Por: Horacio Serpa
Cuando el país no cesa de recibir noticias de los despachos judiciales y de los organismos de control por los desafueros cometidos en el fallido proceso de aprobación de la segunda reelección del ex Presidente Uribe, se ha vuelto a poner en la agenda pública el tema de la reelección de Alcaldes y Gobernadores. Un viejo anhelo que ha sido derrotado muchas veces en el Congreso de la República.
La reelección de las autoridades locales y regionales y del Primer Mandatario, fue uno de los temas tratados por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que la prohibió por el desbarajuste institucional que significaría, pero sobre todo porque rompería el sistema de pesos y contrapesos, pondría todo el poder estatal al servicio de una causa individual, significaría una enorme desigualdad para los partidos de oposición, y convertiría a Colombia en una republiqueta bananera.
Todo ello sucedió cuando la Corte Constitucional decidió darle vía libre, en 2006, a la primera reelección presidencial, sin conocer, por supuesto, todo el escándalo de la yidispolítica, que tiene en la cárcel a varios ex congresistas y significó la destitución del ex ministro Sabas Pretelt. Por ello, ya con razón se habla de la muerte de la reelección presidencial.
De haberse aprobado la segunda reelección, estaríamos transitando el camino incierto de la perpetuidad y la desinstitucionalización total, el enfrentamiento de las Cortes con el Ejecutivo, la interinidad en la Fiscalía, el agotamiento de la democracia, el fin de los pesos y contrapesos. La elección del presidente Santos ha demostrado que no era cierto que en Colombia no había quien reemplazara al Presidente Uribe, ni que sin él la nación se hundiría en el caos. Ha ocurrido exactamente todo lo contrario.
Santos ha logrado en tan solo una semana recomponer las relaciones con las Cortes, restablecer la diplomacia y espantar el fantasma de la guerra con Venezuela, nombrar un gabinete de unidad nacional y demostrar que aquí hay muchos liderazgos a la espera de una oportunidad para asumir el poder.
Ese es, precisamente, mi mayor argumento para estar en contra de la reelección. Hay que permitir que surjan nuevos gobernantes, que la política se renueve y que la democracia se oxigene. E impedir que el dinero del Estado y el poder político que este genera no se conviertan en motor de aspiraciones personalistas, que en muchos casos desprecian el espíritu de la Constitución.
Por lo que a mí respecta no voy a reelegirme como Gobernador de Santander. Le deseo suerte a quienes lo desean, pero no estoy seguro de que el Congreso apruebe el nuevo intento por pasar ese proyecto de ley, hundido antes, aún en circunstancia de enorme fervor reeleccionista. Hoy no veo razones de peso para creer que la reelección contribuya en la lucha contra la corrupción y la politiquería.
Hay que ampliar la democracia y fortalecer la participación ciudadana. Perpetuar en el poder a unos pocos es, además, un portazo a la paz.
