En medio de una crisis política que ha polarizado a Colombia, un curioso consenso parece emerger entre las tres principales vertientes ideológicas que dominan el escenario político nacional: el progresismo, la ultraderecha uribista y el centro político.
Aunque profundamente enfrentadas en lo ideológico y en lo discursivo, coinciden, de manera paradójica, en una misma realidad: que Gustavo Petro siga en el poder, ya sea mediante la reelección o por la vía de cancelar las elecciones.
Por un lado, el ala progresista que respaldó a Gustavo Petro en su llegada a la presidencia enfrenta hoy un escenario de fuerte bloqueo institucional.
Las reformas sociales impulsadas por su gobierno —en salud, pensiones, trabajo y educación— han encontrado un Congreso fragmentado y hostil, donde las mayorías necesarias para aprobar estas transformaciones han sido sistemáticamente imposibles de alcanzar.
Ante esta situación, y a pesar de que el propio Petro ha reiterado públicamente que no busca la reelección, sectores progresistas comienzan a promover una salida audaz: convocar nuevas elecciones legislativas que incluyan la reelección presidencial.
El objetivo no es meramente continuar en el poder, sino lograr una correlación de fuerzas en el Congreso que permita avanzar en las reformas estructurales que, argumentan, el país necesita urgentemente.
La derecha aliada con el centro
Del otro lado del espectro político, la derecha radical —liderada por el uribismo— y el centro político, antes distanciados, ahora parecen haber sellado una alianza circunstancial.
Recorren el país con un discurso populista que rechaza cualquier intento electoral. Alegan que Colombia, en su crisis actual, no está para «malgastar» recursos en elecciones, y que ese dinero debería usarse para salvar las EPS, preservar el sistema pensional actual y ejecutar obras civiles que ellos mismos no realizaron durante sus décadas en el poder.
El argumento, aunque aparentemente económico, es profundamente político: impide una reconfiguración institucional que podría favorecer al actual presidente, al tiempo que oculta la responsabilidad de sus gestiones pasadas en la crisis social y económica que vive el país.
Este escenario dibuja una imagen insólita
Tanto la propuesta progresista de reelección como la negativa de la oposición a realizar elecciones convergen en un mismo punto de partida —Petro seguiría gobernando.
La diferencia radica en el propósito y el método: unos quieren que siga para que pueda cumplir su proyecto político; otros, irónicamente, prefieren que siga con las manos atadas, sin respaldo legislativo, debilitado institucionalmente, pero evitando el riesgo de un nuevo equilibrio de poder que los desplace del Congreso.
Así, lo que en apariencia son propuestas antagónicas revelan una extraña unidad de fondo.
La oposición, que en principio debería luchar por un cambio de rumbo político, prefiere sacrificar principios democráticos antes que permitir una elección que podría fortalecer a Petro.
Y los sectores progresistas, decepcionados por el bloqueo institucional, optan por un camino que desafía las normas no escritas de la alternancia en el poder.
En el fondo, este consenso deformado refleja el carácter absurdo del debate político en Colombia.
Una oposición que, con tal de impedir beneficios sociales, se contradice, renuncia a la democracia electoral y propone atajos que en nada ayudan al fortalecimiento institucional. Y un oficialismo atrapado entre la voluntad de transformación y las limitaciones de un sistema político diseñado para la inercia y la resistencia al cambio.
Colombia, una vez más, se enfrenta al dilema de sus propias contradicciones: un país donde el miedo al cambio ha llevado incluso a los adversarios del presidente a preferir que se quede, si con eso logran mantener intactos sus privilegios y su control del Congreso.
