Por: Juan Manuel López C.
Lo que aparece en los medios -y que en consecuencia es lo que se convierte para la población en la realidad que nos rodea – se limita a muy pocos temas, y siempre la información producida es simplemente enumerativa o descriptiva. Los titulares de todos los días se repiten –un escándalo a un funcionario del Estado, el robo o desaparición de un bebé, una alteración del orden público con protestas violentas, el decomiso de una droga o la quema de un laboratorio, la captura del jefe de finanzas o de la mano derecha de un frente guerrillero, alguna muerte por una bala perdida, un envenenamiento masivo con alcohol adulterado o con arroz con pollo-, todo ello sin ir nunca más allá de contar que eso sucedió.
El tema de dentro de qué marco se desarrollan los hechos y qué están mostrando es totalmente olvidado porque lo que debería ser el análisis complementario –es decir, la evolución política del país- es tratado como si se redujera a -y lo importante fuera- las relaciones entre los actores protagónicos del mundo de la política –gobernantes, opositores, burócratas, parlamentarios-. La falta de análisis de los procesos subyacentes, de qué intereses se están moviendo detrás de sus acciones y declaraciones, de a quién representan o qué objetivos buscan, hace que se hable de partidos donde no los hay, de vocerías que nadie ha delegado, de propuestas que no tienen más sustento que la inspiración del discurso que alguien está improvisando.
Así todo evento no solo se repite sino no adquiere ningún significado, ni indica nada que tenga que ver con un proceso, ni invita a entender nada al respecto, y su presentación se convierte en una especie de anestesia que genera indiferencia en vez de lo contrario.
Prevalece, y de lejos, la superficialidad promovida por esa manera de ‘informar’ al público, sin contextualizar ni profundizar, de suerte que, anestesiada así, la ‘opinión pública’ se vuelve la ‘indiferencia pública’, y se impone la falta de opinión personal, la falta de posición crítica, y la actitud de rebaño sometido a lo que le digan los ‘comunicadores’ y los medios.
Por eso es que en este momento lo que caracteriza a Colombia es la crisis de la Justicia y vivimos de escándalo en escándalo; que con la misma facilidad se califican o descalifican inocentes y culpables, de acuerdo a como los presente la prensa. Vamos camino a que son casi tantos los enviados a la cárcel o indiciados ‘preventivamente’ como los liberados por términos, exonerados por prescripción o simplemente declarados inocentes.
No que el contenido de los fallos sea dictado o influenciado mayormente por la presión misma que sobre los jueces y fiscales se ejerce, puesto que, por el contrario, la misma los obliga o los llama a ser cuidadosos de preservar su propio criterio; pero sí es indiscutible que el aparecer en titulares y en el seguimiento público que se le hace a uno u otro caso incide en la prioridad y la atención que se le presta.
Guiándonos por lo que manejan los medios no sabemos en últimas si la justicia está funcionando o no; son tantas sus intervenciones, y tantos los horrores y escándalos sobre los que se producen pronunciamientos judiciales, que pareciera incomprensible que el país pueda funcionar, o que el desarrollo de la vida diaria de cada persona fuera un milagro; pero al mismo tiempo nos muestran que el principio de ‘lo justo’ opera por la cantidad de correcciones o rectificaciones que se hacen. La duda más elemental que nace es si estos dos fenómenos coexisten justamente por deficiencias en la Rama Judicial y en la Administración de Justicia, si lo que estamos es frente a un sistema que propicia errores en lo primero para subsanarlos en lo segundo, si funciona como un bombero que iniciara incendios para demostrar lo bueno que es para apagarlos.
Hemos caído en un mundo penal gelatinoso cuando justamente debe ser el campo más estricto del derecho. Los delitos están tipificados en las normas y se dan cuando la conducta llena lo que ellas estipulan; no es por decreto de un juez o de un fiscal que para poder mantener viva una investigación se decide que un homicidio corresponde a un delito de lesa humanidad. Es un exabrupto aplicar el concepto de ‘estructuras de poder’ en el campo administrativo para darles connotaciones criminales, y, acudiendo a la teoría de la ‘culpabilidad mediata’ o ‘por omisión’, judicializar a los superiores por no impedir errores o incluso delitos de los subalternos -como si la responsabilidad del cargo implicara el control y la dirección directo de todo lo que sucede en una entidad- (lo cual llevaría a que todo puesto de jerarquía mandaría al nombrado a la cárcel). Sin ninguna preparación importamos un sistema acusatorio, extraño a nuestra idiosincrasia y a nuestras instituciones, que se manifestó más en las deformaciones que en las soluciones: los ‘beneficios por colaboración’ y el ‘principio de oportunidad’ -excepcionales en el modelo sajón-, los convertimos en un bazar donde se negocian las sentencias; los fueros especiales y su asignación al Fiscal General produjo el absurdo denunciado por la actual cabeza del despacho, según el cual le tocaría a quien ejerce el cargo pronunciarse sobre 100 veces más casos de lo que puede un funcionario. La tutela misma que supondría un amparo excepcional sustituyó a los procesos ordinarios.
La administración de justicia que debería ser un mecanismo para la resolución de conflictos se volvió inoperante y sujeto de desconfianza, y por ello los enfrentamientos y confrontaciones se trasladaron al escenario de la ‘opinión pública’ donde los comunicadores se vuelven los abogados de las partes y juzgan y enjuician de acuerdo a sus simpatías o a las necesidades del rating.
Lo que sucede es que hoy en buena parte a la justicia la manejan los medios; y en la medida que la razón de ser de los medios es el rating, esa clase de noticias judiciales son multiplicadas por ser las que más lo generan.
Se forma un círculo vicioso en el cual los medios captan audiencia con los escándalos de los políticos, así crean una ‘opinión pública’ que acaba engolosinada y adicta a ello, y los medios satisfacen esa necesidad con más despliegue y más suplantación de las funciones de lo que normalmente compete a la rama judicial.
La Justicia no está ‘politizada’: lo que está es ‘mediatizada’; o incluso ‘farandulizada’, en la medida que se convirtió en el principal espectáculo de la Nación y es manejada por los medios en esa manera.
Y aquí aplica la reflexión de Alberto Lleras a la cual se le debería dar mayor valor que la del recordado discurso sobre las fuerzas armadas: “en un país mal informado no hay opinión sino pasiones”[i].
Pero además aparece como inquietante vivir en un país en el que, como la analizaba el Presidente de la Corte Constitucional de Francia Robert Badinter, existe de hecho un poder mediático-judicial incontrolable, porque en un sistema de controles recíprocos y de pesos y contrapesos la administración de justicia debe ser la responsable de impedir los excesos de quienes tiene alguna forma de poder, y los excesos de ella misma solo pueden ser limitados por la denuncia de los medios, pero cuando justicia y medios se confunden ¿Quién o qué les puede hacer contrapeso?
