Por: Juan Manuel López C.
Contrario a lo que suponía dejarnos la ‘seguridad democrática’, lo que más siente hoy la ciudadanía es una falta de seguridad en relación a nuestras instituciones y en especial en relación al delito. No es solo la terrible impunidad, ni los incesantes escándalos de corrupción, ni la que hoy llaman ‘inseguridad ciudadana’ para señalar que ya no se atribuye a la subversión sino al conjunto de peligros que acechan al colombiano común y corriente.
Nos encontramos ante un escenario que desconcierta por la cantidad de facetas que parecen fuera de control.
Lo dice la recién posesionada Fiscal al evaluar las deficiencias que encuentra en ese despacho; lo dice el Comandante de la policía al reconocer que se perdió el respeto por los miembros de ese cuerpo; se menciona en los foros o ‘talleres democráticos’ del Uribismo al proponer que se cree una ‘Secretaría de la Seguridad’; lo destaca en Medellín la Mesa defensora de los DDHH de la comuna seis donde la delincuencia organizada creó las ‘vacunas populares’ (3.000 o 5.000 pesos que cobran hasta a quienes reciben el subsidio del Estado); o lo prueban los coroneles que trafican con droga; los soldados bachilleres que violan a quienes suponen proteger; los robos de niños, las balas perdidas; las Bacrim; los estudiantes asesinados o la revelación de que estos son apenas la punta del iceberg de lo que pasa en Córdoba; en fin…
Y se sabe y escandaliza que se presentan toda suerte de complicidades e ineficiencias que permiten y propician estas situaciones; estructuras que permanecen, aunque el Estado se niega a reconocer que existen y se fortalecen debido a los entronques en la legalidad – servidores públicos, policías, fiscales, jueces, vigilantes, gobernantes- pero también en el sector privado –empresas, sistema financiero, fundaciones, etc.-.
También se sabe que las soluciones que se han adelantado no han dado resultado. La idea que los delincuentes existen como generación espontánea o porque Colombia se especializa en producir ‘corruptos’ y ‘bandidos’ y que hay que ver como se les persigue y no como se evita el delito se ha mostrado, más que inapropiada, ineficiente.
Se ha dado más énfasis a describir los males y proponer soluciones que ha diagnosticar la causa de ellos. Y la lógica diría que sin esa etapa previa pocas posibilidades hay de que lleguemos a un acuerdo sobre el camino apropiado a seguir, o de que el que se tome no dependa de la fuerza con que se impone sino de una racionalidad que garantice un resultado favorable. Las preguntas pertinentes son: ¿las políticas públicas diseñadas para enfrentar los diversos fenómenos de delincuencia y violencia son las adecuadas? o ¿estamos tratando de lidiar es con las consecuencias de un problema o con los agentes asociados, pero no con el problema mismo?
El modelo uribista no se salió de la óptica de coger los problemas por las ramas: o botar el sofá o matar al amante; dónde había problemas acabar con la institución, o con el culpable; pero sin estudiar o corregir la razón del mal.
Por supuesto que la causa general u origen es un mal ordenamiento de la sociedad y del Estado. Pero este aspecto crónico se ha exacerbado recientemente y a algo se debe atribuir esto.
Si algo desatendió la seguridad democrática fue justamente a la política ante el delito. Por obsesionarse con la lucha contra la FARC, desapareció de la agenda pública el debate sobre la necesidad de atender el fenómeno del crimen en general. No sé si política criminal es la palabra apropiada, pero sí una visión integral y coherente de los diferentes aspectos que a ella se refieren.
Acaba de decir el Dr. Santos que la nueva ‘política criminal’ se orientará a ‘acabar con las Bacrim’. Pero es muy larga la lista de lo que falta:
Un cuerpo de Administración de justicia acorde al tamaño del problema: Cuando la Fiscalía informa que para tramitar los solos juicios de Justicia y Paz se demoraría 30 años ¿Cuándo habría cumplida justicia?; si casi el 50% de los reos están ‘preventiva’ sin que exista sentencia ¿Cómo hablar de ‘presunción de inocencia’?; Si cada juez tiene 2.000 procesos en promedio y si las tutelas desplazan todo otro proceso y se multiplican exponencialmente (370.000 el año pasado) ¿es posible pensar en ‘pronta y cumplida’ justicia?
Una política de prisiones: la capacidad carcelaria es del orden de algo más de 120.000 reos y en todas las instalaciones se presenta hacinamiento; se oye de la captura de 100 y hasta más de 1000 delincuentes cuando la policía hace ‘barridas’ pero no se sabe que hacen con ellos; o con las 220.000 capturas que se afirma hubo en el año 2010;
¿Ante este panorama de la justicia y de las prisiones qué lógica puede tener crear más de dos millones de nuevos delincuentes al hacer una reforma constitucional para criminalizar la dosis personal de marihuana?; ¿Qué sentido tiene aumentar las penas y simultáneamente los beneficios por comportamiento, las posibilidades de la casa por cárcel, o los casos de libertad provisional?
Una atención a la resocialización del delincuente: la población carcelaria no es una mayoría de ‘cuello blanco’. Tanto o más escándalo deberían producir los privilegios (no parece que sean abusos) de quienes tiene acceso a los titulares de los medios como la indiferencia y maltrato que reciben los que no llaman la atención de los ‘comunicadores’, y que son sin educación primaria el 43% o sin bachillerato el 48% y solo la tercera parte reciben opciones de trabajo o de estudio.
Una política de capacitación de la fuerza pública: Si se aumenta en dos años el pie de fuerza policial en un 50% (60.000 hombres) con cursos de 2 meses de formación ¿cómo esperar que no aprovechen su nueva situación para hacer lo mismo que ven en otros -extorsionar, violar, traficar, etc.- pero desde una situación privilegiada?; Si se les asignan toda clase de funciones adicionales (escoltas, funciones investigativas, aduanas, etc.) ¿cómo lograr que sean especializados y eficientes en su campo?
¿Dónde -fuera de Colombia- se renuncia a cualquier labor preventiva, educativa y de inteligencia para remplazarla por ‘recompensas’ con las que se responde al escándalo de los medios?
Una Justicia Administrativa que no compita con la Justicia Penal ni sea usada para producir efectos en ella según sus propias convicciones: ¿Puede el Procurador entrar a calificar los delitos del ámbito penal como sería la eventual ‘lesa humanidad’? ¿Puede asumir competencias para ‘destituir’ a los congresistas, o para delimitar las facultades de policía judicial de su antecesor? ¿Tiene sentido que haga pronunciamientos ‘simbólicos’ como poner denuncias contra los actores del Palacio de Justicia muertos hace 25 años?
Y por supuesto falta meter en cintura a los medios de comunicación para que dejen de ser quienes determinan cómo, a quién y qué sentencia debe aplicarse en el país.
Los resultados muestran lo ineficiente de la herencia del anterior gobierno. Aumentar sin capacitación el pie de fuerza, remplazar el deber ciudadano de denunciar a los delincuentes por el negocio de ofrecer recompensas (para el Estado al delegar sus funciones y para el particular como forma de obtener riqueza), y hacer ‘consejos de seguridad’ que confirman que solo hay reacción a posteriori e improvisación ante el delito, son medidas que no subsanan el vacío de una política integral de lucha contra el crimen.
