El portal Desigual Colombia (bastante amarillista, por cierto) afirmó que el Gobierno Petro firmó un convenio de $33.986 millones «para rituales ancestrales indígenas». Me tomé el trabajo de leer el convenio completo, sus anexos y los informes de ejecución.
Aquí les cuento lo que realmente dicen los documentos, muy distinto al titular engañoso que repiten como loros Diana Saray, Germán Ricaurte, Jacobo Solano, el profesor Luigi Parra y un largo etcétera.
Salgo a aclarar este asunto yo, porque la ineptitud de quienes manejaron el DPS no les da para hacerlo.
Es el Convenio Interadministrativo 350-DPS-2025, entre Prosperidad Social y la Asociación de Cabildos y/o Autoridades Indígenas del Nudo de los Pastos (Shaquiñan), firmado el 7-nov-2025. Hace parte del programa IRACA, que ya va en su NOVENA intervención
El objeto no es financiar ceremonias.
Es entregar insumos productivos y de seguridad alimentaria a 4.080 hogares indígenas en 8 departamentos (Zona 6), para que cada familia tenga huerta casera, un proyecto productivo propio y mejore su alimentación.
Los documentos son claros.
Al revisar el Anexo Técnico (ficha BPIN 202400000000192), la inversión real de aproximadamente $5,09 millones por hogar se desglosa estrictamente así:
Seguridad alimentaria: $1.398.600
Excedentes agro productivos: $3.061.380
Fortalecimiento comunitario: $352.240
Transporte de insumos: $280.000
Multiplicado por 4.080 hogares, eso son ~$20.776 millones, el 61% del valor total del convenio.
El resto financia equipo técnico en territorio, supervisión, administración y comunicaciones. No hay una sola línea presupuestal para «rituales».
Los insumos concretos que debería recibir una familia son Semillas y colinos (plátano, maíz, yuca, hortalizas), herramientas (machete, pala, azadón), gallinas ponedoras, cerdos de ceba, alevinos de tilapia, filtros de agua, tejas de zinc, tanques de almacenamiento de agua.
No es un kit genérico ni una entrega discrecional.
Cada hogar formula, con acompañamiento técnico, un «proyecto integral» según lo que necesita y lo que aplica en su territorio.
Ese proyecto pasa por validación técnica de Prosperidad Social y por el Comité de Control Social.
La entrega en territorio queda en un acta de recibido a satisfacción, y debe estar acompañada por la autoridad étnica, la Defensoría del Pueblo municipal y el comité de control social.
Tampoco la plata la maneja libremente Shaquiñan.
El dinero entra primero a un patrimonio autónomo (fideicomiso en Fiduagraria), con un Comité Fiduciario que aprueba cada giro, y un supervisor de Prosperidad Social que certifica cumplimiento antes de cada pago.
Ahora, lo que sí es una crítica válida (y no tiene nada que ver con el titular amarillista), la ejecución ha sido lenta.
Desde que arrancó el convenio (18-nov-2025) hasta que se aprobó el primer giro (16% del aporte) pasaron más de 6 meses, en buena parte por demoras del fiduciario.
Eso lo confirman, de forma independiente y coincidente
Los informes técnicos de Shaquiñan, los informes oficiales de supervisión de Prosperidad Social (que certificaron $0 ejecutado hasta marzo de 2026) y el acta del Comité Fiduciario del 21-may-2026.
En esa acta, tanto el delegado de Shaquiñan como la propia delegada de Prosperidad Social dejaron constancia formal de queja contra Fiduagraria por la lentitud, advirtiendo que afecta a los beneficiarios.
El problema real de este convenio es la burocracia del giro, no su objeto.
Por esas demoras el convenio fue prorrogado 5 meses (Otrosí 2, jul-2026), el plazo final pasó del 31-jul-2026 al 31-dic-2026.
A la fecha del último documento público revisado, seguía pendiente por girar el 84% del aporte de Prosperidad Social. Todo esto es público.
En resumen: el convenio no financia «rituales ancestrales».
Financia huertas, gallinas, cerdos, semillas, herramientas y agua potable para 4.080 familias indígenas, con supervisión, garantías y controles. Con una ejecución lenta y mediocre propio de algunos ineptos que llegaron al gobierno Petro, eso sí es cierto.
