Por Horacio José Serpa
El 2017 cerró con cifras preocupantes sobre la situación de inseguridad. Hoy los ciudadanos continúan percibiendo las calles de todo el país con miedo, particularmente en las capitales.
Delitos como el hurto a personas, motos, residencias, comercios y celulares continúan a la orden del día para este 2018.
Medellín se ha vuelto prueba de ello. Esta semana en tan sólo 48 horas fueron asesinadas 10 personas, razón para que se considere que la lucha contra este flagelo se está perdiendo ¿qué haremos entonces?
No podemos resignarnos ante el crimen.
La gente sigue reclamando más seguridad a sus gobernantes y a sus instituciones, a quienes muchas veces ven lejanos de las necesidades de la comunidad; no hay confianza suficiente con los vecinos o autoridades locales, y son frecuentes las denuncias públicas sobre procedimientos policiales irregulares.
Pero hoy, consciente de que este es un problema que tenemos que atacar, quiero referirme a un modelo ya existente, que está a la mano de todos y que deberíamos utilizar con mayor empoderamiento.
Se trata del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, una estrategia preventiva en la que están llamados a trabajar conjuntamente ciudadanos y policías para conocer las actividades delincuenciales de los barrios y enfrentarlas.
En Latinoamérica ciudades como Santiago de Chile, han implementado durante las últimas décadas planes que buscan estimular la participación del ciudadano en políticas de seguridad, teniendo resultados exitosos.
En Colombia, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante ha cambiado la manera de trabajar de la Policía, pero aún falta aumentar la confianza de los ciudadanos ante la institución.
Vecinos pueden alertar sobre situaciones o personas sospechosas dando aviso al policía de su Cuadrante, contribuyendo a una respuesta más rápida por parte de los uniformados.
Sin embargo, se requiere que la institución cuente con un mayor pie de fuerza que le permita superar su principal limitación.
Entendamos que la seguridad no es sólo hacer cumplir el Código de Policía o imponer comparendos a los infractores. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna.
Desde la política tenemos el deber de proteger, impulsar y reformar estos modelos que buscan minimizar la delincuencia.
El Presidente y Congreso que estamos a puertas de elegir, tienen una misión especial en materia de seguridad, su rol debe estar encaminado a devolverle la esperanza a los ciudadanos que consideran que la lucha contra la delincuencia se está perdiendo.
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