Por: Juan Manuel López C.
Por su actualidad la ‘anticorrupción’ es un tema que toca tratar aún en una publicación sobre economía.
Es tema económico porque si algo tiene más incidencia que cualquier modelo o teoría económica en este momento en el desarrollo del país es lo que llamamos ‘corrupción’.
Económico también porque excluyendo los escándalos más sonados de Odebrecht, Reficar, etc., ningún desfalco ha costado como costará la ‘Consulta Popular Anticorrupción’.
Y económico porque nosotros le hemos dado el sentido a la palabra ‘corrupción’ la equivalencia a delito de repercusiones económicas.
Lo curioso es que la palabra ‘corrupción’, y en consecuencia lo que sería un delito que se asocie a este concepto, solo aparece para casos entre privados en el único artículo que lo tipifica (art. 250).
De resto en todo el Código Penal solo existe la mención a ‘quien induzca a corrupción al sufragante’ (art. 590), y en ‘encubrir un acto de corrupción’ (art. 325B) es decir referido a la acción de un tercero sin definir en qué consiste esta.
El diccionario de la lengua define ‘corrupción’ como “acción y efecto de corromper o corromperse”, y ‘corromper’ así: “1) alterar o trastocar la forma de alguna cosa; 2) echar a perder, dañar, podrir 3) sobornar o cohechar al juez o a cualquier persona, con dádivas o de otra manera; (…) “.
Es decir que coincide con un delito en un caso (soborno o cohecho), pero de resto, es un concepto que se aplica a cualquier otro dominio.
Hablar de corrupción solo para delitos económicos como se entiende entre nosotros y como se enfoca la ‘Consulta Popular Anticorrupción’ es sobre todo demagogia.
Lo es porque otras formas de corrupción pueden ser mucho más dañinas.
Es el caso del abuso de poder para obtener beneficios indebidos en el campo político.
Ejemplo pueden ser los caminos ilegales para apoderarse de un partido como lo hizo el Gavirismo, lo que llevó a la desaparición del Partido Liberal, pero sobre todo a la de la fuerza de centro izquierda (hoy social demócrata) que requiere cualquier equilibrio democrático, y cuya ausencia afecta no solo a los alineados con ese pensamiento sino a todo el sistema político.
Y corrupción también puede ser el trastocar lo que se entiende por anticorrupción, o usar ese vocablo para inducir al sufragante a votar por algo totalmente inocuo e innecesario en relación con lo que se propone.
Corrupción fue el que se malgastaran 40.000 millones de pesos para una consulta inútil y manipulada para mostrar un resultado definido a priori, y corrupción puede ser malgastar cerca de 300.000 millones de pesos en simple demagogia que no lleva a ningún resultado real.
Porque de los puntos que se someterán a votación los 2, 3, 4 y 5 ya existen en la legislación.
El 1, que es el único que implica una decisión y una reforma, no se ve en qué manera disminuirá la corrupción, pero sí limitará la posibilidad de tener los mejores funcionarios y magistrados (y si acaso a forzar a quienes ocupen los cargos a necesitar otras formas de ingreso).
Y el 6 y el 7 son solo descalificaciones o persecución a la clase política como si por naturaleza fuera ‘corrupta’ y como si tuviera el monopolio de dicha característica.
Ningún resultado concreto se conseguiría con la aprobación de alguno o de todos los puntos.
La posibilidad de movilizar a 12 millones de votantes sin recursos (no hay reposición por votos) se basa únicamente en el slogan de ‘¿está usted de acuerdo con combatir la corrupción?’ a lo cual por supuesto se supone que todo el mundo contestaría afirmativamente.
Pero además de ser un engaño el pretender que con esto de verdad se combate algo, se incurre en un costo económico desproporcionado para cualquier resultado eventual, y se corre el riesgo de repetir el caso del referendo por la Paz, cuando, por asumir que el estar de acuerdo con el slogan llevaba a votar sin importar el contenido, lo que se logró fue lo contrario.
No es improbable que aparezcamos también como el país que no quiere combatir la corrupción.
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