En Colombia, el descrédito de las instituciones ha llegado a niveles alarmantes. Un Congreso capturado por intereses corporativos y una rama judicial corroída por la impunidad, la lentitud procesal y la infiltración de mafias y actores políticos tradicionales, constituyen un obstáculo casi infranqueable para cualquier transformación real.
Durante décadas, ambas ramas del poder público han prometido reformas estructurales que nunca se concretan. Se han especializado en dilatar, desfigurar o enterrar cualquier intento de cambio, bloqueando la voluntad popular con maniobras procedimentales y discursos vacíos.
Ante este panorama, emerge una propuesta contundente: convocar una Asamblea Nacional Constituyente a través de una papeleta electoral en las próximas elecciones.
Pero no una constituyente cualquiera.
Se trata de una iniciativa ciudadana que nacería del voto popular, que excluya expresamente cualquier posibilidad de reelección presidencial o de extensión del actual mandato. El propósito no es concentrar poder, sino precisamente lo contrario: restituirlo a la ciudadanía, forzando a las estructuras del poder a transformarse en beneficio del interés general.
Esta propuesta, lejos de representar un golpe a la institucionalidad, se enmarca dentro del mismo orden constitucional. La Constitución de 1991 prevé los mecanismos de participación directa del pueblo soberano, entre ellos el referendo y la asamblea constituyente.
Y más aún, lo hace como respuesta legítima cuando los poderes constituidos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se niegan a atender las exigencias del país.
Impulsada desde las urnas
Por tanto, una constituyente impulsada desde las urnas y con límites claros, sería una herramienta profundamente democrática, no una amenaza.
Los escándalos recientes que han salpicado al Congreso colombiano —desde compra de votos, tráfico de influencias, hasta la aprobación de leyes que benefician a grandes contratistas o a grupos económicos específicos— evidencian una captura sistémica.
En lugar de legislar para el pueblo, buena parte del Congreso lo hace para quienes financiaron sus campañas o garantizan sus puestos. La independencia de poderes se convierte en una farsa cuando el legislativo actúa como defensor de intereses privados y no como fiscalizador del poder.
Por otro lado, la rama judicial muestra cifras vergonzosas.
Más del 90% de los delitos en Colombia quedan en la impunidad. La congestión judicial es crónica, y la confianza ciudadana en jueces y fiscales se ha visto minada por su cercanía con actores del narcotráfico, la corrupción o el clientelismo político.
Reformar esta estructura desde dentro ha resultado imposible: los magistrados y altos jueces se eligen por cooptación entre élites políticas y jurídicas, cerrando cualquier posibilidad de renovación.
En este contexto, una asamblea constituyente sería un acto de higiene institucional. Una oportunidad para rediseñar las reglas del juego, fortalecer la justicia, garantizar la transparencia en el legislativo, y blindar la democracia frente a sus enemigos internos.
Y lo más importante: hacerlo sin pretensiones de perpetuidad en el poder, sin trampas reeleccionistas ni intentos velados de concentración autoritaria.
No puede incluir la reelección ni el alargue del periodo del presidente
Si el presidente Gustavo Petro decide impulsar esta iniciativa sin incluir beneficios personales, como la reelección o el alargue de su mandato, estaría dejando un legado histórico por haber abierto las puertas a una profunda refundación institucional.
Un gesto de desprendimiento político que marcaría un hito en la historia republicana del país.
Así, el poder volvería al pueblo. No como consigna vacía, sino como ejercicio real de soberanía. Una constituyente convocada por el pueblo y para el pueblo podría ser el primer paso hacia una Colombia más justa, menos corrupta y verdaderamente democrática.
