En una negociación colectiva siempre hay un ‘juego de roles’. Los trabajadores a través de su organización sindical (o sus organizaciones sindicales) siempre asumen el papel más protagónico porque son los únicos con capacidad jurídica de iniciar el conflicto colectivo presentando el pliego de peticiones. Y son los únicos que pueden ejercer el derecho de huelga.
El empleador, recibe el pliego, analiza la posibilidad de eludir o evadir conversaciones y someterse a una querella por negativa a negociar mientras arrincona al sindicato cuando son pocos los afiliados. También inmediatamente puede demandar las afiliaciones de los trabajadores, algo a lo que absurdamente la justicia laboral le viene dando juego, dejando el convenio 87 de la OIT como un saludo a la bandera.
El gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, no juega un papel activo como debería, pues el mandato del artículo 55 superior dice que: “Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”.
Cuando hay negativa a negociar el Ministerio se demora como 2 años para resolverlo, aun cuando debería tener un procedimiento breve y sumario. En ese tiempo los sindicatos son acosados por el empleador. Existen múltiples casos para contar. Sobre eso no se dice nada.
Pero hoy en día, hay otro agente, que aunque no debería involucrarse en la negociación colectiva, juega un papel determinante, sobre todo cuando se trata de empresas o sindicatos relevantes en el país: los grandes medios de comunicación. Y juegan un papel importante, no para ponerse al lado de los más débiles, sino de los más fuertes, del que uno diría que no necesita respaldo de nadie pues lo tienen todo.
Los medios, apenas conocen el pliego, obviamente con auspicio de los empleadores, dicen que «los estudian y los calculan». Sacan cifras y titulares que tienen un propósito fundamental: generar opinión pública en contra del sindicato que lo ha presentado. Es la fórmula que les han aplicado a Fecode, a los empleados públicos, a los pilotos de Avianca a los trabajadores del Banco de la República y de la ETB y ahora a los trabajadores sindicalizados de Ecopetrol.
La fórmula empieza por «atacar el contenido del pliego», sin precisar, que el pliego es el conjunto de aspiraciones de los trabajadores, más no lo que al final se acuerda.
Después empiezan a decir que «la empresa es importante para el país», como si el sindicato o los trabajadores no lo supieran. Salen decenas de opinadores, a través de ‘publirreportajes pagados’ por grandes pautas publicitarias, a ‘satanizar’ el pliego.
Posteriormente dicen que la empresa «presta un servicio público esencial», calculan cuánto vale un día de huelga y así —sucesivamente— se genera un «ambiente en contra del sindicato y sus aspiraciones». Y el derecho laboral del enemigo aparece. La receta es la misma. No debería sorprendernos, por el contrario, deberíamos estar preparados para ello. Siguen al pie de la letra la fórmula propuesta hace algunos años por Friedrich Hayek mientras nosotros desestimamos seguir las recomendaciones del profesor Marcio Tulio.
Un conflicto colectivo siempre va a incomodar a terceros, pero no significa eso que deben dejar de existir. Los conflictos colectivos son importantes para la democracia y así lo debería entender todo el mundo. Como lo dijo Mouffe, “en una organización política democrática, los conflictos y las confrontaciones, lejos de ser un signo de imperfección, indican que la democracia está viva y se encuentra habitada por el pluralismo”.
Tenemos que comprender que «los medios de comunicación tienen unos intereses», así mismo los empresarios y el gobierno. «Los trabajadores también los tenemos y con eso nos toca convivir». Cada quien juega un rol en el conflicto colectivo.
El sindicato no hace más que presentar un pliego de peticiones que es un conjunto de aspiraciones laborales. Y claro que las aspiraciones laborales siempre serán las de mejorar las condiciones actuales en desarrollo del principio de progresividad y prohibición de la regresividad propios de un Estado Social de Derecho como el nuestro. Y eso no le va a gustar al empresario que siempre querrá sostener el statu quo.
El empresario siempre querrá que no haya negociación colectiva, que se prorrogue la convención, que se congelen los salarios. «La mejor versión del sindicato para un empresario colombiano es el que no existe».
Entre más grande la empresa y más ingresos operacionales tiene, es apenas lógico que sus trabajadores piden más, al fin y al cabo son los trabajadores los que generan esa plusvalía.
Lo que busca la negociación colectiva, de origen constitucional y legal, es «generar un equilibrio entre capital y trabajo», una contradicción que siempre va a existir, por los siglos de los siglos. Como lo dice la misma legislación laboral colombiana en su artículo 1: “la finalidad primordial de este código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. Aquí no hay nada de extraño.
La evidencia empírica demuestra que no hay procesos de insolvencia empresarial sustentados en la existencia de una convención o de un sindicato, máxime, cuando, por el contrario, sí existe registro de que varios sindicatos han hecho acuerdos de condiciones laborales especiales para salvar las empresas y conservar las fuentes de empleo.
En un país tan desigual como Colombia cualquier aspiración por encima del salario mínimo parece escandalosa mientras la corrupción se lleva el dinero de nuestro país y nos cargan más impuestos a los trabajadores para llenar los huecos fiscales.
La USO le ha servido al país desde su creación. Favorece a muchas regiones que han tenido atención de Ecopetrol y de las petroleras multinacionales gracias a sus luchas.
La USO ha innovado en los contenidos de negociación colectiva, no solo incluye los gremiales, que aunque son importantes, ha dado relevancia a lo político, a lo social.
No nos van a intimidar con titulares de prensa exagerados y absurdos. Ya sabemos su propósito.
La USO tiene un recorrido histórico que pesa y ha ganado de su lucha internacional el reconocimiento del derecho de huelga que puso de nuevo en la empresa a 248 despedidos ilegalmente en el 2004.
Vamos a defender la empresa del apetito voraz del capital privado y del gobierno neoliberal de turno.
Vamos a exigir responsabilidad social empresarial en esas regiones en el olvido y vamos a mejorar progresivamente las condiciones laborales de los más explotados. Eso no nos debe dar pena, ni nos debe avergonzar.
Lo vamos a hacer con orgullo y con la frente en alto mientras que los altos directivos de la empresa buscan —con nuestro pliego— «tapar los escándalos de corrupción y de derroche más grandes del país».
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EDWIN PALMA EGEA, abogado laboralista, dirigente sindical de los trabajadores petroleros de Colombia. Actualmente Vicepresidente de la Unión Sindical Obrera USO, Magíster en Derecho del Trabajo y estudiante del Derecho Constitucional. Twitter: @PalmaEdwin
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