Por: Dennis Flórez Lizacano
La mujer es: si se casa. – La mujer es: si tiene hijos. – La mujer es: si cocina. – La mujer es: si vive en función al otro.
Vivimos es una sociedad que, constantemente, nos impone desde el meta-consiente una codependencia a los otros, desconociendo el rol de la mujer trabajadora, la mujer social, la mujer emprendedora, la mujer política, la mujer rural.
En nuestro país es más fácil reconocer los problemas de corrupción, violencia, inseguridad e injusticia social que reconocer y aceptar la discriminación y la desigualdad de género a la que estamos sometidas las mujeres.
Durante siglos las mujeres han batallado de manera incansable por el derecho a opinar, el acceso a la educación, el derecho al voto, la equidad salarial y laboral, luchas y derechos que han sido batallados por grupos de mujeres a nivel mundial y cuyas actuaciones y logros han tenido eco en la dinámica social de Colombia.
Desde mediados del siglo XVIII surgen las luchas entorno a la naturaleza de la mujer y la jerarquía de los sexos, se indaga sobre la educación y los derechos de la mujer y se cuestionaron los privilegios masculinos.
Hacia mediados del siglo XIX hasta la década de los 50´s del siglo XX, se generó el debate en torno al sufragio universal, el acceso a la educación, se criticó la obligatoriedad del matrimonio y empieza la mujer a liberarse de los estereotipos impuestos.
Entre las décadas de los 60´ y 80´s los aportes del movimiento social de las mujeres van dirigidos desde las políticas públicas que reivindican a la mujer, el uso de los anticonceptivos, el divorcio y la participación en la política de género.
En la actualidad se busca reducir la asimetría en garantías y derechos. Así mismo, se repudia la violencia de género en todos los ámbitos de la vida, la consigna de hoy es “lo personal es político», la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo, el feminismo decolonial y el feminismo gordo.
En Colombia solo hasta 1932 se aprobó la Ley 28 o de «capitulaciones matrimoniales» que otorgaban a las mujeres el derecho de disponer sobre sus bienes, contraer deudas y realizar diferentes transacciones financieras y comparecer ante la justicia por sí misma.
Hasta el año en 1938 se graduaron de la universidad las primeras seis mujeres en Colombia mediante el decreto 1972 de 1933. Durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934 — 1938) las mujeres adquirieron el derecho a ocupar cargos públicos y solo hasta mediados de los 40´s se reconoce a la mujer como «ciudadana» y por ende podían ser elegidas para cargos públicos, finalmente en 1954 se logró «el derecho al voto para las mujeres» aunque este solo pudo ejercerse hasta el año de 1957 en el plebiscito del Frente Nacional.
En 1974 y por primera vez en una contienda electoral por la presidencia de la república, aparece una mujer obteniendo el 9,4% de la votación. Durante el gobierno del presidente Liberal, Alfonso López Michelsen (1974 — 1978) se aprobó mediante un decreto «la igualdad jurídica entre hombres y mujeres». En la constituyente de 1991 fue notable el éxito de las propuestas feministas consagrados en los Artículos 13, 40, 42 y 43.
En el año 2000 se expide la Ley 581 (Ley de cuotas) que busca promover la participación de las mujeres en cargos importantes de las diferentes instancias del Estado con una cuota mínima del 30% para puestos de libre nombramiento y remoción.
En el 2008 se aprobó la Ley 1257 sobre «violencia de género», en el 2011 la bancada de mujeres logro impulsar las Leyes 1448, 1496 y 1475 siendo esta ultima la que ha permitido la conformación de listas a cargos de elección popular, la Ley 1773 de 2016 (Ley de víctimas de ataques con ácido), que tipifica como delito autónomo esta conducta, o más conocida como la Ley Natalia Ponce León.
Equidad política
Tania Ricaldi Arévalo argumenta que «el incorporar la equidad en las políticas de desarrollo sólo será posible en la medida que se pueda entender e incorporar la relación sociedad (género), medio ambiente y desarrollo, bajo criterios de sustentabilidad». Así mismo, «si la humanidad, la sociedad y cada habitante de este planeta (hombre y mujer) no asumen el papel generador de cambio de actitud, de visión, de lógica, está postergando su propio desarrollo».
El informe «Balance de la Participación Política de las Mujeres en las Elecciones 2018» destaca que el nivel de participación de las mujeres se mantuvo en un rango similar al registrado en la composición del congreso del año 2014 siendo esta la segunda oportunidad desde que tiene aplicabilidad la Ley de Cuota de Genero Ley 1475 de 2011.
Para el año 2014 el senado conto con 23 mujeres y la cámara 33 representantes, mientras que para el año 2018 el senado quedó integrado por 25 mujeres y la cámara de representantes 31 mujeres que —en términos de porcentajes— hoy por hoy las mujeres que ocupan una silla en el congreso son: 23,4% para senado y 18% para cámara.
— ¿Es suficiente que sea el 30% de participación de las mujeres en nuestro congreso?
— ¿Este porcentaje genera incidencia?
— ¿Cuál es el papel del Estado?
Mientras tanto en países como Bolivia, México, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Argentina y Ecuador han aprobado marcos normativos para garantizar la paridad política. En Colombia la Constitución Nacional, garantiza «el principio de paridad», el cual consiste en que el 50% de los integrantes de todos los espacios de participación deben ser mujeres. Sin embargo, este principio aún no se encuentra reglamentado en el congreso colombiano y por ende no se aplica.
Blanca Cardona directora nacional del área de gobernabilidad democrática de PNUD expone que “el reto para la nueva bancada de mujeres es lograr mayorías para que la ley de cuotas en el país alcance la paridad”.
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DENNIS FLOREZ LIZCANO es una habitual columnista de BARRANCABERMEJA VIRTUAL. Puede ser contactada en el correo electrónico: [email protected]
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