Las tribulaciones judiciales del Concejo de Barrancabermeja parecen que no cesan y cada tanto aparece una nueva sentencia o una providencia judicial que pone en aprietos a la corporación, ya sea ordenando una actuación o indicando una destitución.
Lamentablemente para la localidad la inestabilidad del concejo se ha convertido en algo normal, como si fuera parte de su funcionamiento, lo que ha provocado una mayor desconfianza e indiferencia de la población hacia esa entidad.
Los enredos judiciales son pan de cada día en la corporación, y lo que se esperaría como un espacio de discusión de los asuntos de interés del distrito se ha convertido en un campo de batalla judicial, donde la discusión termina girando sobre intereses particulares y las decisiones terminan por depender de fallos judiciales.
Las maniobras y determinaciones de la entidad, o más específicamente de algunos de sus integrantes, más que buscar dar respuesta al interés general, se han convertido en varios casos en eternas discusiones que solo buscan dilatar decisiones importantes, todo al parecer respondiendo a intereses individuales.
Y todo termina por resolverse en los estrados judiciales, muchas veces con nefastas consecuencias para el concejo y afectando a la municipalidad. Además de lo anterior, la integración del concejo está sujeta a una permanente inestabilidad fruto de las sentencias judiciales que a la fuerza terminan por cambiar la conformación de la entidad.
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En la última década han sido las decisiones judiciales las que han promovido una renovación en la conformación del concejo más efectiva que las diferencias en las preferencias electorales de los ciudadanos.
Se ha perdido la cuenta de los concejales que han perdido su investidura y han quedado inhabilitados, en lo que va de este periodo ya van alrededor de seis concejales que han perdido su cargo, algo que a primera visa podría parecer negativo, señalando los problemas de funcionamiento de la entidad, pero que también ha servido para que nuevos candidatos accedan a la corporación edilicia.
Así que entre sentencias judiciales y cambios en su composición la entidad tiene que adaptarse para funcionar, lo que necesariamente debilita su capacidad de gestión, de control político y sobretodo de ser el espacio de discusión de los asuntos públicos del distrito.
A pesar de todo esto, y a sabiendas de lo que sucede, cada cuatro años cientos de personas se inscriben para buscar un lugar en la corporación edilicia, una competencia feroz por 17 escaños.
Hay diferentes motivaciones para ese interés electoral, desde la mera consecución de un empleo hasta la posibilidad de gestionar en beneficio de la comunidad y la defensa de los intereses de algunos sectores de la población.
La débil cultura y formación política no permiten que los aspirantes a integrar la corporación se aparten de esta dinámica perversa, manteniendo y hasta empeorando el estado de cosas, casi que institucionalizando la crisis de la entidad, con sus consecuencias sobre su gestión y el desprestigio e incredulidad entre la comunidad.
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Pero es preocupante que estos problemas del concejo no se han resuelto y se han mantenido como una constante, lo que no favorece a la institución ni a su funcionamiento.
Con cada nueva elección y conformación de la corporación se mantienen las dificultades y hasta se agudizan, esto se ejemplifica con lo que está sucediendo con el actual concejo.
Han sido más los incidentes y disputas judiciales en este algo más de año y medio de labor que los resultados en control político. Cerca de una tercera parte del concejo ha cambiado por sanciones a los corporados, con destituciones e inhabilidades, y al parecer se aproximan más, además de los líos judiciales entorno a las elecciones de los órganos de control que se ha convertido en toda una compleja trama que enreda a toda la corporación.
Este contexto debilita a la administración pública y la gobernabilidad local, en especial en asuntos de control político, lo que deja a la alcaldía distrital sin los necesarios contrapesos del concejo.
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Temas claves como el manejo de la pandemia o las dificultades económicas y sociales de amplios sectores de la población requieren una activa discusión pública, y el escenario debería ser el concejo pero su trámite allí ha sido bastante insatisfactorio, y aunque es difícil decir la causas, los cambios constantes en el integración de la corporación y las discusiones judiciales parecen que han distraído y dificultado la labor del concejo en esas materias, así como en el control político a los funcionarios distritales con responsabilidades en esas materias.
Un gobierno local sin el control político del concejo actúa sin uno de los escenarios de rendición de cuentas más importantes, lo que termina por permitir una gestión administrativa distrital desconectada y desarticulada.
Habrá que esperar que sucede con el destino de los concejales y de la corporación misma, ante los procesos judiciales en trámite, pero desde la ciudadanía se debe replantear los perfiles y propósitos de los que van a integrar la entidad para al fin detener esta situación.
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