Por: Juan Manuel López C.
Dice uno de los postulados de la Ley de Murphy (versión internacional de la filosofía de Pambelé) que toda situación mala es susceptible de empeorar. En Colombia se complementa y manifiesta en la experiencia de que todo gobierno ha sido peor que el anterior.Ya elegido el candidato a suceder a Uribe, vemos que puede que no sea el caso en esta ocasión.
El próximo gobierno no solo no será un gobierno de Uribe, sino que tampoco será como un gobierno de Uribe. Aunque solo sea por pragmatismo y no por idealismo, Santos está destinado a diferenciarse y distanciarse de él.
Y ese idealismo que se ha llamado ‘la ola verde’, aunque a muchos trajo una decepción más grande que el entusiasmo que produjo, algo nos deja de positivo.
Sobra decir que Santos sube con una plataforma continuista, prometiendo prolongar en el futuro lo que ha compartido bajo este gobierno, aunque tratando como es obvio de desvincularse de lo que le representa un cuestionamiento. Los riesgos con Santos son además por su adicción a ‘apostar duro’ y su vanidad. Es posible que sean esos la justificación del ‘todo se vale’ que lo caracterizó tanto cuando buscaba alianzas con los paramilitares, con los narcotraficantes o con la guerrilla para tumbar a un gobierno, como en la identificación con el actual. Y aunque es de suponer que él mismo haya entendido la necesidad de participar en procesos de rehabilitación y ya tenga algún control sobre su adicción (como Bush respecto a su alcoholismo), es un peligro que las apuestas de ahora en adelante sean a costa de los intereses de los colombianos.
Pero en todo caso el mismo pragmatismo del cual se precia lo ayudará a minimizar esos riesgos. Y lo que es más importante, la falta de compromiso que lo hace no pensar tanto en principios o lealtades, ni adherir a ideologías o modelos económicos o de desarrollo, seguramente lo inducirá a corregir algunas de los peores defectos del actual mandatario. No será el gobernante con temperamento y formación de capataz que impone su voluntad ‘a la frentera’, buscando confrontaciones con todo el que se le oponga o diverja de su pensamiento, sino de una manera más sutil –tal vez sinuosa- pero igualmente efectiva buscará sus resultados.
Por algo se le atribuye que él piensa bien lo que dice para no decir lo que piensa.
Se puede deducir que, aunque no tendremos la mejora en el manejo en cuanto a la ética que proponía Mockus (o mejor, los tres millones y medio de votantes que vieron eso en él, puesto que no propuso nada más), sí podemos estar tranquilos en cuanto a que se hará ‘con mejores maneras’.
Escogida la ‘picardía’ y la eficiencia sobre la ética, es posible que en algún aspecto algo nos resulte peor, y es incierto adónde ellas nos pueden llevar; pero en ningún caso se repetirán las formas de violación flagrante y desafiante al orden jurídico que hemos vivido.
Por otro lado es difícil que un gobierno pueda entregar una situación peor en los resultados. Uribe deja al país con unos indicadores que no se ve como deteriorarlos más: la tasa de desempleo más alta en Latinoamérica y la tercera en el orbe , con cerca del 15% de población sin trabajo, y, lo que es más grave, ocultando con él un subempleo que ronda el 40%, con lo cual más de la mitad del país falta no solo de la asistencia en salud o pensiones, sino el sistema mismo está irreversiblemente quebrado; según Fedesarrollo “el balance del sector público en Colombia en 2010 será el peor dentro de las principales economías de América Latina” ; la deuda pública se disparó desde 2007, cuando estaba en un nivel del 32% del PIB, para alcanzar el 38.1% en 2010, con la deuda pública externa más alta de la historia con el 22.1% del PIB; el Coeficiente Gini, de concentración del ingreso pasó de 0.56 en 2002 a 0.59 en 2008, siendo el único de Latinoamérica que no mejoró durante el ese periodo y colocándose a la cabeza de los países con mayor grado de concentración del ingreso en el mundo.
El BM pronostica el crecimiento del PIB para Colombia en 2.8% para 2010, frente a un crecimiento de 6.4% de Brasil, 6.1% de Perú, 4.8% de Argentina, 4.2% de Chile y Bolivia respectivamente.
Con la violencia como primera generadora de empleo ‘gozamos’ del gasto en defensa y el número de efectivos proporcionalmente más altos del mundo, financiados además con impuestos ocasionales, o sea sin fuente para sostenerlo en el inmediato futuro –y menos en el mediano y largo plazo-.
Con toda clase de exenciones y beneficios tributarios otorgados (algunos hasta por treinta años), el déficit solo es superado en la historia por el Gobierno Pastrana, y bajo el manejo abusivo e indebido de la fórmula de ‘vigencias futuras’ están comprometidos los recursos de los próximos 8 años de inversión.
Según el Informe del Índice Global de la Paz (IGP), “Colombia es el país más violento del continente y uno de los menos pacíficos del planeta” ocupando el puesto 138 entre 149 naciones examinadas. El segundo país del mundo con más desplazados internos; primero en ejecuciones extrajudiciales, en muertes de sindicalistas, con la Corte Penal Internacional pendiente y puesto el ojo sobre los más de 2.000 casos de ‘falsos positivos’, y de los procesos de parapolítica (al punto que en el contrato del juez Baltazar Garzón con el Fiscal Moreno está explícita la asistencia al respecto).
Enfrentado con nuestros vecinos, con relaciones diplomáticas cortadas como nunca las habíamos tenido, aislados del resto del continente, habiendo acabado con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) después de ser Colombia la gestora de este proceso integracionista y haber liderado dicho proceso por más de 35 años.
Y qué decir de la relación con el poder judicial y el manejo dado a las relaciones con las Altas Cortes. O los escándalos que han llevado a la necesidad de acabar con lo que debería ser la garantía de la seguridad de los ciudadanos.
Con la proclamación del ‘nuevo capítulo’, de la ‘nueva era’, Santos hizo una enumeración parcial del nivel de desintegración de la nación que recibe y lo que deberá cambiar de lo que hereda: impunidad; corrupción; clientelismo; ‘confrontaciones inútiles’; exilados por la violencia; el peor historial de violación de derechos humanos; crisis económica por todos lados; etc. pero sobre todo la polarización, la falta de unión, de armonía y de concordia que ha caracterizado estos 8 años.
Álvaro Uribe acabó con la institucionalidad política y la ética pública; compró y corrompió el Congreso y los partidos a niveles no alcanzados jamás; desfiguró el principio de la autonomía de la Justicia y de los organismos de control; pervirtió las funciones de las instituciones que deben velar por la seguridad de los ciudadanos desde el DAS hasta los falsos positivos; vendió el país en lo económico al capital extranjero, y en lo político y militar a los intereses de los Estados Unidos; acabó con el agro y los campesinos; entrega un sistema social caótico en salud, en pensiones y sobre todo en empleo y garantías laborales. Con lo único que no acabó fue con las FARC y con el paramilitarismo –excepto en el lenguaje al nombrarlos ‘narcoterroristas’ y ‘Bactrin’-.
¡Parece que hasta la Ley de Murphy logra violar!
