Por: Horacio Serpa
La propuesta de reformar el sistema de regalías es el debate sobre la estructura del Estado, porque proyecta el avance del desmonte de la descentralización de los recursos, que hace algunos años afectó las transferencias a los departamentos y municipios.
No es cierto que los gobernadores y alcaldes nos estemos robando las regalías. Hubo casos, sin duda, y pueden existir otros. A la cárcel los corruptos, pero que no se generalice, ni se especule. Muestren sanciones, sentencias, inhabilidades. Hablen sobre casos concretos, con nombres y apellidos. Lo demás es humo para contaminar el debate.
Las regalías no son un regalo, sino una indemnización. Son muchos los perjuicios que reciben las regiones por la explotación de sus recursos naturales no renovables. Con solo mencionar el medio ambiente, es suficiente.
No es cierto que todo lo que produce la explotación de una mina o un yacimiento petrolero se queda en los municipios y departamentos. La Nación recibe billones de pesos por el impuesto a la renta que pagan las empresas productoras. En el caso del petróleo, Ecopetrol, entrega al Fisco nacional billones de pesos a título de utilidades. Además, la Nación maneja parte de las regalías en el comité que funciona bajo la dirección del Departamento Nacional de Planeación.
En cada departamento el 85% de los ingresos por regalías se deben invertir en municipios no productores.
El 10% de las regalías de petróleo, además, se destinan al río Magdalena, a través de la Corporación que creó la Constituyente para que vele por su desarrollo, asignación absolutamente justificada y necesaria.
El proyecto gubernamental desconoce un derecho de las localidades y las regiones, reconocido por la Constitución. Sería inequitativo en extremo. Máxime cuando las autoridades locales y regionales, buscando el bienestar de sus habitantes, han planeado el futuro con base en esa renta y comprometido parte de sus ingresos venideros. Eliminar las regalías sería la debacle.
No se trata simplemente del debate sobre las regalías. La descentralización, tan menguada no obstante ser un mandato constitucional imperativo y estructural, está amenazada de muerte. Es de Perogrullo decir que si no hay transferencia de recursos, no hay descentralización.
Hace algún tiempo se le dio una mordida enorme a la participación de municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la nación. Ahora se pretende hacerlo con las regalías. Quién sabe qué vendrá mañana. Nada bueno. Volver al régimen centralista de la Constitución de 1886. Retroceso enorme.
El artículo primero de la Carta dice que “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales”. ¿En que quedaría ese mandato si el Congreso acoge la propuesta gubernamental? Francamente, en nada.
La reforma propuesta por el gobierno es contraria a la Constitución, rompe su coherencia, lesiona la equidad y es un tributo al pasado. El Congreso, integrado por voceros de las regiones, sabio, serio, equitativo, tiene que impedir que en nombre de la equidad se decrete la muerte a la descentralización.
Bucaramanga, 15 de Septiembre, 2010
