Esa calificación del Banco Mundial la vio el gobierno como el triunfo de su política económica. Faltó tal vez aclarar que se trata de hacer buenos negocios, y quién los hace.
En efecto la política de ‘confianza inversionista’ ha consistido en hacer que los negocios sean cada vez mejores para los grandes capitales (trasnacionales y locales), aún cuando sean malos para el Estado.
Encontramos que nuestro renglón de ‘competitividad’ es ofrecer a los inversionistas prebendas que ningún otro país ofrece. Zonas Francas Especiales; Contratos de Seguridad Jurídica; Exención tributaria del 40% de la inversión en activos; Subsidios y créditos blandos para empresas y actividades que de por sí son altamente rentables; Sectores sin imposición tributaria durante 30 años; regalías petroleras del 8%; y por último el AIS.
Y esto es lo grave e inadmisible del AIS: que no es una excepción ni solo una corrupción de unos particulares o del sistema. Es la política oficial que parte de la base de que son los ricos los que generan riqueza porque tiene mejores condiciones competitivas (capital, educación, relaciones sociales y empresariales, etc.), luego para aumentar la riqueza del país se debe dar facilidades a esos sectores.
La lógica económica de este modelo no es discutible. Lo discutible es cuando la forma de desarrollarlo deja de ser la normal dentro de los negocios, es decir, cuando, en vez de crear líneas de crédito especificas o estímulos fiscales proporcionales al esfuerzo que hace el inversionista, se convierte en la donación del Estado a unos particulares (figura que por lo demás está prohibida por la Constitución).
El problema también se presenta ante la lógica social, cuando el tema de la desigualdad pasa a ser secundario y se supone que se tratará en un futuro, mientras la repartición de asistencias o limosnas debe mantener en la misma condición a los afectados negativamente por dichas políticas.
En fin, e s el desarrollo al máximo de la política de ‘aumentar la brecha’.
Lo que se vive en el campo y en el AIS es a su turno solo la punta del Iceberg: las estadísticas del mismo DANE señalan que prácticamente todos los sectores de la economía están en recesión (así el Ministro de Hacienda insista en manejar una metodología propia para negar esto) con decrecimientos de todas las actividades, exceptuado el sector bancario y unos aspectos de la Construcción. Pero además al tomar esos datos no se tiene en cuenta que eso es después de lo que ha costado producir esos resultados.
Las ‘ayudas’ para atraer la ‘confianza inversionista’ y convertirnos en ‘el país más fácil para hacer negocios’ no son tomadas en cuenta al evaluar la verdadera productividad de quienes las reciben. Si tomamos las exenciones, los subsidios, el costo de los contratos especiales y de las amnistías en las zonas francas especiales, la disminución de las regalías o sea la entrega de hasta el 92% del petróleo de la Nación a los concesionarios, y en conjunto el total de lo que han recibido de ‘apoyo gubernamental’ los diferentes actores privilegiados de la economía, nos encontramos que la triste realidad es que el aparato productivo está trabajando a perdida para Colombia pero para beneficio de los grandes capitales tanto locales como extranjeros.
