorhidrato de cocaína.
La tendencia mundial obliga urgentemente a un cambio de paradigma.
El enemigo no es el consumo, es el abuso. Desde el año 2012 y por una ley de mi autoría, «el consumo es un asunto de salud pública y a los adictos se les trata como enfermos y no como criminales».
Lamentablemente no ha sido posible la reglamentación de esta iniciativa y se ha impedido que se establezcan las salas de consumo controlado y espacios protectores para el consumidor problemático, alejándolo del estigma y del abuso policial, que además permite monitorear las sobredosis.
De esta forma también se protege a los no consumidores que tienen derecho a disfrutar del espacio público.
Celebro la decisión de la Corte.
Es el momento de que el Gobierno ajuste la política de drogas con la evolución mundial y honre las decisiones del Alto Tribunal acatándolas y cumpliéndolas, pasando del discurso a la práctica.
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JUAN MANUEL GALÁN, Ex senador de la República. Politólogo del Instituto de Estudios Políticos de París, Magíster en Política Internacional de la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Francia. Y Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad en la Universidad de Georgetown.
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