En Colombia, el término “democracia” ha sido secuestrado por una élite política y mediática que, bajo el disfraz del “centro”, no vacila en pactar con la extrema derecha mientras acusa de “dictador” al primer presidente progresista elegido por el pueblo.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar una Consulta Popular sobre derechos laborales ha encendido un debate nacional. Pero lo que resulta más revelador no es la iniciativa misma, sino la reacción furiosa y desproporcionada de quienes por décadas han gobernado sin consultar a nadie.
La Consulta Popular que propone el gobierno no es una ocurrencia caprichosa ni una imposición autoritaria.
Es, en realidad, una respuesta legítima al bloqueo sistemático que ha sufrido el Ejecutivo en el Congreso, dominado por partidos tradicionales y liderado actualmente por el senador Efraín Cepeda.
Este mismo Cepeda, sin pudor, se proclamó como el “jefe de la bandola” encargada de frenar las reformas sociales del gobierno desde el legislativo.
¿Quién, entonces, está atentando contra la institucionalidad?
No hay un solo reclamo serio o fundamentado que pueda calificar de ilegítima esta iniciativa democrática.
Lo que hay es miedo. Miedo a que el pueblo decida. A que se abran las compuertas de una verdadera participación popular. La Consulta busca devolverle al pueblo trabajador los derechos que le fueron arrebatados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, bajo un modelo neoliberal que precarizó el empleo, debilitó los sindicatos y fortaleció al empresariado a costa de la dignidad laboral.
Pero a diferencia de entonces, hoy se ataca a quien busca devolver derechos. Y lo más escandaloso es ver a medios y figuras autoproclamadas del «centro» acusar de “dictadura” al presidente Petro por querer preguntarle al pueblo qué piensa.
¿En qué momento consultar a la ciudadanía se volvió autoritarismo?
¿Desde cuándo es antidemocrático permitir que las mayorías se pronuncien?
Nadie llamó dictador a Uribe cuando violó la Constitución para reelegirse.
Tampoco gritaron “fascismo” cuando su gobierno asesinó extrajudicialmente a 6.402 jóvenes pobres y los hizo pasar como guerrilleros muertos en combate.
No cuestionaron la institucionalidad cuando se comprobó soborno a congresistas para reformar la Carta Magna o cuando se estigmatizaba a la oposición.
En ese entonces, la prensa hablaba de “mano firme” y “seguridad democrática”. Hoy, cuando se intenta avanzar hacia una justicia social mínima, quienes defienden esos privilegios se rasgan las vestiduras.
En Colombia la “democracia” ha sido históricamente un pacto de clase
La “democracia” colombiana ha sido históricamente un pacto de clase, una alianza entre élites para excluir al pueblo de las decisiones fundamentales.
Ahora que ese pacto está siendo cuestionado, quienes se benefician de él no saben cómo disimular su temor. El escándalo no es la Consulta. El escándalo es que, por primera vez en mucho tiempo, se pretende que los trabajadores, campesinos, jóvenes y sectores populares tengan voz propia.
Las redes sociales han estallado de indignación por la negativa del Senado a autorizar la Consulta.
¿Cómo es posible que un puñado de congresistas impida que se consulte a la ciudadanía sobre sus derechos?
¿Quiénes son los verdaderos autoritarios en esta historia?
La ficción del “centro” se cae a pedazos.
Su verdadero rostro se revela cuando se alinea con la extrema derecha, cuando desprecia al pueblo que dice representar, y cuando defiende el statu quo por encima de la democracia real.
Llamar “inconstitucional” a una Consulta Popular es cinismo puro. En el fondo, temen que el pueblo hable, porque saben que la mayoría quiere cambios.
Para una democracia verdadera, consultar al pueblo no debería ser un crimen. En Colombia, tristemente, lo es solo cuando amenaza los privilegios de una minoría.
