En Colombia, la política se ha convertido en una puesta en escena cargada de cinismo, ambición y oportunismo, donde el disfraz de la independencia ha reemplazado el compromiso ideológico.
Un caso emblemático de esta realidad es el de Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, quien ahora busca la presidencia de la República por medio de la recolección de firmas.
Su intención de mostrarse como una figura “independiente” y cercana al pueblo contrasta con los actos políticos y legislativos de su esposa, la senadora Angélica Lozano, cuyo trabajo en el Congreso ha estado claramente alineado con intereses contrarios a la clase trabajadora.
Mientras Claudia López recorre calles en bicicleta para alimentar su imagen de ciudadana común y comprometida, su pareja legisla desde una curul millonaria del Partido Verde recortando beneficios laborales.
En efecto, Lozano ha respaldado iniciativas que han perjudicado a millones de trabajadores, avalando reformas que desmantelan los derechos laborales ganados con años de lucha.
Referendo anti corrupción
Resulta insultante que estas acciones provengan de una congresista que, junto a su pareja, se ha presentado históricamente como baluarte de la “lucha contra la corrupción” y la “defensa de lo público”.
El caso del referendo anticorrupción es un ejemplo claro de cómo López y su entorno han utilizado causas legítimas como herramientas electorales.
Este referendo, ampliamente publicitado como un paso histórico contra la corrupción, terminó siendo una plataforma para catapultar su imagen y llegar a la Alcaldía de Bogotá.
Hoy, en una alarmante contradicción, Claudia se opone abiertamente a la Consulta Popular promovida por las centrales obreras y el gobierno de Gustavo Petro, cuyo propósito es precisamente recuperar beneficios laborales perdidos durante las reformas uribistas.
¿Por qué este doble rasero?
¿Por qué cuando el referendo servía para su ascenso político era válido, pero ahora que busca devolver derechos a los trabajadores se convierte en “politiquería”?
La respuesta parece estar en el cálculo político más frío y mezquino.
López, al igual que figuras como David Luna, Sergio Fajardo o Vicky Dávila, no representan un proyecto político estructurado, sino aspiraciones personales disfrazadas de neutralidad.
Esta estrategia de camuflaje se repite en la actual baraja de precandidatos presidenciales: más de 50 nombres que carecen de propuestas claras, ideologías definidas o programas coherentes.
Muchos de ellos, con escasa o nula posibilidad de llegar a la Casa de Nariño, solo buscan posicionarse para futuras negociaciones políticas o incluso para saltar a otras candidaturas, como la Alcaldía de Bogotá.
Además, el uso abusivo del mecanismo de recolección de firmas es otro síntoma de la degradación del debate político en Colombia.
Lo que debería ser una herramienta para que verdaderos independientes accedan a las urnas se ha convertido en un atajo para evitar los controles y responsabilidades de los partidos.
Es irónico, por no decir insultante, que quienes han vivido de los partidos y del sistema ahora se presenten como “ciudadanos indignados” o como “alternativas sin maquinaria”, cuando han hecho carrera precisamente dentro de ella.
El panorama es desolador.
En medio de una profunda crisis social, con trabajadores luchando por recuperar sus derechos y un país polarizado, figuras como Claudia López representan la desconexión total entre la élite política y las necesidades reales del pueblo.
Su cinismo no tiene límites, y el intento de lavar su imagen como “independiente” no es más que una estrategia vacía para perpetuar su presencia en el poder. La pregunta no es si alguien les puede creer algo, sino hasta cuándo permitiremos que estos disfraces sigan marcando el rumbo del país.
