Por: Héctor Riveros
Los tres senadores más importantes, desde el punto de vista político, tienen líos judiciales y administrativos que podrían impedirles ejercer las funciones que tienen que asumir a partir del próximo 20 de Julio. Con impactos y consecuencias muy diferentes, una decisión en contra de alguno de ellos generaría una tensión de tal naturaleza que afectaría el propósito de “unidad” y de alcanzar “la paz institucional” que ha predicado el Presidente electo Iván Duque.
Hace un par de días, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia escribió en su Twitter que habían (imagino que ella y su grupo político) recibido la información de que la Corte Suprema de Justicia estaba “preparando la detención de Álvaro Uribe Vélez”, le atribuyó a la eventual decisión propósitos políticos y venganzas por el triunfo de Duque.
La Corte pidió respeto que los medios interpretaron como un desmentido de la afirmación de Valencia, que en realidad no era tal. El magistrado nunca dijo que la Corte no fuera a emitir una orden de captura contra Uribe y claro tampoco dijo que lo fueran a hacer. Lo que dijo es que «sus decisiones no están mediadas por razones políticas».
El propio Uribe lleva varios meses con la preocupación de una eventual decisión de la Corte en su contra que podría ser un llamamiento a indagatoria en los casos de las masacres de Ituango e incluso una medida de aseguramiento.
Este semestre no ha sido bueno para el ex presidente en esa materia: en febrero el Tribunal de Antioquia pidió a la Corte «acelerar la investigación» y dijo que había elementos de juicio que “probablemente implicarían a Uribe”, después la Corte ordenó investigarlo por un caso de manipulación de testigos y hace unas semanas declaró como de ‘lesa humanidad’ esos casos, todo lo cual ha prendido las alarmas del uribismo.
No conozco el expediente y no tengo razones para afirmar si el ex presidente es o no responsable por acción u omisión por esas masacres ocurridas mientras era gobernador de Antioquia, pero lo cierto es que la Sala Penal de la Corte Suprema ha empujado el acelerador para avanzar en los casos de los aforados por (2) dos razones: una, para desmarcarse del ‘cartel de la toga’ que tanto afectó su credibilidad y otra, porque en poco tiempo perderán competencia por la entrada en funcionamiento de la Sala de Instrucción que se creó para garantizarles a los congresistas el derecho a tener una ‘doble instancia’.
Paloma Valencia, que es una senadora seria y aguerrida, tenía que haber recibido alguna información para escribir lo que escribió y aunque parece que el Centro Democrático y eventualmente el mismo Uribe prefirió bajarle la temperatura es innegable que tienen temor de una eventual decisión de la Corte. En febrero, cuando la Corte decidió la denuncia de Uribe contra Iván Cepeda, cercanos a Uribe preguntaban con mucha insistencia a los magistrados si era cierto lo de la detención.
Una privación de la libertad de Uribe tendría unas consecuencias políticas enormes y difíciles de prever. Mientras sea el jefe de la oposición se interpretaría como una persecución, ahora que será el jefe del partido de gobierno sería distinto y generaría una tensión institucional que no dudo en calificar como el mayor riesgo para el éxito del gobierno de Duque. El presidente electo tendría que escoger entre la lealtad a Uribe y el respeto a las decisiones judiciales.
Mientras eso pasa con el senador más votado el pasado 11 de marzo, en el Consejo Nacional Electoral se estudia una ponencia de uno de sus miembros que pide que «no se declare la elección del segundo más votado, el ex alcalde Antanas Mockus, por estar supuestamente inhabilitado para hacerse elegir por haber gestionado contratos con el Estado en los seis meses anteriores a la elección».
Hay una discusión jurídica porque Mockus aparece como presidente de una Corporación que celebró un contrato con la Gobernación de Cundinamarca, pero él no lo suscribió ni hay pruebas de que haya participado en su ejecución.
Más allá de quien tiene la razón, las consecuencias políticas de negarle a Mockus su credencial de senador son incalculables. La decisión la tiene que tomar el Consejo Electoral que es un órgano cuestionado porque está integrado por consejeros postulados por los propios partidos políticos, lo que cuestiona su independencia e imparcialidad.
Con el fin de evitar que personas inhabilitadas resultaran elegidas y después fuera necesario acudir al Consejo de Estado para que años después anulara su elección, hace algunos pocos años se le otorgó esa función al Consejo Electoral, lo cual fue una mala decisión porque un órgano con origen político no debería tener la capacidad de decidir quien participa y quien no en la elección. Sin embargo, así se hizo y a casi todo el mundo le parecía una buena decisión.
El Consejo ha revocado algunas inscripciones de personas indiscutiblemente inhabilitadas, lo ha hecho antes de la elección que era lo que se quería cuando se le dio esa competencia con Mockus podría estrenar esa facultad después de la elección. Sin embargo, ni el propio abogado del ex alcalde ha cuestionado una competencia que el Consejo —a mi juicio— no tiene. Es un caso que debería ir al Consejo de Estado.
Sin importar el debate jurídico, ¿cómo podrá interpretarse que un órgano que todo el mundo recomienda acabar, integrado muy mayoritariamente por partidos que han sido cuestionados y que son los contradictores de Mockus decida negarle su curul de senador?
A semejantes casos se suma el de Gustavo Petro, quien ha sido encontrado responsable fiscal por la Contraloría de Bogotá lo cual lo inhabilitaría para ejercer cargos públicos. Este asunto es complejo jurídicamente y entiendo que ya alguien lo ha planteado en el Consejo Electoral con la misma petición que han hecho respecto de Mockus: que no le entreguen su credencial.
Acá también se cuestiona la competencia del Consejo Electoral porque Petro no fue elegido senador, sino que adquirió ese derecho por disposición constitucional en virtud de haber quedado segundo en la competencia por la Presidencia de la República. Otra vez, lo que quiero plantear no es el debate jurídico del caso sino las consecuencias políticas de una eventual decisión adversa.
¿Quién llena primero la Plaza de Bolívar: ¿los uribistas para impedir una orden de detención contra el jefe de su Partido, los verdes para hacer respetar los 500.000 votos que se depositaron por Mockus, o los ‘petristas’ para reivindicar el derecho que se ha arrogado Petro de ser en adelante el eje de la oposición?
Ah, y … ¿qué quedaría de las instituciones si todo esto, o algo de esto pasara?
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HÉCTOR RIVEROS, Abogado. Director del Instituto de Pensamiento Liberal. Panelista de Blu Radio. Columnista de la Silla Vacia.
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