Colombia vive nuevamente momentos de tensión institucional tras las declaraciones del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien anunció una reunión entre partidos políticos, el procurador Gregorio Eljach, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante de la Policía Nacional.
Colombia ha sido históricamente un país marcado por la violencia política. Desde hace al menos seis décadas, la desigualdad social, la exclusión estructural y la violencia ejercida por el Estado contra las clases más desfavorecidas han sido elementos constantes en el panorama nacional.
En momentos de profunda incertidumbre y amenaza, los pueblos tienen dos caminos: ceder al miedo o resistir con esperanza. Colombia enfrenta hoy uno de esos momentos decisivos.
En Colombia, la política está plagada de contradicciones, es desconcertante ver a muchas personas actuar con aparente normalidad, indiferentes a sus propias necesidades más urgentes —empleo digno, salud, pensiones, educación— y, sin embargo, movilizarse con una «solidaridad» casi ciega hacia figuras como Miguel Uribe, representante de los mismos sectores políticos que les han quitado esas garantías básicas.
Rechazamos de manera categórica el atentado sicarial del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay, líder visible de la oposición al actual gobierno del presidente Gustavo Petro.
El atentado a un político —como cualquier acción violenta— es una tragedia. Pero cuando la víctima es una figura pública reconocida, como el senador Miguel Uribe Turbay, el hecho adquiere una dimensión aún mayor.
Últimamente, ha surgido con fuerza una preocupante tendencia en la política colombiana: la aparición de candidatos bravucones que promueven discursos autoritarios y violentos bajo el disfraz de la seguridad y el orden.
A pesar de la creciente evidencia científica sobre los efectos nocivos del fracking, es preocupante observar cómo algunos políticos en campaña no solo lo minimizan, sino que lo promueven activamente.
El papel de los ex presidentes no es atizar hogueras, sino apagar incendios. Por eso, frente al debate sobre la consulta popular, propongo una salida institucional y respetuosa de la democracia que sintetizo en tres puntos:
En Colombia, la derrota electoral de la clase política tradicional en las presidenciales marcó el inicio de una campaña sistemática de sabotaje contra el nuevo gobierno.
