El exministro de Salud y precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, ha sido fuertemente criticado por su obstinación en oponerse a la reforma a la salud que busca eliminar la intermediación financiera de las EPS, acusadas de corrupción y mal manejo de recursos públicos.
La reforma pretende devolver la gestión de los recursos a los prestadores de servicios de salud, eliminando a las EPS como intermediarias, quienes durante años se han beneficiado de un modelo que ha sido ampliamente cuestionado por su falta de transparencia y eficacia.
Uno de los mayores críticos de Gaviria es el médico y activista de redes sociales, Germán Fernández, quien ha señalado que las aseguradoras EPS recibían desde 2007 un pago mensual de UPC de los afiliados al sistema de salud, con la obligación legal de constituir Reservas Técnicas para garantizar el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, según Fernández, las EPS nunca cumplieron con esta obligación, lo que ha generado un faltante de más de 19 billones de pesos, dinero que ha sido desviado sin justificación.
La pregunta que muchos se hacen es:
¿Dónde está ese dinero público?
¿Por qué no se ha garantizado la reserva técnica si las EPS han recibido una cantidad significativa de recursos para ello?
En este contexto, se señala que, en 2014, siendo Gaviria ministro de Salud, las EPS recibieron una licencia ilegal para no constituir estas reservas, lo que permitió que se desviaran miles de millones de pesos sin control.
Este acto ha sido considerado por muchos como un error monumental que agravó aún más el desfalco que hoy afecta al sistema de salud.
¿Cuál es el interés político y económico en mantener a las EPS como intermediarias?
A su vez, los defensores de las EPS, entre ellos algunos congresistas y partidos políticos, han sido señalados por recibir financiación de estas aseguradoras para sus campañas políticas.
La relación entre las EPS y ciertos sectores políticos parece haber generado un círculo vicioso que perpetúa el modelo actual de intermediación financiera.
Las críticas no se han hecho esperar, defensores de la reforma a la salud aseguran que hay un claro interés político y económico en mantener a las EPS como intermediarias, a pesar de los graves daños que este modelo ha causado a los recursos públicos.
La integración vertical
Vicente Calvo, un analista de temas de salud, ha sido uno de los más vocales en señalar que este desfalco de recursos no solo ha afectado a los pacientes y a los prestadores de salud, sino que ha servido para la construcción de lo que él llama “integración vertical” de las EPS, que les ha permitido expandirse internacionalmente, fugar capitales del país y financiar campañas políticas.
Además, se habría utilizado el sobrecosto de los servicios de salud como vehículo para nutrir otros negocios ajenos al sector de la salud, lo que ha generado un círculo de corrupción que ha durado años.
Este desfalco no solo ha generado una crisis moral y ética dentro del sistema de salud, sino que ha derivado en un problema macroeconómico.
IPS al borde de la quiebra
Miles de prestadores de salud, tanto públicos como privados, están al borde de la quiebra debido a los billones de pesos que aún deben las EPS.
Muchos temen que liquidar las EPS quebradas sería una “bomba atómica” para el sistema prestacional, ya que los prestadores perderían la última esperanza de poder cobrar.
Piden auditorías forenses
Ante esta situación, se exige que los accionistas de las EPS respondan por las deudas generadas y se realicen auditorías forenses para conocer el destino de los recursos públicos.
La falta de transparencia y el manejo irresponsable de los recursos destinados a la salud son, sin duda, uno de los mayores escándalos de la historia reciente del país.
La reforma que se está discutiendo actualmente tiene como objetivo acabar con este modelo, pero la resistencia de figuras como Alejandro Gaviria y sus aliados políticos pone en riesgo el futuro del sistema de salud en Colombia.
