Por: Fabio Arias Giraldo
Desde la posesión del presidente Iván Duque y en especial alrededor de la aprobación de la Ley del Presupuesto 2019 y de la Ley de Financiamiento (reforma tributaria), el gobierno ha venido insistiendo en que «le faltan recursos para, o atender el gasto social o para cumplir la regla fiscal».
Con la presentación del PND el pasado 6 de febrero al Congreso, el gobierno ha vuelto a poner en la opinión pública la necesidad que se tiene de buscar más recursos con el propósito de «cuadrar caja», pues las cuentas no le dan.
El ministro de Hacienda, otra vez este señor Alberto Carrasquilla, nos trae la propuesta de vender el 8,9 % de las acciones de Ecopetrol, con el propósito de obtener unos $ 10 billones de pesos, que según él, «le hacen falta en sus descuadradas cuentas de la Ley de Financiamiento».
Adicionalmente, el director del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría, viene señalando que «para cuadrar la regla fiscal en el 2020 se requiere apropiar $ 6 billones adicionales».
Pues bien, el gobierno en la presentación del PND (Plan Nacional de Desarrollo) habló de la necesidad y conveniencia de eventuales medidas para conseguir esos recursos.
En el caso de la venta de las acciones de Ecopetrol no sé requeriría norma nueva alguna, dado que eso ya lo habían conseguido la dupla Uribe Vélez & Carrasquilla (presidente — minhacienda) en el primer periodo de Uribe con la autorización de vender hasta el 20 % de las acciones, de las que faltan hoy ese 8,9 %.
Sin embargo, en medios extraoficiales también han venido hablando de vender una de las filiales de Ecopetrol, el Cenit, la encargada del transporte de hidrocarburos por la red nacional de oleoductos, que es la «gallina de los huevos de oro», que podría estar evaluada en unos $ 24 billones de pesos, con lo cual alcanzarían más del doble de lo que recogerían con la venta de acciones.
Con una u otra opción, el Estado a partir del mismo momento que las haga, deja de recibir anualmente de $ 0,6 a $ 1,5 billones.
Adicionalmente en el PND se autoriza «la enajenación de activos donde la participación del Estado sea minoritaria», con lo cual se seguiría desmantelando el patrimonio público, con unos ingresos temporales extras pero perdiendo sus rentas en el futuro. Es decir, «se va desmantelando la casa, hasta tener que venderla».
Ecopetrol es la empresa más rentable del Estado, y en la proyección de una política de transición energética —que reclamamos los demócratas y progresistas del país— esta entidad debe convertirse en el puntal más importante para llevarla a cabo con la reinversión de sus rentas y de la renta petrolera. «Desguazarla es renunciar a esa transición para que la realice los grandes inversionistas extranjeros», como se insinúa ya en el PND. Como quien dice, «sin el collar y sin el perro».
La otra fuente de recursos para cuadrar la regla fiscal, es «reducir gasto público y los subsidios».
Pues bien, en el Plan Nacional de Desarrollo están contenidos ambos. Se contempla de una parte «eliminar el subsidio al estrato 3 en la factura de la energía eléctrica», que representaría un ahorro de $ 0,7 billones anuales.
En la «reducción del gasto público» el gobierno prevé incrementos salariales bajos y reducción de personal por la vía de las facultades extras por seis meses para reestructurar las entidades y los empleos del Estado, que siempre han terminado en masacres laborales o modificación de la contratación de los empleos públicos por formas precarias de contratación, OPS (órdenes de prestación de servicios) o ‘tercerizados’ con empresas SAS o contratos sindicales.
En cualquiera de las modalidades que adopte el gobierno en desarrollo del PND, «los que perdemos solos los colombianos de a pie», que asistiríamos al desmantelamiento del Estado, a una masacre laboral y a pérdida de algunos cada vez más exiguos subsidios, en esta oportunidad al estrato 3, mientras registramos que «a los empresarios se les siguen dando todo tipo de gabelas y subsidios», como los otorgados en la pasada reforma tributaria con exenciones por más de $ 10,4 billones y la reducción gradual de impuesto a la renta del 33% al 30%.
Frente a lo anterior, al igual que con la reforma tributaria, «debemos adelantar una muy amplia movilización de indignación social en las redes y en las calles», que sumados a los desastres que va a traer el PND en educación, salud, medio ambiente, vivienda, trabajo, etcétera, y que ya se van conociendo, redundará en un ancho movimiento que «genere un paro nacional contra estas regresivas medidas», aunado a las expresiones de protesta por las horrorosas muertes de líderes sociales, a los incumplimientos de los acuerdos de paz y a la escandalosa corruptela que hoy representa la Fiscalía General de la Nación.
Ahí vamos sumando.
POSDATA: Felicitaciones a la USO en sus 96 años de existencia.
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FABIO ARIAS GIRALDO, ingeniero químico de la Universidad Nacional y actualmente secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, ex presidente nacional del Sindicato del Sena Sindesena, representante de los trabajadores por la CUT en la Comisión Nacional de Concertación y en la Conferencia Internacional de la OIT. Miembro del Consejo Directivo Nacional de Sena.
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