Editorial.
Por estos días los colombianos hemos escuchado muchas noticas que provienen de la Procuraduría y los implicados en el sonado escándalo de Agro Ingreso Seguro.
Para el ex ministro Andrés Felipe Arias (al que llaman ‘Uribito») las noticias no pudieron ser peores, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, lo destituyó e inhabilitó por 16 años para ejercer cargos públicos dentro del proceso que el Ministerio Público adelantaba en su contra, precisamente, por ese caso. El Procurador lo encontró responsable de cuatro cargos, tres de ellos «por falta gravísima a título de culpa gravísima y otro por falta grave a título de dolo».
De otro lado, la Fiscal General, Viviane Morales, le pidió al Tribunal Superior de Bogotá que ordene la captura del ex ministro por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, asegurando que los recursos del AIS fueron utilizados por Arias como «plataforma política para su fallida campaña presidencial».
A lo anterior se suman además las medidas tomadas por la Procuraduría en contra del ex gobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar y del el ex senador Luis Alberto Gil por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares en la región del Magdalena Medio santandereano.
Sin duda alguna, el Procurador Alejandro Ordoñez y la Fiscal Viviane Morales vienen trabajando, articuladamente, con el apoyo del gobierno nacional, en la lucha contra la corrupción y la politiquería.
Por los lados de Barrancabermeja estamos a la espera de importantes decisiones de tipo disciplinario y jurídico penal que se avecinan para la próximos días relacionadas directamente con el alcalde Carlos Alberto Contreras López por presuntos malos manejos administrativos y de contratación.
Pero … ¡ que ironías tiene la vida ! … mientras en el resto del país, de manera ejemplar, se viene dando una dura guerra contra la corrupción, en Barrancabermeja existe una alta preocupación entre los aspirantes a la alcaldía frente a los rumores del probable pago de un millonaria suma de dinero, que supera ya con intereses los $ 800 millones de pesos, con los que un candidato a la Alcaldía, muerto de la risa, pretende cancelar al Estado Colombiano y de paso quitarse de encima una inhabilidad que hoy le impide aspirar, con todo rigor, a un cargo de elección popular.
Las alarmas ya están encendidas porque de hacerse efectivo el pago de la multa, ese candidato estaría sobrepasando los topes de dinero contemplados por la Ley colombiana para la financiación de una campaña en una ciudad intermedia como Barrancabermeja.
Además, según hasta donde se ha podido confirmar, no existe claridad ni certeza exacta del originen de los recursos con los cuales se piensa cancelar esa alta suma, dejando a las demás campañas políticas en una clara posición de desventaja.
Según expertos consultados por este medio de comunicación, si se hace efectiva la cancelación de la multa, ameritaría, inmediatamente, una investigación por enriquecimiento ilícito y de paso una queja a los entes de control sencillamente porque esa campaña estaría sobrepasando los topes de financiación permitidos por la Ley.
Por hechos similares los organizadores del referendo reeleccionista del ex presidente Álvaro Uribe hoy se encuentran privados de la libertad.
