Alegar que al ser reclutados a la fuerza fueron transformados en ‘máquinas de guerra’, es desconocer avances de la civilización al violar el DIH y los tratados de Derechos del Niño
Es difícil ser objetivo o neutral cuando se analizan los aspectos de una confrontación armada.
La JEP tiene esa misión y por supuesto es probable que muchos, puede ser que la mayoría de quienes emitan opiniones sobre su gestión, hagan más énfasis en lo que no les gusta que en una verdadera valoración de lo que está haciendo.
Pero una cosa es el inevitable sesgo que puede tener un particular o incluso la dificultad que puede tener un juez para no responder emotivamente a lo que le toca conocer, y otra cosa es que no se pueda distinguir entre lo que corresponde a las circunstancias de la guerra y lo que depende del ánimo de quienes la dirigen.
Las declaraciones de los mandos medios de las Farc han mostrado que se presentaron abusos, torturas, atentados contra la dignidad de los retenidos, y en general lo que se podría considerar como violaciones la DIH (que es el que rige en situaciones de conflicto armado, bajo nuestra Constitución, y como obligaciones de juzgar por la JEP).
También ya se había pronunciado esa misma Justicia respecto a las desapariciones forzadas (falsos positivos) y respecto a la toma de rehenes o secuestros.
Este conjunto de revelaciones y confesiones son muestras de lo que sucede en los conflictos armados, y es lo que no desaparece por el hecho de negar que este existe. Se podrá calificar de indeseable, de sancionable, pero infortunadamente también de inevitable. Es el horror de las guerras.
Cada parte sintió alguna legitimidad en su manera de actuar, y si hoy se dan muestras de arrepentimiento y se pide perdón no necesariamente es por un verdadero acto de contrición sino porque los hechos no se pueden negar, y los desarrollos de lo acordado contemplan unos beneficios que están condicionados a ello.
Hay diferencias sí: los insurgentes suponen justificar en propósitos altruistas su comportamiento, mientras los diferentes paras (tanto paramilitares como parapolíticos) no ocultan que fueron sus propios intereses los que los llevaron a su forma de actuar.
Otra es la situación de los funcionarios que al servicio de su posición en ese conflicto abusaron del poder y las capacidades que les daba su cargo. La guerrilla puede alegar que hacían encierros en alambre de púa porque no tenían posibilidad de construir galpones para guardar a quienes para ellos eran prisioneros; difícilmente podrán los responsables de las políticas que acabaron montando el sisema de falsos positivos defender que las características del enfrentamiento los forzaron a matar inocentes (en alguna forma incapacitados) para adelantar su propósito.
En fin: en contra de lo que sucedió estamos todos los que consideramos qué pasamos una época de barbarie y queremos superarla.
Por eso desconcierta aún más la actitud de quienes pretenden continuar y seguir validando esos comportamientos.
Infortunadamente es lo que se ve cuando se plantea como debate si son 6402 o 2248 los falsos positivos. No se trata del tema moral de que es igual uno que varios miles porque de todas maneras es algo que no debía ocurrir. Lo que se siente es que no se entiende hasta dónde esto va más allá de los horrores que acompañan la guerra.
Igualmente sucede con la posición asumida ante el bombardeo de campamentos donde se encuentran niños. Las declaraciones dadas por el ministro -y no corregidas por el presidente- son indiferentes e independientes de si en el último bombardeo había menores de edad. Alegar que al ser reclutados a la fuerza fueron transformados en ‘máquinas de guerra’, es no comprender hasta dónde pensar así no es solo desconocer avances de la civilización o de la humanidad al violar el DIH y los tratados sobre los Derechos del Niño y lo que suponen esos graves comportamientos a la luz del Derecho Internacional. El problema es ya de una distorsión en la escala de valores que muestra una degeneración mental y moral en quienes intentan hacer caso omiso de la gravedad de esto.
El trasladar la controversia a cuánto fue el número de víctimas de ‘falsos positivos’ o a sobre la razón por la cual se encuentran menores en los campamentos guerrilleros, es una forma de afirmar que, aunque indeseable, es un simple exceso como consecuencia de la guerra, y que al fin y al cabo si se está enfrentando a un enemigo esto es parte de los ‘daños colaterales’ que toca continuar asumiendo.
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