Por: Edwin Palma E.
La decisión de la Corte deja sin un recurso de “veto” pacífico y legítimo a las comunidades como lo querían y lo venían logrando.
Cuando no se había echado mano de las consultas populares como mecanismo constitucional, legal e institucional, válido para llamar la atención del Estado Central sobre los proyectos de explotación minera o petrolera, existían las grandes protestas, las vías de hecho o las grandes movilizaciones, en algunos casos, violentas.
Era la forma de hacerse escuchar para que las opiniones de las ciudadanías de lejanos territorios fueran tenidas en cuenta, pues, al fin y al cabo, eran donde se iban a ejecutar esas actividades y un principio de nuestro Estado Social de Derecho es el de la “participación en las decisiones que nos afectan”.
Luego, la creatividad, la innovación en los métodos de lucha popular, llevó a las comunidades a encontrar en la institucionalidad, las consultas populares. Se hicieron virales. Máxime cuando decisiones judiciales de altos tribunales afirmaron que los resultados de las consultas eran vinculantes. En algunos casos, como ya dije, las consultas buscaban llamar la atención para “negociar” con el Estado central, pero fueron migrando progresivamente a buscar prohibir y vetar radicalmente la explotación minera y petrolera, en un Estado, cuyos recursos, dependen principalmente de ella.
Alguna vez tuve la oportunidad de debatir con uno de los abogados que organizan y asesoran las consultas. Él justificaba que en esas regiones donde venían impulsando el mecanismo, no querían saber nada de la industria extractiva. Pusieron así a las comunidades a decidir entre el blanco o el negro. Entre agua y petróleo. Entre agua o minería como si fuera así de sencillo.
En mi opinión, ha sido un debate escaso en información. Si a cualquier persona, le ponen a definir entre agua o petróleo, sin duda elige la primera, porque nadie pone en duda la necesidad del preciado líquido. Pero no son los ambientalistas duros los dueños de la verdad absoluta ni los únicos interesados en proteger el agua y el medio ambiente.
Entre “ires y venires” la Corte Constitucional ha dicho varias cosas sobre las consultas populares. Primero dijo que sus resultados sí podían vetar los proyectos mineros y petroleros, y ahora, acaba de decir que no. Aunque al momento de escribir esta columna no se conoce la sentencia, el comunicado de prensa deja entrever que la decisión de la Corte se sustenta en que los recursos no renovables son de la nación, que los entes territoriales no pueden decidir sobre temas de competencia del Estado Central y que debe haber coordinación armónica entre éste y los entes territoriales para garantizar el derecho de participación y la sostenibilidad fiscal. Y que, además el congreso debe crear un método de participación ciudadana.
Una polémica decisión sin lugar a duda. Una decisión que deja sin un recurso de “veto” pacífico y legítimo a las comunidades como lo querían y lo venían logrando. Seguramente volverán las protestas, los bloqueos, las manifestaciones. Un retroceso, como han dicho algunos, de esos tantos que ya protagoniza esta Corte. Un tema que requería más debate político en el congreso, que una decisión judicial de 5 magistrados.
La industria petrolera y minera no debe festejar nada porque el debate no ha terminado. Por el contrario, debe aprender de lo ocurrido. Debe cambiar radicalmente sus estrategias para relacionarse con comunidades y entes territoriales. Es ahí donde está el quid del asunto. Las regiones petroleras y mineras no sienten que el desarrollo de esas actividades económicas les representa algún beneficio, por el contrario, encarecen el costo de vida, distorsionan el mercado laboral e inmobiliario y no redunda en beneficios sociales para toda población. Si a eso le añaden que no existe una fórmula que garantice la priorización del empleo para la zona impactada, el panorama se complica.
El debate jurídico no ha terminado. Seguramente vendrá una nulidad contra la sentencia por no respetar su propio precedente. También vendrán discusiones internacionales, las mismas que ya tienen abiertas, por ejemplo, las multinacionales en tribunales de arbitraje al alegar que en Colombia no se les garantiza la seguridad jurídica. Pero más que un debate jurídico, como ya lo dije, requerimos un debate político. Informado y responsable.
Muchas regiones tienen vocación minera y petrolera. Sus ingresos, sus empleos, su calidad de vida, su desarrollo se ha dado, a pesar de sus problemas, por cuenta de esta industria. Que es una industria como cualquier otra, legítima, legal, que contamina menos que otras, pero de la que se hace mucha propaganda, a mi juicio, muchas veces injusta.
Que es una industria a la que tenemos que reclamarle más responsabilidad social, ambiental y laboral, estoy totalmente de acuerdo, pero compararla con la cocaína o querer prohibirla radicalmente es totalmente irresponsable con el país.
El debate no ha terminado. Por el contrario, apenas empieza.
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