La élite política bogotana, encabezada por Enrique Peñalosa, Claudia López y el actual alcalde Carlos Fernando Galán, ha demostrado una y otra vez una preocupante combinación de doble moral, hipocresía e improvisación, que ha terminado perjudicando gravemente el desarrollo urbano y social de Bogotá.
El caso del metro elevado es quizás el símbolo más claro de esta tendencia: una obra impuesta con criterios políticos, sin tener en cuenta las recomendaciones técnicas que favorecían un metro subterráneo, y que hoy enfrenta múltiples cuestionamientos.
Desde un principio, el proyecto del metro elevado fue promovido por el exalcalde Enrique Peñalosa, quien, en un giro ideológico y sin mayor sustento técnico, desechó los estudios que durante años apuntaban a la viabilidad de un metro subterráneo.
Peñalosa optó por una versión elevada que, según expertos y urbanistas, generaría un impacto negativo en el comercio, la movilidad y la calidad visual de las zonas por donde pasará.
A esto se suman los riesgos de valorización negativa de las viviendas aledañas y una estética urbana desmejorada. Lejos de corregir el rumbo, Claudia López continuó con este modelo obsoleto, justificando su continuidad bajo el argumento de “respetar lo avanzado”, mientras Bogotá seguía sumida en la parálisis y la improvisación.
La alcaldía técnica
El turno ahora es para Carlos Fernando Galán, quien llegó a la alcaldía con el discurso de la eficiencia, la renovación y la transparencia, pero que ha terminado repitiendo las mismas prácticas de sus antecesores.
La ejecución del metro elevado se encuentra seriamente retrasada y, en lugar de asumir su responsabilidad como máxima autoridad de la ciudad, Galán ha optado por una estrategia ya conocida: culpar al gobierno nacional de Gustavo Petro por cualquier inconveniente que surja, incluso si el origen del problema es anterior a su mandato.
Recientemente, cuando se conoció que Estados Unidos se muestra reacio a financiar proyectos en los que participen empresas chinas, Galán no dudó en responsabilizar al gobierno de Petro por las dificultades de financiamiento.
Esta acusación resulta insostenible, pues la contratación de la empresa china fue decidida y firmada mucho antes de que el actual presidente asumiera el cargo.
La estrategia de desviar la atención y trasladar culpas parece ser el modus operandi de la administración distrital, en lugar de asumir con seriedad y liderazgo los retos que enfrenta.
La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar.
Con contundencia y claridad, declaró: “Me parece correcto que la banca financiada por EE. UU. no financie proyectos de lo que considera su competencia. Mi gobierno respetará ese principio. El gobierno de EE. UU. debe esmerarse en que las empresas estadounidenses liciten en los proyectos que el gobierno nacional va a abrir. Mi deber es garantizar transparencia”.
Este mensaje no solo refuerza el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia en la contratación pública, sino que también desmonta la narrativa del alcalde Galán y evidencia su falta de responsabilidad política.
La ciudadanía bogotana, cansada de los discursos vacíos y de la eterna guerra de culpas entre administraciones, exige soluciones concretas. Ya no bastan las excusas ni los señalamientos. Es momento de que el alcalde Carlos Fernando Galán asuma su papel con responsabilidad y altura. Que garantice eficiencia, transparencia y compromiso con la ciudad, y deje de buscar culpables externos cada vez que las cosas no salen bien.
Bogotá merece una administración seria, que escuche a los expertos, que respete las decisiones técnicas y que no sacrifique el bienestar colectivo por cálculos políticos. La historia juzgará con dureza a quienes prefirieron la conveniencia personal antes que el futuro de la ciudad.
