La crisis de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia ha sido objeto de un extenso debate público, en el que se suelen identificar múltiples causas para explicar los problemas que enfrenta el sistema de salud.
Entre estas, muchas voces señalan la presunta insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como un factor clave. Sin embargo, un análisis más profundo muestra que el problema no radica en la UPC, sino en la ineficiencia en la gestión de las reservas técnicas por parte de las EPS.
Este manejo deficiente genera problemas de liquidez, retrasa los pagos a los prestadores de servicios de salud y compromete la estabilidad del sistema.
Le puede interesar: EPS desaparecieron reservas técnicas por más de 12 billones
La UPC es un instrumento financiero diseñado para cubrir los costos esperados por la atención en salud de los afiliados a las EPS.
Aunque es cierto que en algunos casos puntuales puede no ser suficiente para cubrir todos los costos, su diseño se basa en cálculos actuariales y probabilísticos que buscan garantizar una financiación sostenible para el sistema.
Pero la clave del funcionamiento adecuado del modelo radica en la gestión responsable de los recursos por parte de las EPS. Según las normas vigentes, las EPS están obligadas a mantener reservas técnicas en inversiones seguras, lo que permite asegurar que siempre cuenten con los recursos necesarios para afrontar contingencias y cumplir con sus obligaciones.
Le puede interesar: Informe de la ADRES refleja la corrupción en las EPS
No obstante, la realidad muestra que muchas EPS no cumplen con este requisito legal.
Algunas optan por invertir sus reservas en activos de alto riesgo, lo que las expone a pérdidas significativas en épocas de inestabilidad económica. Otras, incluso, han sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos. Este comportamiento pone en jaque su solvencia financiera, causando retrasos en los pagos a los prestadores de servicios de salud y afectando directamente la calidad de la atención a los usuarios.
Un caso ilustrativo de cómo se han manejado estos problemas es la autorización temporal, hecha en el gobierno de Iván Duque, en 2022 para que las EPS utilizaran sus reservas técnicas con el fin de cubrir sus operaciones.
Si bien esta medida alivió parcialmente la crisis en el corto plazo, no abordó el problema estructural de fondo: la mala gestión de los recursos.
De este modo, se perpetuó un círculo vicioso en el que las EPS dependen de medidas excepcionales para subsistir, sin implementar reformas que aseguren su sostenibilidad a largo plazo.
Le puede interesar: El de las EPS con la salud es “el desfalco del siglo” dice Carolina Corcho
Un problema estructural de corrupción
La ineficiencia en la gestión de las reservas técnicas por parte de las EPS constituye un problema estructural que tiene graves consecuencias para el sistema de salud.
Estas reservas, diseñadas para garantizar la estabilidad financiera de las EPS y permitirles cumplir con sus obligaciones hacia los prestadores y usuarios, han sido objeto de un manejo inadecuado en múltiples casos.
Esta situación no solo refleja un mal uso de los recursos destinados a la salud, sino que, en casos, ha permitido prácticas corruptas que equivalen al robo de los recursos de los colombianos.
Las reservas técnicas son una herramienta clave dentro del modelo de salud.
Su correcta administración asegura que las EPS puedan enfrentar imprevistos financieros y honrar sus compromisos con hospitales, clínicas y otros prestadores.
Sin embargo, muchas EPS han desviado estos fondos hacia inversiones de alto riesgo o incluso hacia usos ilegales que no tienen relación con la atención en salud. Esto genera problemas de liquidez que llevan a retrasos en los pagos y, en última instancia, a una menor calidad en la atención a los pacientes.
El impacto de esta mala gestión es profundo.
Los prestadores de servicios de salud sufren retrasos en el pago de las deudas, lo que afecta la disponibilidad de insumos, medicamentos y personal médico.
Esto se traduce en largas esperas, limitación de servicios y, en los casos más graves, pérdida de vidas. Además, estas prácticas dañan la confianza de los ciudadanos en el sistema de salud y en las instituciones responsables de garantizar su funcionamiento.
Reforma a la salud
Para abordar este problema, resulta fundamental implementar una reforma estructural que elimine la intermediación financiera de las EPS.
Este modelo, que coloca a las EPS como intermediarias en la administración de recursos, ha demostrado ser vulnerable a prácticas ineficientes y corruptas.
Un sistema alternativo podría ser aquel en el que los recursos sean manejados directamente por el Estado o por entidades sin ánimo de lucro con estrictos controles de transparencia.
Le puede interesar: UPC: Denuncian mentiras y trampa en información reportada por las EPS a MinSalud
Esta reforma debe incluir mecanismos de supervisión sólidos y la imposición de sanciones ejemplares para aquellos responsables de malversar fondos destinados a la salud.
Asimismo, es necesario promover un modelo en el que los recursos estén enfocados exclusivamente en garantizar la prestación efectiva de servicios, sin que intereses financieros particulares interfieran en su uso.
La crisis en la gestión de las reservas técnicas no solo evidencia ineficiencia, sino que configura un abuso deliberado de los recursos de la salud pública. Una reforma que elimine la intermediación financiera de las EPS y priorice la transparencia y la eficiencia es indispensable para restaurar la confianza y asegurar el derecho a la salud de todos los colombianos.
