Por: Edwin Palma Egea.
No lograrán la venta de las acciones anunciada por minhacienda porque con los movimientos sociales, partidos políticos, empresarios progresistas, defenderemos su propiedad pública.
El violento atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía, opacó uno de los más graves anuncios económicos hechos por el gobierno al iniciar el año 2019, la ampliación de la participación privada en la propiedad de Ecopetrol.
El ministro de Hacienda, de nuevo contradiciendo las promesas electorales del presidente Iván Duque, acaba de anunciar la venta del resto de las acciones de Ecopetrol autorizadas por la ley 1118 de 2006 aprobada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Los colombianos deben saber las graves consecuencias de esa posible enajenación de acciones. Esta venta les trasladaría a algunos particulares unos 600.000 millones de pesos en dividendos cada año, ingresos que ya no entraría al Presupuesto General de la Nación y a la misma empresa para invertir en exploración, en la modernización urgente de la refinería de Barrancabermeja y en la transición energética.
Que quede claro, mientras más disminuyan los ingresos que Ecopetrol le transfiera a la nación, más impuestos deberemos pagar en el futuro los colombianos. Impuestos y recursos que terminan muchas veces en manos de la corrupción que carcome a nuestro país.
Quedó probado con este anuncio, que la reforma tributaria, disfrazada de Ley de Financiamiento, no era para buscar recursos sino para seguir bajando impuestos a las grandes empresas, para pagar favores políticos a un gobierno 100 % pro grandes corporaciones.
Y aprobada la ley, ahora sí están viendo a ver cómo tapan el hueco fiscal que dice el gobierno que existe. Y vender ese porcentaje de Ecopetrol le significaría más de 10 billones de pesos que convertirán en menuda para el presupuesto del 2019 o 2020. Pero no lo lograrán.
Con los movimientos sociales, con los partidos políticos, con los empresarios progresistas, defenderemos la propiedad pública de la empresa. Lucharemos en las calles, en el Congreso, en las universidades, en las redes sociales, adentro y fuera del país, para proteger lo que es de todos.
Los trabajadores pondremos todo lo que podamos, seguiremos haciendo pedagogía por el derecho de huelga en el sector petrolero, posible a partir de la sentencia C-796 de 2014. Y a pesar del reciente acuerdo convencional por 4.5 años, resistiremos los intentos del gobierno por desbaratar la empresa y la convención colectiva.
El 2019 es el año del reto de oponernos a esta y a todas las medidas que atenten contra los derechos del pueblo colombiano. Convocamos a todas la ciudadanía, para que junto a la USO, hagamos una gran coalición por la defensa de Ecopetrol, y en general, del patrimonio público.
El capital privado y el neoliberalismo no prevalecerán, lo público es nuestro patrimonio colectivo.
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