Por: Juan Manuel López C
Muchos tendrían la tendencia a decir que es normal ‘el sol a las espaldas’ que está viviendo el Presidente Uribe y su Gobierno con los cuestionamientos y escándalos que lo rodean.
Tal vez esto tiene más connotaciones.
Al desaparecer la posibilidad de que siguiera al mando del país, ha perdido poder intimidatorio y empiezan a rebelarse quienes estaban sometidos a la presión del unanimismo o del miedo a sus ataques, y a revelarse los abusos, atropellos y violaciones que antes él lograba que no se sancionaran.
Lo que cada vez sale más a relucir no es una oposición política o un corte de cuentas sobre resultados, sino un juicio a la luz de la Ley y por vía de la Administración de Justicia sobre la forma en que gobernó.
El desborde del Presidente contra la Rama Judicial (contra Corte Suprema, Magistrados, Jueces, Fiscales) no es una simple manifestación de desacuerdo con el contenido de sus fallos: es cuestionar su autonomía en un último intento por crear otro ‘choque de trenes’ que oculte lo que han sido estos dos cuatrenios.
Respecto al Dr. Aranguren repite la estrategia de desviar el debate y atacar a quien se atreve a actuar en contra de su poder. Por un lado agrede a las Cortes para que sea alrededor de ese choque de trenes que se orienta el interés de los medios de comunicación; bajo el manto del ‘heroísmo por la Patria’ pretende que nada se debe debatir; e intenta desaparecer el delito que se estudia, como si la acusación fuera el investigar a los magistrados, cuando lo que se enjuicia es el hacerlo sin fundamento legal, el hacerlo por órdenes del despacho presidencial que son ilegales, y para suministrar información que se estaba usando con propósitos ilegales. Y por otro hace caer sobre la juez que tuvo tal ‘osadía’ el peso que tiene ante la opinión pública una acusación directa de un Presidente, y en los estrados judiciales un juicio ante el Consejo Superior de la Magistratura.
Pero al igual que en el caso de la ‘Yidispolítica’, ya se entiende que no puede haber delitos al servicio de los intereses de un gobernante a sus espaldas, y menos cuando se cometen por despachos bajo su dependencia directa.
A diferencia de la furia cuando el ‘le parto la cara, marica’, Uribe ahora está fuera de control no porque los suyos puedan haber delinquido, sino porque se investiga para establecer hasta dónde comprometen esos eventuales delitos (con el precedente ahora del fallo contra Plazas Vega donde se ordena estudiar la responsabilidad de los superiores).
Lo bastante posible, y hasta probable, es que lo mismo se aplique en Cortes Internacionales a los casos de parapolítica, de los famosos ‘falsos positivos’, y en general a todo lo que se ha manejado bajo el principio de ‘todo se vale’.
Más cuando la semana anterior la Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio por probados los vínculos entre paramilitares y políticos en Colombia.
Buenos motivos tiene el Señor Presidente para estar tan nervioso cuando la mejor carta a jugar sería contar con que la lealtad de Santos, en caso de que triunfe, garantiza su protección.
