Por primera vez en la historia reciente de Colombia, la oposición y los grandes medios de comunicación tradicionales han emprendido una cruzada sistemática para hacer eco de los atentados de los grupos terroristas y, de paso, atacar el proceso de paz impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Bajo el repetitivo lema “¿Y el Estado dónde está, la dirigencia del país ausente?”, no solo amplifican los actos criminales de los grupos subversivos, sino que también utilizan cada hecho violento para debilitar ante la opinión pública a un gobierno que representa el cambio que muchos colombianos eligieron en las urnas.
Esta estrategia de deslegitimación no se limita a la cobertura de los ataques violentos.
Se ha vuelto casi costumbre que cualquier avance del gobierno Petro sea ignorado o minimizado. A pesar de los progresos significativos en la reducción de la pobreza, el incremento en los índices de inclusión educativa, la recuperación de vías férreas y carreteras, el fortalecimiento del turismo y la estabilidad relativa de la economía en un contexto global complejo, la narrativa hegemónica opta por invisibilizar o tergiversar estos logros.
Incluso en el frente de la seguridad, donde se han logrado golpes importantes contra estructuras ilegales, la cobertura mediática se concentra exclusivamente en los fracasos o en las dificultades, negando así un balance objetivo a la ciudadanía.
Quizás el mayor fracaso del gobierno del cambio no ha sido en sus acciones o políticas, sino en no lograr el respaldo de la oposición y sus medios aliados en un asunto que debería ser de interés nacional: LA PAZ.
Todo lo rechazan de forma automática
Resulta evidente que cualquier iniciativa del gobierno, por sensata o necesaria que sea, es rechazada de forma automática por la oposición.
Si el gobierno propone despejar territorios para facilitar diálogos, la respuesta es un rechazo. Si, por el contrario, opta por acciones ofensivas contra los grupos armados ilegales, también se alzan voces criticándolo.
Este comportamiento revela una estrategia deliberada de sabotaje, cuyo propósito principal es desgastar al gobierno y minar la confianza ciudadana en su proyecto de transformación.
La cruzada contra la paz ha llegado a niveles alarmantes.
Hay motivos para sospechar que los recientes ataques del Clan del Golfo —manifestados en la ofensiva conocida como “plan pistola” contra la fuerza pública— están sincronizados, consciente o inconscientemente, con los discursos y narrativas de la oposición.
La simultaneidad entre los actos de violencia y los discursos de deslegitimación mediática no puede ser vista como una simple coincidencia.
Más aún, el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que parece actuar como un perfecto aliado involuntario de los enemigos del proceso de paz, genera inquietudes serias sobre las verdaderas motivaciones que subyacen en este escenario de conflicto renovado.
Es inevitable preguntarse:
¿A quién beneficia el fracaso del proceso de paz?
¿Quiénes se lucran política y económicamente de un país sumido en la guerra?
La instrumentalización de la violencia con fines políticos no solo pone en riesgo a los soldados y policías, sino también al conjunto de la sociedad colombiana que anhela vivir en tranquilidad después de décadas de guerra.
La estrategia de la oposición y sus medios tradicionales, lejos de ser una defensa de los intereses nacionales, parece más un cálculo político orientado a impedir cualquier éxito del gobierno del cambio.
Al final, los únicos perdedores son los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, que ven truncadas sus esperanzas de un futuro más justo y en paz.
Es momento de que Colombia, su dirigencia política y su sociedad civil, se pregunten con seriedad quiénes están realmente comprometidos con la paz y quiénes están dispuestos a dinamitarla para proteger intereses mezquinos.
Porque de seguir este rumbo, la historia no juzgará solo a quienes empuñan las armas, sino también a quienes, desde los micrófonos y las columnas de opinión, siembran la discordia y perpetúan el conflicto.
