Por: Juan Manuel López C.
Con motivo del caso de Sigifredo López se ha desatado toda clase de reacciones de escándalo, y de propuestas para que supuestamente esto no vuelva a suceder.
Se escribe mucho sobre la parte personal y sobre lo que llaman ‘la pérdida de credibilidad de la Justicia’.
Por supuesto lo sucedido es algo más que escandaloso… pero poco se ha señalado hasta dónde y porqué.
Pero insistiendo en que lo grave no son los falsos testimonios, la pregunta debe ser ¿cómo y porqué se llegó a este absurdo?
La libertad por el momento no es la sentencia de inocencia sino el restablecimiento del juicio a sus causes normales; es decir que el proceso sigue pero no será Sigifredo quien deberá probar su inocencia sino la Fiscalía que intentará probar la culpabilidad. Presumiblemente un fallo de preclusión llegará pronto y quedará la sensación de que fue un error, de que éste fue reconocido, y de que los ‘malos del paseo’ fueron los que dieron el falso testimonio
Pero lo cuestionable no es que se den falsos testimonios, ni, como se ha querido enfatizar, que estos provengan de personas vinculadas a las peores actividades delictivas. En todo proceso hay el peligro de que esto suceda, pero para ello se requiere que tenga algún grado de verosimilitud y de coherencia con los otros elementos del proceso. Lo grave es que se acepten como base suficiente para tomar decisiones acorde a ellos.
Cada testimonio debe ser evaluado aisladamente para saber el grado de credibilidad, pero después el conjunto de ellos debe compararse con las pruebas complementarias para llegar a conclusiones. A nadie se le ocurre que el parecido de una nariz pueda ser prueba complementaria para detener preventivamente a una persona sobre la cual se tienen tantos elementos de juicio que hacen considerar absurda la acusación. Ningún antecedente ni las actuaciones posteriores podían respaldar la idea de que Sigifredo perteneciera a las Farc; y mal se puede asumir que vivió y padeció 7 años en la selva fingiendo ser secuestrado para ganar credibilidad y volver haciéndose pasar por una víctima.
Es bueno recordar algunos incidentes que deben ser incluidos en el análisis:
La declaración del Fiscal que se produciría una noticia que estremecería a la opinión pública.
El resultado de la experticia sobre la voz que, más que decir que no era la del acusado, afirmaba que no era posible hacer tal trabajo sobre la grabación enviada (cuando aquí se había usado como indicio para la acusación).
Lo que pasa es que hemos vivido –o estamos viviendo- una nueva cacería esta vez no de brujas sino de hechos noticiosos del ámbito jurídico, y que son las que imponen los medios a quienes actúan en función de ellos. Se menciona que es la justicia espectáculo, pero en realidad lo que vemos es la justicia en busca del rating, con los jueces siguiendo o sometiéndose además al principio de que si el escándalo no es alrededor del acusado lo será alrededor del fiscal que no lo privó de la libertad o del juez que no lo sentenció.
La paradoja de este caso es que la libertad que le fue otorgada entra dentro del esquema de producir rating por o con escándalos alrededor de la Administración de Justicia, o sea que se alimenta de y alimenta lo que realmente debería ser corregido.
Más que la cantidad de procesos que están siendo cuestionados por basarse en posibles falsos testimonios, lo grave del caso lo prueba que, según información de los medios, esta tendencia ha costado al Estado, o como siempre se dice, a nosotros los contribuyentes, 104 mil millones de pesos. Pero de aquí podría salir algo positivo si lleva a hacernos reflexionar sobre cuántos enjuiciados –personas de carne y hueso, con familias y obligaciones- pueden estar pasando por situación semejante.
