El fallo, emitido en primera instancia el 21 de septiembre de 2026, declara la nulidad del acuerdo y deja sin sustento legal la existencia del fondo mixto, considerado por críticos como un “contratadero” departamental.
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga suspendió de manera temporal el Acuerdo Municipal No. 002 del 12 de febrero de 2025, mediante el cual el Concejo de Capitanejo autorizó al alcalde Jaime Antonio Sepúlveda Gutiérrez para crear e integrar el Fondo de Desarrollo Colombiano (FODECOL), una figura jurídica que desde su nacimiento ha estado envuelta en cuestionamientos por su presunto uso como plataforma de contratación paralela en Santander.
La demanda fue presentada por el ex representante a la Cámara Cristian Avendaño, quien argumentó que el Concejo incurrió en vicios de legalidad al otorgar facultades amplias e indeterminadas al alcalde, vaciando las competencias del cabildo y sin aportar la motivación técnica y financiera exigida por la ley.
El juez concluyó que la administración municipal incumplió el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, al no presentar un análisis fiscal explícito y cuantificado sobre el impacto de la iniciativa.
Además, determinó que el “estudio demostrativo” requerido por el Artículo 69 de la Ley 489 de 1998 no cumplió con los estándares metodológicos y fue radicado después de la constitución formal del fondo, lo que desvirtuó su carácter de insumo previo.
La controversia alrededor de FODECOL se ha intensificado por las denuncias que vinculan a la familia Díaz-Mateus, de amplia trayectoria política en Santander, con la estructura empresarial que habría dado origen al fondo.
Señalamientos ciudadanos apuntan a que el municipio de Capitanejo habría sido instrumentalizado para legalizar un esquema de contratación departamental, pese a que el capital inicial del fondo apenas alcanzaba los 25 millones de pesos, de los cuales el municipio aportó cerca de 13 millones.
A pesar de su escasa capacidad financiera, FODECOL estaría proyectado para administrar contratos por más de 114 mil millones de pesos.
Entre los elementos más polémicos se encuentra la participación de D&C Ingenieros Contratistas S.A., empresa que habría sido fundada bajo el nombre Díaz & Contreras Ingenieros Contratistas S.A., con vínculos familiares directos con Luis Eduardo Díaz-Mateus y su entorno.
La empresa, que ya acumulaba contratos por más de 3.000 millones de pesos con otros fondos mixtos como Foncolombia y Finverbaz, cambió su nombre en 2024, justo antes de la creación de FODECOL, y modificó su representación legal en medio de movimientos que los denunciantes consideran estratégicos para diluir rastros familiares.
Las denuncias también incluyen episodios como el uso de un helicóptero contratado por la Gobernación de Santander para actividades políticas del hermano del gobernador Juvenal Díaz Mateus, lo que ha sido interpretado como un posible conflicto de interés.
El caso de FODECOL se suma a alertas nacionales sobre el uso de fondos mixtos para eludir los controles de la contratación pública.
Informes de la Contraloría han documentado irregularidades multimillonarias en otros departamentos, reforzando la preocupación de veedores y líderes ciudadanos que consideran que estas figuras, aunque legales, pueden convertirse en mecanismos de discrecionalidad y captura de recursos públicos.
