Estamos viviendo un saboteo sistemático de la mayoría de las fuerzas del establecimiento colombiano al accionar del gobierno Petro, una combinación de fuerzas entre los más poderosos grupos financieros, sus medios de comunicación y los organismos de control pretenden hacer invivible la república.
El saboteo sistemático de la mayoría de las fuerzas del “establishment” contra un gobierno popular – como el de Petro – es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia en diferentes contextos políticos y sociales.
En estas situaciones, se combinan las fuerzas de los más poderosos grupos, sus medios de comunicación y los organismos de control para hacer invivible la república y socavar los esfuerzos de un gobierno elegido por el pueblo.
Los grupos financieros poderosos tienen una gran influencia en la economía del país.
Utilizan su poder económico para presionar y desestabilizar la gestión del gobierno. Esto puede incluir la manipulación de los mercados financieros, la fuga de capitales, la especulación monetaria y otras tácticas destinadas a debilitar la economía y generar descontento en la población.
Además, los medios de comunicación controlados por estos grupos financieros desempeñan un papel fundamental en el sabotaje sistemático.
Utilizan su poder para difundir narrativas negativas, desinformación y propaganda contra el gobierno popular.
¿Qué buscan?
Mediante la manipulación de la opinión pública, estos medios buscan erosionar la confianza en el gobierno de Petro y minar su legitimidad.
Por otro lado, los organismos de control, como los poderes judiciales y los órganos reguladores, – hoy controlados por el uribismo en Colombia – también están cooptados o influenciados por los intereses de los grupos financieros.
La Procuraduría y la Fiscalía General, en teoría diseñados para salvaguardar la justicia y el equilibrio en la sociedad, dan la impresión de ser las herramientas utilizadas para perseguir y obstaculizar las políticas y acciones del gobierno.
Pueden iniciar investigaciones y procesos judiciales injustificados, con el objetivo de debilitar al gobierno y desviar su atención de la implementación de sus políticas.
Estos ataques constantes pueden generar un clima de incertidumbre política y jurídica, creando una sensación de inestabilidad en la sociedad.
Estas acciones distorsionan el funcionamiento adecuado de los mecanismos de control y pueden tener un impacto perjudicial en la democracia y en el Estado de derecho.
Una de las principales consecuencias es la erosión de la confianza en las instituciones.
Los organismos de control son fundamentales para salvaguardar la integridad y la imparcialidad del gobierno, y cuando se utilizan para fines partidistas o para perseguir a oponentes políticos, se socava la confianza de la ciudadanía en estos organismos.
La percepción de imparcialidad y neutralidad se ve afectada, lo que debilita la credibilidad del gobierno y las instituciones democráticas en su conjunto.
Además, cuando los organismos de control son instrumentalizados, se obstaculiza la rendición de cuentas y se debilita el equilibrio de poderes.
Estos organismos tienen la responsabilidad de investigar posibles abusos de poder y actuar como contrapeso para evitar la concentración excesiva de autoridad en el gobierno.
Sin embargo, si son utilizados para perseguir y obstaculizar a actores políticos específicos, se dificulta la rendición de cuentas y se crea un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos, lo que puede llevar a un abuso de poder y a la impunidad.
Debilitan la capacidad del gobierno para implementar políticas
Otra consecuencia importante es el debilitamiento de la capacidad del gobierno para implementar políticas y acciones efectivas.
Cuando los organismos de control son utilizados para obstaculizar las políticas gubernamentales legítimas, se dificulta la gobernabilidad y la capacidad de llevar a cabo reformas y acciones necesarias para el desarrollo del país.
Esto puede resultar en una parálisis política y en la falta de avances en áreas críticas como la economía, la educación, la seguridad, entre otras.
Además, esta instrumentalización de los organismos de control puede tener un efecto intimidante sobre los actores políticos y la sociedad civil.
Si se utiliza como una herramienta para perseguir y acosar a oponentes políticos, se crea un clima de temor y represión, lo que inhibe la libertad de expresión y la participación ciudadana.
Buscan generar efectos negativos
Esto debilita la democracia y limita la diversidad de opiniones y la pluralidad política, socavando los principios fundamentales de un sistema democrático.
Cuando los organismos de control son utilizados para perseguir y obstaculizar las políticas y acciones del gobierno, se generan efectos negativos que erosionan la confianza ciudadana, debilitan la rendición de cuentas, obstaculizan la gobernabilidad y amenazan la democracia y el Estado de derecho.
Es fundamental preservar la independencia y la imparcialidad de estos organismos para garantizar su efectividad y salvaguardar los principios democráticos en una sociedad.
En respuesta a este sabotaje sistemático, el gobierno de Gustavo Petro necesita ser resiliente y tomar medidas estratégicas.
¿Qué hacer?
Es crucial que construya alianzas sólidas dentro de la sociedad civil, los movimientos sociales y otros países que compartan sus valores y objetivos.
El fortalecimiento de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas también puede ser fundamental para contrarrestar los intentos de socavamiento.
Asimismo, el gobierno de Gustavo Petro debe seguir como hasta ahora trabajando en la diversificación de la economía, buscando fuentes alternativas de financiamiento que reduzcan su dependencia de los grupos financieros tradicionales.
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