En 1975 el presidente Alfonso López Michelsen designó como gobernadora de Risaralda a Dora Luz Campo de Botero, nombramiento vetado por monseñor Darío Castrillón, (el mismo que bendijera la Posada Alemana de Lehder), porque la señora no tenía un matrimonio católico.
La ilustre dama declinó. Años después, Beatriz Londoño de Castaño fue nombrada por Betancur como gobernadora de Caldas y monseñor Pimiento intentó, sin éxito, un veto por razones similares a las esgrimidas por Castrillón.
Traigo a cuento estas dos anécdotas para ilustrar algunos excesos del control de una supuesta autoridad moral y que hoy se me antojan un mal menor al lado de un presente de impunidad y complicidad social con todo tipo de corrupción tanto en lo público como en lo privado, corolario de la influencia perversa de las actividades ilícitas, en especial del narcotráfico, que secuestró las instituciones hasta convertir a Colombia en lo que en 1994 Joseph Toft, el jefe de la DEA, definió como narcodemocracia, lo cual en su momento nos indignó, pero con el tiempo tuvimos que darle la razón.
Un círculo vicioso de narcotráfico, conflicto armado, tragedia ambiental, cooptación de la administración pública con corrupción en la contratación estatal, y una ciudadanía tolerante y en ocasiones cómplice, que hundió nuestra sociedad en una dinámica delictiva.
La sociedad requiere controlar a su interior las conductas indeseables. Corresponde a los ciudadanos ejercer el deber y el derecho de lo que se ha denominado control social mediante organizaciones de derecho privado, veedurías, redes sociales y otras encargadas de poner en conocimiento de las instituciones de justicia y de control para que actúen en consecuencia.
Es una realidad la ineficiencia de éstas, que además actúan con claro sentido de preferencia, lejos de la justicia, y con descaro e impudicia sobresalientes. Hemos renunciado también a la sanción social, innegociable en otros tiempos cuando al que pusiera en peligro los valores de la decencia, se aislaba socialmente. Debemos rescatar el control y la sanción sociales, mirar con lupa a quienes se autodenominan “gente de bien” y condicionar el voto a la honestidad e integridad ética de los candidatos.
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