Por: Cecilia López Montaño.
Como el gobierno está desfinanciado, va a reducir los subsidios con el argumento de que hay muchos colados, obviamente entre los pobres, y al paso que vamos hundirá a los vulnerables.
El gobierno está desfinanciado. Es una realidad innegable que se traduce en que la salud no tiene los recursos que requiere.
En general, la protección social tampoco tiene los fondos para cubrir realmente a la población que la necesita y el sistema de servicios básicos tiene huecos que deben financiarse.
Esto ha llevado al gobierno actual, en su Plan Nacional de Desarrollo, a reconocer que se necesita reducir significativamente los subsidios. Para entender lo que esto significa, es necesario empezar a ordenar la discusión planteando algunas preguntas y respuestas.
¿Por qué el Estado está sin los recursos necesarios para ejecutar sus políticas? Lo primero es que en este país los impuestos son una proporción insosteniblemente baja del PIB que, además, están lejos de aumentar: antes disminuyeron hasta llegar hoy al 13 %, cuando ese porcentaje debería rondar el 22 %.
De hecho, en los países de la OCDE, donde nos matamos por entrar, es el 35 %. Es tan obvia la razón que da pena repetirla: los individuos ricos de este país no pagan impuestos porque en esta sociedad los ricos mandan. Así de simple.
En este país hay exceso de subsidios y debe reconocerse que se dan en los extremos de la escala de ingresos: a los muy pobres y— esto es lo inexplicable— a los muy ricos. ¿Por qué? De nuevo: los ricos mandan.
Por mencionar solo algunos: el subsidio a los biocombustibles les da a los azucareros y a los palmeros la bicoca de $98.000 millones al año, según Salomón Kalmanovitz.
Existe una mezcla muy complicada de ineficiencia de muchas instituciones del Estado, impregnadas de politiquería y clientelismo. Corrupción incontrolable en muchas de ellas, realidades que pueden estarse empeorando seriamente.
Contrario a lo que sucede en el mundo en desarrollo —que sí progresa—, en Colombia volvió a tomar mucha fuerza la idea de que los grandes empresarios necesitan inmensos apoyos del Estado porque son los que generan crecimiento. Es decir, una versión fortificada de la Confianza Inversionista de los gobiernos de Uribe.
Esta idea explica la avalancha de exenciones a las reglas impositivas que favorecen a los dueños de las empresas sin que sea evidente que estas condiciones se trasladen a los trabajadores y al resto de la sociedad.
Una primera mirada al Plan de Desarrollo confirma algo muy preocupante: se van a reducir los subsidios bajo el argumento de que hay muchos colados, obviamente entre los pobres, es decir, gente que no merece recibirlos porque tiene los ingresos para pagar, así sea poco, por estos servicios.
Sí hay gente que no debería estar, pero hay dos gravísimos problemas que deben señalarse antes de que el gobierno se equivoque seriamente en términos de equidad.
El primer problema es que la reducción de subsidios se concentra exclusivamente en la parte baja de la escala de ingresos. Es decir, nadie ha hablado de reducirles los subsidios, por ejemplo, a los azucareros, palmeros ni a la gran empresa.
Por el contrario, en la Ley de Financiamiento se les quita el IVA a los bienes de capital, además de la reducción a los impuestos que deben pagar las empresas. Equidad cero.
Segundo, para quitarle los subsidios al consumo de energía al estrato 3 y reducirlo al 2 y 1, se parte de que la pobreza en Colombia es de 27 % y por lo tanto solo ese porcentaje de la población debería clasificar para recibir estos apoyos del Estado. Perdón. Se les olvida que el 36 % del país es vulnerable, población que superó la línea de pobreza, pero está en gran riesgo de caer nuevamente en la precariedad absoluta.
Claro que hay colados en el Sisbén— sistema para ubicar subsidios—, pero la depuración tiene que ser muy cuidadosa porque si se excluyen de entrada los vulnerables, la pobreza volverá a más del 50 % o 60%. Perderíamos décadas de avance social.
Pero hay un tema adicional: la precariedad de los ingresos de la sociedad colombiana debe ser el punto de partida para la reducción de subsidios. Y no parece serlo. Según los datos del Dane, y de elaboración de este DNP, los pobres ganan en promedio $251.000 pesos al mes, los vulnerables entre $251.000 y $590.000 — el máximo es inferior al salario mínimo— y la clase media entre $590.000 y $2,9 millones.
Si es como parece y la reducción de los subsidios cae fundamentalmente en los vulnerables y la clase media baja, los impactos negativos sobre la equidad serán evidentes.
Ahora bien, reducir la población en el sistema subsidiado de salud— que supera a los que están en el régimen contributivo— puede ser catastrófico si no se hace de manera muy pero muy cuidadosa. Al paso que vamos, el gobierno hundirá a los vulnerables, y si a alguien que no logra ser clase media le suben al mismo tiempo el transporte— como hace dos semanas al Transmilenio en Bogotá—, y el pago de la energía, si tiene problemas de salud y tiene que pagar para que lo atiendan… lo obvio es que también se hunda.
Las consecuencias son absolutamente desastrosas para el individuo que no acude a los primeros síntomas de una enfermedad, lo cual puede salvarle la vida. Pero, además, recargará aún más el sistema de urgencias que ya está colapsado y entonces ¿qué pasará cuando esté agonizando? ¿El sistema lo rechazará?
Aún queda la esperanza de que la opinión pública, los analistas y el Congreso —que más le vale que estudien estos mamotretos, las Bases y el articulado del Plan de Desarrollo— presenten argumentos sólidos que eviten efectos realmente negativos si estas decisiones no parten de la realidad de un país donde 2/3 de su población viven en condiciones muy precarias y en general las clases medias tiene ingresos muy bajos.
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