Acabo de ver la encuesta Opinómetro de Datexco fechada en 14 de junio, la misma metodología estadística de siempre que me confirma que esta encuesta está lejos, pero re lejos, de poder representar al universo poblacional declarado en la ficha técnica: “Población colombiana en cabeceras municipales en las regiones (Central, Caribe, Oriental, Pacífica) y Bogotá», y solo expresa la opinión de las 700 personas encuestadas. Me explico:
En medio de profundas transformaciones en América Latina, una nueva figura emerge en Colombia: Carolina Corcho, la médica psiquiatra y politóloga que busca continuar la estela de líderes progresistas como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En Colombia, como en muchos otros países marcados por profundas desigualdades sociales y políticas, la sensibilidad pública ante los hechos de violencia parece medirse con una vara distinta, dependiendo de quién sea la víctima.
Barrancabermeja,se desangra lentamente mientras las autoridades miran hacia otro lado. El silencio institucional es estruendoso. En cada debate de control político, cuando se habla de seguridad en el departamento de Santander o en el Magdalena Medio, Barrancabermeja apenas si es mencionada.
En Colombia, el discurso de los derechos humanos ha sido históricamente una bandera de lucha legítima frente a los abusos del poder. Sin embargo, cuando esa bandera es tomada por actores políticos que, lejos de buscar justicia y equidad, encubren intereses partidistas, se convierte en una herramienta peligrosa que mina la democracia y confunde a la opinión pública.
La relación entre la derecha política —especialmente en países como Colombia— y el cristianismo, (incluye evangélicos y católicos), ha sido duradera, intensa y profundamente contradictoria.
En estos días de marchas, reflexiones y gestos de aparente arrepentimiento, se impone la necesidad urgente de mirar más allá de los símbolos, de los discursos vacíos y de las cámaras, para recordar de manera sincera y comprometida a las víctimas olvidadas de la violencia en Colombia.
En tiempos de cambio, el ruido es inevitable. Las sociedades que se transforman, que intentan corregir sus fallas estructurales y avanzar hacia modelos más justos, despiertan temores y resistencias.
En Colombia, los mismos sectores políticos que durante décadas se han lucrado del poder y que han gobernado de espaldas al pueblo, hoy pretenden erigirse como guardianes de la Constitución.
La clase política tradicional en Colombia parece no tener remedio. Una y otra vez demuestra que su prioridad no es el país ni sus ciudadanos, sino sus propios intereses.
