Lo ocurrido en el Senado es una muestra clara del desprecio sistemático por los derechos de las y los trabajadores, y por la voluntad del pueblo colombiano.
No conformes con archivar sin discusión la reforma laboral en el Senado —una reforma que fue construida con las voces de trabajadores, sindicatos, expertos y ciudadanía—, ahora los mismos sectores han hundido la Consulta Popular que buscaba devolver los beneficios arrebatados a la clase trabajadora.
Y como si no fuera suficiente, han revivido temporalmente la misma reforma laboral, no para aprobarla, sino para utilizarla como excusa para bloquear la Consulta Popular.
Una maniobra política burda, sucia y profundamente antidemocrática.
Lo más indignante es que esa reforma laboral que fue revivida, lo fue solo para cumplir un requisito formal que permitiera enterrar la Consulta. Una vez logrado ese objetivo, la reforma será nuevamente hundida en los próximos días.
Esta no es una estrategia legislativa, es una trampa.
Una artimaña perversa que demuestra cómo la oposición, y buena parte del Congreso, están comprometidos no con el bienestar de los ciudadanos, sino con sus propios intereses y con los de los grandes poderes económicos que les dictan la agenda.
Este Congreso ha cometido un fraude político. Al negar la Consulta Popular, han silenciado la voz de millones de colombianos y colombianas que merecen decidir sobre el rumbo de sus derechos laborales.
Han cerrado la puerta a la participación democrática, a la construcción colectiva del país, y han pisoteado una herramienta fundamental de la democracia: el derecho a decidir mediante mecanismos de participación directa.
Un ataque a la dignidad de la clase trabajadora
Pero no se trata solo de una derrota legislativa. Es, ante todo, un ataque a la dignidad de la clase trabajadora. Es una declaración de guerra contra quienes exigen condiciones laborales dignas, estabilidad, acceso a la seguridad social y respeto por sus derechos fundamentales.
Esta actuación del Senado debe ser entendida por lo que es: un acto consciente y deliberado de sabotaje político contra el pueblo.
Por eso, este es el momento de levantar la voz. Este no es un momento para la resignación, es un momento para la memoria y para la organización. La indignación de hoy debe transformarse en fuerza social y política. No podemos permitir que quienes hoy han traicionado al pueblo permanezcan impunes.
Ni un voto más para los congresistas que sabotearon la Consulta Popular.
Ni un voto más para quienes bloquean la justicia social y económica. En las elecciones de 2026, el pueblo debe pasar la cuenta de cobro. La herida abierta por lo ocurrido en el Senado no puede cerrarse con olvido. A esa herida hay que echarle sal, para que nunca se nos olvide quiénes fueron los responsables de esta traición.
Colombia necesita un Congreso nuevo.
Un Congreso que sí escuche al pueblo, que respete la democracia participativa y que defienda los derechos laborales con valentía y coherencia. Renovar el Congreso en 2026 no es una consigna vacía: es una necesidad histórica, un deber ciudadano. El futuro del país está en juego, y el pueblo debe tomar la palabra.
Lo que ocurrió hoy en el Congreso no puede repetirse. Que quede claro: el pueblo no olvida, el pueblo no perdona, y en el 2026, el pueblo va a votar por el cambio.
