La elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia en 2022 fue un grito colectivo por el cambio. Fue la expresión clara de una ciudadanía harta del statu quo, del abandono estatal, de la desigualdad estructural y de la exclusión histórica de las mayorías.
Petro no ganó por azar ni por capricho; ganó porque millones de colombianos y colombianas vieron en su propuesta una esperanza, una ruptura con las élites tradicionales y una apuesta por una Colombia más justa.
Oponerse sistemáticamente a ese mandato, como lo han hecho ciertos sectores políticos, económicos y mediáticos, es desconocer la voluntad popular que se manifestó en las urnas.
La oposición, en lugar de entender el momento histórico, prefirió aferrarse a sus privilegios.
En lugar de abrirse al diálogo con el nuevo gobierno, lo enfrentaron con desconfianza, miedo y sabotaje. Esa reacción, más que legítima discrepancia política, es una negación del mandato democrático.
Porque la democracia no se limita a permitir elecciones libres; también exige respetar sus resultados y dar espacio a los cambios que la ciudadanía ha exigido con su voto.
El error de la oposición ha sido creer que podía frenar ese clamor popular con maniobras legislativas, titulares de prensa tendenciosos y alianzas oscuras en las cortes.
El primero de mayo de 2025, en la Plaza de Bolívar, el presidente Petro pronunció un discurso firme, enérgico, pero en ningún momento incitó a la violencia.
No se amenazó a nadie. Al contrario, se hizo un llamado al ejercicio más puro y democrático: usar el voto para castigar a quienes sabotean la participación ciudadana y se oponen a las reformas sociales que el pueblo reclama.
No hay nada más legítimo que negarle la reelección a quienes prefieren cuidar sus privilegios antes que construir un país con oportunidades para todos. Esa es la verdadera amenaza para quienes se niegan a ceder: que el pueblo ha despertado y sabe que puede castigar con el voto.
El papel de los grandes medios de comunicación
Los grandes medios de comunicación, en su mayoría controlados por intereses privados, han desempeñado un papel nefasto en este proceso.
En lugar de informar con rigor y equilibrio, han desinformado sistemáticamente. Han amplificado temores, han distorsionado los hechos, y han intentado presentar cada iniciativa del gobierno como una amenaza.
Este comportamiento no es casual; responde a la incomodidad de sectores que se ven afectados por un modelo que busca redistribuir el poder y los recursos.
Sin embargo, ni con todo el poder mediático ni con los grandes capitales en su contra, han podido arrebatarle a Petro el respaldo de una parte significativa del país.
A pesar de las dificultades, de los bloqueos institucionales, del acoso constante desde algunos frentes judiciales y políticos, Petro sigue contando con el apoyo de millones.
Ese apoyo no es ciego ni fanático, como algunos pretenden caricaturizarlo; es un apoyo consciente, crítico y esperanzado. Es la expresión de un pueblo que no quiere volver atrás, que no quiere más de lo mismo, que quiere un país distinto.
Sería un error histórico
Por eso, sería un error histórico —y una irresponsabilidad política— que el Congreso y las altas cortes se nieguen a aprobar las reformas que Colombia necesita.
No se trata de aprobar todo sin debate, sino de comprender que hay un mandato popular que debe respetarse. Si las instituciones no escuchan el clamor que se alza en las calles, estarán cerrando la puerta al diálogo democrático y abriendo el camino al desencanto y la desesperanza.
Colombia pidió transformación, no sabotaje. Ojalá quienes hoy detentan el poder legislativo y judicial estén a la altura de ese momento. Porque la historia juzgará con severidad a quienes se atrevieron a traicionar la esperanza de un pueblo que decidió cambiar su destino.
¿Estarán listos para responder?
