El caso de la representante legal de Fidupetrol ultrajada y el de “un trozo de pizza” en Buró 2021 hacen público de nuevo la cultura de abuso del poder
Estaba leyendo esta semana con entusiasmo la reciente, y sorprendente, columna de la exministra de Comercio, María Claudia Lacouture, en la que llamó a “valorar mejor cualquier oficio y reinventar los códigos sobre el respeto y la dignidad”.
Que lo diga tan digna representante de la dirigencia nacional no dejó de ilusionarme con lograr relaciones laborales más democráticas en la “Colombia Amarga”, pero ahí mismo otro golpe nos tiró a la realidad: María Alejandra Silva, copropietaria de la feria Buró 2021 estaba protagonizando otro escándalo de discriminación en el mundo del trabajo.
La señora Silva le negó, a la media noche de un arduo día de trabajo, un trozo de pizza a uno de tantos vigilantes a su servicio en la instalación de los stands de la tal feria, y que con su trabajo, estaba contribuyendo a los fines de su empresa.
Otro escándalo de gente “bien” del norte de la capital, un hecho de una inhumanidad suprema que merece el mayor reproche social, y una investigación del Ministerio de Trabajo, pero después me acordé que esa vaina que dirige Ángel Custodio ya no existe.
Lo triste es que la señora se enredaba más cada hora porque no se daba cuenta que era la victimaria y no la víctima de un ruido mediático.
Difícil porque ella parece sentirse en un altar. La señora Silva se siente o mejor, se vende, como mecenas, como la gran dama benefactora del emprendimiento nacional, apenas por debajo del presidente Duque.
Entre más explicaciones daba la señora, más la embarraba, y además fue incapaz al menos de disculparse.
Lo triste es que este episodio es solo la punta del iceberg de la discriminación sistemática en el trabajo que se vive cotidianamente en nuestro país y a todos los niveles. “Gente de bien” en las esferas directivas de compañías creyéndose con el derecho “divino” de humillar y maltratar a otros trabajadores y trabajadoras.
Ya me había referido en este mismo espacio, hace casi un año, al caso de un vigilante acosado en un edificio de “gente de bien” del norte de Barranquilla, que tuvo que acudir a la justicia constitucional para que se le reparara y se le pidiera perdón por todas las humillaciones de las que había sido víctima.
Quisiera saber si se cumplió la sentencia.
El caso de “un trozo de pizza” hizo público de nuevo lo que muchos quieren mantener en privado, la cultura de abuso del poder en las esferas del trabajo, casi siempre invisible, imperceptible, un drama que se vive en silencio, al interior de los muros de las entidades o las fábricas.
Los empresarios y las empresarias creen que la Constitución no opera en los sitios de trabajo y los ayuda mucho la ineptitud de la inspección del trabajo, solo les queda a los trabajadores la autotutela de sus derechos. Por cosas como estas han nacido muchos sindicatos en el país.
Estaba leyendo esta semana con entusiasmo la reciente, y sorprendente, columna de la exministra de Comercio, María Claudia Lacouture, en la que llamó a “valorar mejor cualquier oficio y reinventar los códigos sobre el respeto y la dignidad”.
Que lo diga tan digna representante de la dirigencia nacional no dejó de ilusionarme con lograr relaciones laborales más democráticas en la “Colombia Amarga”, pero ahí mismo otro golpe nos tiró a la realidad: María Alejandra Silva, copropietaria de la feria Buró 2021 estaba protagonizando otro escándalo de discriminación en el mundo del trabajo.
La señora Silva le negó, a la media noche de un arduo día de trabajo, un trozo de pizza a uno de tantos vigilantes a su servicio en la instalación de los stands de la tal feria, y que con su trabajo, estaba contribuyendo a los fines de su empresa.
Otro escándalo de gente “bien” del norte de la capital, un hecho de una inhumanidad suprema que merece el mayor reproche social, y una investigación del Ministerio de Trabajo, pero después me acordé que esa vaina que dirige Ángel Custodio ya no existe.
Lo triste es que la señora se enredaba más cada hora porque no se daba cuenta que era la victimaria y no la víctima de un ruido mediático.
Difícil porque ella parece sentirse en un altar. La señora Silva se siente o mejor, se vende, como mecenas, como la gran dama benefactora del emprendimiento nacional, apenas por debajo del presidente Duque. Entre más explicaciones daba la señora, más la embarraba, y además fue incapaz al menos de disculparse.
Lo triste es que este episodio es solo la punta del iceberg de la discriminación sistemática en el trabajo que se vive cotidianamente en nuestro país y a todos los niveles. “Gente de bien” en las esferas directivas de compañías creyéndose con el derecho “divino” de humillar y maltratar a otros trabajadores y trabajadoras.
Ya me había referido en este mismo espacio, hace casi un año, al caso de un vigilante acosado en un edificio de “gente de bien” del norte de Barranquilla, que tuvo que acudir a la justicia constitucional para que se le reparara y se le pidiera perdón por todas las humillaciones de las que había sido víctima. Quisiera saber si se cumplió la sentencia.
El caso de “un trozo de pizza” hizo público de nuevo lo que muchos quieren mantener en privado, la cultura de abuso del poder en las esferas del trabajo, casi siempre invisible, imperceptible, un drama que se vive en silencio, al interior de los muros de las entidades o las fábricas.
Los empresarios y las empresarias creen que la Constitución no opera en los sitios de trabajo y los ayuda mucho la ineptitud de la inspección del trabajo, solo les queda a los trabajadores la auto tutela de sus derechos.
Por cosas como estas han nacido muchos sindicatos en el país.
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