Estas son las veces que el Estado le falló de manera explícita a Jineth Bedoya tanto en lo relacionado con su caso, como en garantizar la seguridad de su ejercicio periodístico.
Fallas que ocurrieron incluso antes del 25 de mayo del 2000, día en que sucedieron los graves hechos que hoy son conocidos a nivel mundial, tras haber sido presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de dos décadas de inoperancia de la justicia colombiana.
Por supuesto, bajo estas fallas subyacen muchas más.
Los hechos y declaraciones aquí presentados fueron tomados del interrogatorio realizado el día de ayer en la audiencia virtual pública por parte de los jueces de la Corte, a la demandante Jineth Bedoya Lima, que terminó con el Estado colombiano retirándose de la misma tras alegar una supuesta “falta de garantías” y así resultando en la más reciente de esta larga lista de fallas que incluyen negligencias, inoperancias, complicidades y revictimizaciones.
La primera vez que el Estado Colombiano le falló a Jineth Bedoya fue en 1998, cuando la periodista y su madre fueron víctimas de un atentado que nunca fue investigado.
“Yo era reportera judicial del periódico El Espectador y estaba documentando un caso de tráfico de armas y compra y venta de secuestrados, además de otras violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo desde la cárcel nacional La Modelo, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo para ese momento, y donde ocurrían todo tipo de hechos, desde tráfico de armas hasta violaciones de derechos humanos contra quienes estaban recluídos en esa cárcel, contando con descuartizamientos, desapariciones y secuestros tanto al interior como fuera de la cárcel.
Esta investigación tenía un componente muy especial y era que allí confluían todos los grupos armados de Colombia. Había paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada.
Lo paradójico era que, públicamente, los agentes del Estado combatían a estos grupos ilegales, pero dentro de la cárcel eran aliados y tenían alianzas para vender ese armamento para negociarlo, para traficarlo y para surtir de armas a algunos frentes de las Farc, así como de armas al paramilitarismo.
La cárcel La Modelo era la oficina desde donde se conectaba todo el crimen del país en ese momento.
Las investigaciones habían iniciado desde finales de 1997 e inicialmente yo las había hecho desde la emisora en la que trabajaba, en RCN radio, y posteriormente, cuando entré a trabajar al Espectador, empezamos a hacer publicaciones sobre las violaciones de derechos humanos que cometían los grupos armados allí dentro de la cárcel con, lamentablemente, complicidad de agentes del Estado. Estoy hablando de integrantes del Ejército y, especialmente, de la Policía. Las publicaciones eran más de 50 en ese lapso (entre 1999 y el 2000).
Las amenazas se habían iniciado a finales de 1998 y por eso decidí dejar la emisora RCN radio, donde trabajaba, y cuando ingresé al Espectador y retomé la investigación de la cárcel La Modelo, iniciaron las amenazas. En mayo de 1999, lamentablemente, mi mamá y yo fuimos víctimas de un atentado, atentado que denunciamos ante las autoridades, ante la Policía, pero nunca se investigó”.
La segunda vez que el Estado le falló a Jineth fue en noviembre de 1999, cuando le negó la protección solicitada para ella y para su madre tras múltiples amenazas, indicando que Jineth “no estaba en riesgo”.
“Posteriormente, cuando las amenazas se incrementaron, enviamos una carta al antiguo Departamento Administrativo de Seguridad DAS, pidiendo protección y pidiendo que se me entregara un esquema de seguridad. Yo envié esa carta en agosto de 1999.
La respuesta del Estado llegó en noviembre de 1999 donde decían que yo “no estaba en riesgo” y que, por lo tanto, no podía acceder a un esquema de seguridad.
Nunca se investigó, pese a que presentamos la denuncia ante la Policía y ante el DAS, nunca nos llamaron a declarar ni tampoco nos llamaron ante la Fiscalía. Ese atentado contra mi madre y contra mí nunca se investigó”.
La tercera vez que el Estado le falló a Jineth fue cuando Inteligencia de la Policía sugirió que la mejor solución para parar las amenazas que la periodista continuaba recibiendo, era que ella se entrevistara con los paramilitares. La llevaron directo a una trampa.
“Después del atentado yo seguía haciendo investigaciones sobre lo que ocurría en la cárcel y el 27 de abril del año 2000 se registró una masacre de 32 internos en la cárcel. El Espectador hizo una serie de publicaciones sobre lo que había ocurrido en esa masacre y cómo había habido responsabilidad de algunas personas del Estado.
Posterior al 27 de abril, yo ingresé a la cárcel para verificar personalmente qué estaba ocurriendo allí y qué era lo que había pasado el día de la masacre. Posterior a eso empezamos a hacer investigaciones, pero también empezaron las amenazas.
Lamentablemente recibimos llamadas donde me decían que me quedaban tres días de vida, que me quedaban 2 días de vida y lo último fueron unas amenazas escritas que llegaron hasta el periódico El Espectador.
Con esas amenazas, el director del periódico y mi editor, mi jefe, Jorge Cardona, decidimos acudir a la policía. Inteligencia de la Policía estuvo en el periódico, nos tomaron algunos testimonios y nos dijeron que la mejor solución para parar esas amenazas era que yo me entrevistara con los paramilitares.
Esa misma noche recibimos una llamada en la que nos ponían una cita para ir a entrevistar a uno de los jefes paramilitares y yo acudí esa mañana del 25 de mayo para hacer esa entrevista, para entrevistar a ese jefe paramilitar que me había puesto la cita.
Lamentablemente era una trampa”.
La cuarta vez que el Estado le falló a Jineth fue el 25 de mayo del 2000, el día en que fue secuestrada en las puertas de una cárcel de máxima seguridad, frente a una patrulla de Policía, y fue torturada y víctima de acceso carnal violento con complicidad de agentes del Estado.
“La mañana del 25 de mayo, mi editor, mi jefe, Jorge Cardona, el fotógrafo de El Espectador y yo, acudimos a la puerta de la cárcel La Modelo para hacer esa entrevista.
Llegamos a la puerta de la cárcel. Una persona del INPEC, del Centro de Prisiones de Colombia, nos dijo que la boleta para ingresar a hacer la entrevista ya estaba lista, que teníamos que esperar un momento y nos quedamos en la puerta de la cárcel esperando.
Pasaron algunos minutos, luego el guardián del INPEC abrió la puerta, dijo que la boleta para entrar a hacer la entrevista estaba lista y mi compañero, mi jefe Jorge Cardona se fue por el fotógrafo y mientras él se fue por el fotógrafo fui abordada por dos personas en la puerta de la cárcel, un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola nueve milímetros, me encañonó, me llevó desde la puerta de la cárcel, enfrente de una patrulla de la Policía que en ese momento prestaba seguridad a la cárcel.
Me llevaron a un lugar cercano a la cárcel, me amarraron, me golpearon, me llevaron en un carro, me sacaron de la ciudad y empezó una larga travesía de muchas horas en las que afronté todo tipo de abusos, de torturas y todo terminó en una violación masiva en un lugar a muchas horas de Bogotá, era un lugar donde además había otros hombres, hombres uniformados.
Y después de eso no sé qué ocurrió, pero ellos me dejaron abandonada en una carretera, casi muerta.
La quinta vez que el Estado le falló a Jineth, fue cuando la Fiscalía “perdió” las pruebas del caso que ella misma, junto con su equipo, había logrado conseguir.
“Inicialmente la denuncia por el secuestro la interpuso Jorge Cardona, mi editor judicial, y posteriormente me llamaron a unas declaraciones.
Nosotros mismos como periodistas allegamos varias pruebas. De por sí, con el CTI de la Fiscalía colombiana, hicimos unas grabaciones a personas que dieron testimonio sobre quiénes eran los autores materiales del hecho, cómo habían conseguido las armas y cómo me habían secuestrado, pero lamentablemente todas esas pruebas se perdieron.
Parte del expediente se perdió en los meses siguientes”.
La sexta vez que el Estado le falló a Jineth fue cuando la Fiscalía la re victimizó, por más de 11 años, exigiéndole que investigara su propia tragedia y haciéndola narrar, al menos 12 veces, su violación.
“Durante 11 años, el Fiscal que estaba encargado del caso, me llamaba para decirme que yo porqué no seguía investigando mi caso y que le entregara esas investigaciones a él para poder aclarar el hecho.
Me pareció revictimizante porque yo no era quien debió investigar.
¿Yo cómo iba a investigar sobre mi propio dolor y sobre mi propia tragedia? El proceso estuvo paralizado durante 11 años y, solo cuando la FLIP decidió investigarlo formalmente y presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuevamente se reactivó con muchas revictimizaciones y muchos hechos que hoy siguen ocurriendo como persecuciones, intimidaciones, amenazas constantes, y ninguno de estos hechos se ha aclarado.
Yo tuve que narrar mi violación 12 veces ante la Fiscalía.
No les bastó con un solo testimonio sino que me llamaron repetitivamente para que volviera a contar los hechos.”
La séptima vez que el Estado le falló a Jineth fue cuando omitió toda la información que implicaba a miembros de la Policía en el crimen cometido contra la periodista y la compra y venta de secuestrados a las Farc. Tuvieron que pasar 11 años, y se tuvo que llevar el caso a un tribunal internacional, para que este fuera retomado. Durante todo este tiempo, la periodista no ha parado de recibir amenazas (incluso fue secuestrada y estuvo en cautiverio durante 8 días) y el Estado ni ha investigado ni mucho menos dado con los responsables. Por el contrario, los ha protegido.
Inicialmente la investigación que yo adelantaba nos llevaba a establecer que había personas de la Policía implicadas y que había una red de policías activos que secuestraban personas y luego se las vendían al Frente 53 de las Farc, y a otros frentes de las Farc, y sabíamos que había agentes del Estado implicados.
Lo que no entendíamos en ese momento es que hubiera personas de tan alto nivel implicadas en esta red criminal.
Muchos años después, gracias a las investigaciones periodísticas pero también a los testimonios que han entregado varios de los paramilitares que han sido llamados al proceso, logramos establecer que quien era la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un General de la Policía. Un alto oficial de la Policía, en complicidad con otras personas de la Policía y otras organizaciones criminales.
Desde finales del año 2000, después de mi secuestro, y a la fecha, hoy, en marzo del 2021, he seguido recibiendo amenazas y persecuciones, pero además intimidaciones a mis fuentes y personas que hacen parte del proceso que han sido intimidadas y que han sido víctimas de acoso y de otros hechos.
A la fecha no tenemos claro quiénes son los responsables, la Fiscalía no ha adelantado una investigación seria al respecto, no hay personas indicadas pero tampoco se ha aclarado quiénes son quienes están detrás de esas amenazas.
Paradójicamente el día que mi caso fue admitido en la Corte en el año 2019, la mañana siguiente al anuncio de que el caso había sido admitido, recibí amenazas desde un teléfono fuera de Colombia, le entregamos todos los datos y todas las pruebas a la Fiscalía y dos años después tampoco han logrado establecer quienes hicieron esas amenazas.
Después del 25 de mayo realmente todo fue muy confuso y muy difícil porque era imposible seguir viviendo en Colombia sabiendo que la amenaza estaba latente, recibimos apoyo de parte de la Comunidad Internacional para que yo me fuera al exilio con mi mamá pero yo decidí quedarme en Colombia porque creía y sigo creyendo hoy que yo no debo nada, que yo no soy responsable de lo que ocurrió, que era imposible irme como si estuviera huyendo de algo malo que hubiera hecho cuando yo no provoqué lo que pasó.
Después de eso tengo que confesar que hubo un momento muy difícil en el que yo tomé la decisión de suicidarme pero el poder seguir haciendo periodismo, gracias a la oportunidad que me dieron en el Espectador, me hizo tomar la decisión de concentrarme 100% en mi trabajo periodístico.
Durante todos estos años me he dedicado a documentar el conflicto armado colombiano y hacer investigaciones, y denuncias, y eso obviamente siguió trayendo problemas.
En el 2003 haciendo un reportaje en la selva de Colombia a donde no podía obviamente desplazarme con mi esquema de seguridad, fui secuestrada por el frente 54 de las Farc con el reportero gráfico que me acompañaba.
Estuvimos en cautiverio 8 días y luego gracias a la acción humanitaria de la iglesia de la zona y de habitantes de la zona la guerrilla, nos dejó en libertad.
En el año 2008 presentamos las primeras pruebas de las personas que eran responsables del Estado de ordenar mi secuestro y todo lo que ocurrió en este secuestro. En ese momento le pedimos a la Fiscalía que iniciara la investigación sobre los autores intelectuales pero la investigación no avanzó.
En el 2011, cuando presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y empiezan a aparecer los autores materiales, ellos mismos le entregan su testimonio a la Jurisdicción de Justicia y Paz, dando los nombres de las personas que habían ordenado el secuestro y que habían ordenado otros crímenes.
Lamentablemente, desde esa fecha hasta hoy no ha avanzado la investigación, nunca se ha llamado a declarar a alguna de las personas señaladas como autores intelectuales.
Se hizo un llamamiento de un General de la Policía en tres oportunidades, nunca compareció ante la Fiscalía y la Fiscalía no hizo absolutamente nada para que él fuera obligado a ir a comparecer.
La investigación sobre los autores intelectuales está completamente muerta, pese a que estos autores están señalados, hay pruebas, hay testimonios y hemos solicitado constantemente por parte de mis abogados defensores que se abra esa investigación y que se establezca esa responsabilidad.
Eso en el caso de la Policía.
En el caso del INPEC, la Dirección Nacional de Prisiones en Colombia, tampoco se ha hecho una investigación sobre las personas que ese día estuvieron en el momento del secuestro, pero además, de las personas que sabían que yo estaba haciendo la investigación sobre este tráfico de armas y compra y venta de secuestrados.
No hay ningún avance porque no se ha hecho sencillamente nada sobre este particular.
Yo puedo decir con total tranquilidad que yo considero que a esta persona que está señalada la han protegido constantemente porque es una persona influyente, porque tiene amigos influyentes, porque es amigo de muchas personas de los diferentes gobiernos que han pasado en Colombia desde mi secuestro, porque además es una persona que aún tiene poder en Colombia, pero que además sigue teniendo nexos muy fuertes con personas que alguna vez pertenecieron a la Policía Nacional.
Para mí esta es solamente la muestra de la corrupción, no solamente en este caso, sino la corrupción en general ligada al narcotráfico y a la criminalidad, que lamentablemente ha alimentado la impunidad en Colombia y mi caso no ha sido la excepción.
Lo que tenemos entendido a través de las investigaciones periodísticas, y también a través de los testimonios de algunos paramilitares que han rendido versión es que un par de personas seguirían activas dentro de las instituciones, pero quien hacía parte de la cabeza, este General de la Policía que fue individualizado ya no pertenece a la institución.
Pero sin embargo es una de las personas que maneja a nivel nacional en Colombia oficinas de seguridad privada.
La octava vez que el Estado le falló a Jineth fue cuando le asignó un esquema de seguridad asociado a una red de secuestradores. Después de esto, la Policía le dijo que ellos no podían garantizar su vida.
Pero luego siguieron las amenazas, había seguimientos, hubo muchos problemas con el esquema de seguridad.
Uno de los escoltas, el jefe de mi esquema que me ubicaron en ese momento, una noche después de dejarme en el apartamento fue capturado haciendo un secuestro al hijo de un industrial de Bogotá y se logró establecer que mi esquema de seguridad hacía parte de una red de secuestradores de la Policía.
Obviamente eso fue un golpe muy duro y emocionalmente también porque yo ya no podía confiar en nadie.
Después de eso empezaron a hacerme seguimientos, un día intentaron entrar a mi apartamento, forzaron la cerradura, empezaron a hacerle seguimientos a mi mamá, interceptaron mis comunicaciones. Mis comunicaciones han estado interceptadas durante 21 años.
Luego, en un momento muy difícil, en el que las amenazas estaban muy fuertes, el director de la Policía habló con el director del periódico donde trabajo hoy en día, el diario El Tiempo, y le dijo que lo mejor era que yo me fuera del país porque ellos no podían garantizar mi vida.
Obviamente eso fue un golpe muy duro porque yo decía, si la misma Policía no me puede cuidar, ¿quién lo puede hacer entonces?
Y a lo largo de los últimos años, las amenazas no han cesado.
Además de aparecer en muchos de los panfletos de las denominadas Águilas Negras, llegan mensajes directos a mi teléfono, mensajes de whatsapp, llamadas, llamadas que se hace no solamente desde Colombia sino fuera de Colombia y también mensajes al periódico donde laboro hoy en día.
Han sido unos años muy difíciles, con una carga muy fuerte y años en los que lamentablemente mi salud se ha deteriorado, pero después de todo eso tan difícil que ha ocurrido, como que mataron a una de mis fuentes después de que me reuní con ella, una fuente que me entregó toda la documentación del responsable de mi secuestro, de un General de la Policía, una hora después de despedirme de él lo asesinaron.
A otro testigo que entregó la información y que entregó todos los datos de la persona que había ordenado mi secuestro, y que estaba recluido en una cárcel, decidieron recluirlo en un anexo siquiátrico durante 5 años y le dieron drogas siquiátricas y este hombre terminó demente.
Un hombre que estaba en sus plenos cabales. Eso es lo que puedo decir de las cosas horribles que han pasado en todos estos años.
Llegaron al extremo de amenazar a las mujeres que yo ayudaba, y que apoyo hoy en día, a través de la campaña No es hora de callar. Les hicieron seguimientos y les dijeron que “si seguían recibiendo mi ayuda las iban a matar”.
Quienes siguen haciendo daño hoy son los mismos que hicieron daño hace 20 años y no me refiero exclusivamente a mi caso. Esto es algo sistemático pero además reciclado.
Es como un círculo vicioso donde siguen ocurriendo los hechos pero además donde la criminalidad sigue siendo manejada por las misma personas, por los mismos victimarios, por el mismo aparato corrupto que ha estado enquistado cometiendo todos estos crímenes y no solamente el crimen de Jineth Bedoya, miles de crímenes más…
Siguen siendo los mismos criminales amparados por algunas personas que no saben llevar el uniforme amparado por la Constitución colombiana con el honor que deberían llevarlo.
Es algo sistemático, que se recicla, que sigue amparado bajo el negocio del narcotráfico”.
El Estado colombiano le ha fallado a Jineth Bedoya en garantizar una vida libre de violencias, en garantizar su tranquilidad y salud mental, así como la de su madre. Le falló también al no garantizar un debido proceso, al no proveer justicia ni reparación.
“Mi vida se destruyó. A mí me mataron la mañana de 25 de mayo.
Yo he sacado valor amparándome en el periodismo que creo que ha sido oxígeno para seguir adelante y en las mujeres que como yo han sido víctimas de violencia sexual y he creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor.
Pero lamentablemente mi vida se acabó.
Lamentablemente el no poder tener libertad, el tener que andar escoltada, el hacer periodismo escoltada, el tener que ver todos los días en mi cuerpo las marcas de la violencia sexual y de la tortura, es algo que no permite cerrar este ciclo definitivamente, pero sobretodo la impunidad.
Y yo hoy estoy acá no dejando mi rabia sino hablando de la posibilidad de transformar y la justicia transforma y eso es lo que he intentado hacer para recuperar mi vida.
Mi madre perdió su vida completamente, yo creo que ella en estos 20 años ha vivido mi vida y no la de ella. Ella perdió todo su círculo social, perdió contacto con su familia.
Es una mujer que hoy tiene síndrome de estrés postraumático, que no puede salir sola a la calle. Es una mujer que le cuesta mucho llevar su vida.
Creo que la afectación emocional ha sido lo más duro, porque carga con mi dolor pero también con su dolor. Y creo que eso es lo que nos ocurre a todas las víctimas, sobre todo cuando quien ha sufrido el hecho victimizante es alguien de nuestro entorno, porque es un doble dolor y eso es lo que le ha pasado a ella.
Una condición de salud que se ha deteriorado en todos estos años, pero sobretodo el no poder tener una vida libre, el no poder vivir.
Sabemos que juegan también a eso, al acoso sicológico, al acoso emocional.
Y yo lo puedo manejar porque he vivido en medio de eso, me acostumbré a saber que salía de mi casa pero no saber si voy a regresar, pero ella no. Creo que eso ha sido lo más duro.
Yo muchas veces le he dicho a mi mamá que en algún momento yo podré desaparecer físicamente porque ellos logran eso que están buscando pero la voz ya se levantó.
El testimonio ya está. Las mujeres ya saben que pueden luchar por sus derechos.
Las víctimas saben que tienen derecho a reclamar, a exigir, a decir, a exponer, a visibilizar y eso no lo va a poder cambiar ningún círculo criminal, ninguna intimidación y ninguna amenaza.
Yo no sé si yo sienta miedo, porque cuando a uno lo han matado el miedo casi que queda paralizado.
Y el miedo ya no es por mí, es por mi madre, porque ella ha tenido que llevar la peor carga de todo esto. Y las amenazas creo que han sido un detonante para irnos destruyendo de a poquitos.
Yo sé a qué me estoy exponiendo dando mi testimonio hoy ante la Corte, sé que mi vida sigue en riesgo, sé que mi vida sigue en peligro, pero eso no va a ser una razón para que yo me silencie porque eso fue lo que aprendí de esta dolorosa experiencia, que nunca más me iba a callar, que iba a levantar la voz.
Al día siguiente de que el caso fuera admitido ante la Corte Interamericana, recibí una llamada de otro país, donde me decían cosas relacionadas con la violación, donde me recordaban que me iban a volver a violar y donde me decían que si no era capaz de cerrar la boca que ya sabía qué me esperaba.
Después de esa llamada las amenazas han seguido, la última fue hace pocos meses.
Es no vivir pero he dicho algo muchas veces y es que ¿qué más dolor se puede cargar y qué más sufrimiento se puede cargar cuando ya te han matado?
Es imposible volver a morir cuando ya te han matado.
Y es que eso significan las amenazas, porque es recordarme una y otra vez lo que pasó el 25 de mayo.
Mucha gente me dice que pase la página y que siga adelante.
¿Cómo pasar la página si me siguen llamando, si me siguen enviando mensajes, si me siguen diciendo que lo que me pasó el 25 de mayo me gustó y me lo van a volver a hacer?
Ese “me gustó” es la violencia sexual. ¿Cómo puede vivir uno con eso? ¿Cómo puedo dar el siguiente paso con eso?.
Reparar el dolor que tiene que enfrentar una mujer después de la violencia sexual es casi que imposible.
¿Cómo se puede reparar algo que queda quebrado en mil pedazos? Porque eso es lo que hace la violencia sexual, quebrarnos en mil pedazos.
Y yo he intentado pegar esos pedazos en todos estos años. Pero indudablemente algo que para mí sería reparador es que ese lugar donde inició todo, donde empezó este ciclo de terror se pueda cerrar.
Me refiero a clausurar la cárcel La Modelo, donde no solamente se cometió un hecho de violación de ddhh contra mí, sino donde sistemáticamente se han cometido todos los tipos de violaciones de ddhh durante décadas.
Esa sería realmente una reparación efectiva. Darle una respuesta que no solamente es por violencia sexual sino por desaparición, por descuartizamiento, por secuestro.
La Modelo sigue erguida como algo “de justicia” pero que realmente es el símbolo de la impunidad. Que se cierre y le de campo realmente a la reparación a las víctimas, para mí sería el mayor logro y la mayor medida de reparación que yo pudiera recibir”.
El Estado colombiano también le ha fallado a Jineth Bedoya en garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa en su ejercicio como periodista.
“En diferentes oportunidades ellos (los captores) manifestaron que este era un escarmiento para la prensa, que los periodistas nos metíamos donde no nos debíamos meter, que éramos un mal para el país, que la real plaga no eran ellos sino éramos los periodistas y que esperaban que, con lo que me estaban haciendo, la prensa tomara un escarmiento.
En ese momento era muy difícil entender quiénes eran y por qué lo hacían, pero constantemente me repitieron que era un escarmiento para la prensa en Colombia.
A mí el periodismo me salvó cuando yo creí que ya mi vida no valía nada, y no solamente una sino dos veces.
El periodismo ha sido mi oxígeno, el periodismo ha sido mi herramienta, el periodismo ha sido mi salvavidas en todo sentido.
Pero ejercerlo en las condiciones en las que he tenido que hacerlo es humillante y es revictimizante porque tengo que ingeniarme mil maneras para poder documentar, para poder investigar, para poder llegar a lo más profundo de Colombia que es donde yo hago mi investigación y donde hago mis reportajes.
Seguir arriesgando mi vida pero sobre todo seguir sometiendo a mi mamá a esa angustia de que su hija salga una mañana de casa a hacer su periodismo y en la noche tal vez no regrese, ha sido algo tan tortuoso que es paradójico porque, a la vez me da vida pero al mismo tiempo me la van quitando de a poco.
Y mi gran sueño es volver a ser esa reportera que era antes del 25 de mayo del 2000. Esa es la vida que yo quiero recuperar.
En medio de la dificultad del conflicto armado que hemos vivido en Colombia, y para la época en que ocurrieron los hechos, el que se acosara a una periodista o el que se intimidara a una periodista, estaba casi que naturalizado porque creíamos que por ser mujeres eso era lo que nos tocaba afrontar.
Y el subregistro de caso de mujeres periodistas que han tenido que enfrentar violencia sexual en todas sus formas, en el acoso, la intimidación, en la violencia física como tal, y en la estigmatización que creo que es una de las partes más difíciles y que menos tenemos en cuenta, porque cuando una mujer que comunica habla y denuncia lo primero que se hace es estigmatizarla, es tratarla de una cualquiera.
Y en ese momento había muchos casos. Hubo muchos casos que se silenciaron de situaciones de colegas periodistas mujeres que tuvieron que enfrentar cosas similares a las que a mí me pasó.
Pero luego, cuando el conflicto armado también fue mutando y se fue transformando, la intimidación contra las mujeres periodistas, indudablemente, se enfatizó aún más en perseguirlas y en deslegitimar su palabra por ser mujeres.
Hoy el acoso que sufren muchas de mis colegas periodistas, a través de las redes sociales, pero además a través de correos electrónicos y de llamadas donde sus propias fuentes las intimidan y las estigmatizan, para así deslegitimar sus investigaciones y sus palabras, es una constante.
Y lo más difícil de afrontar es que no hay una cifra clara, solamente las que tiene la Fundación para la Libertad de Prensa de las mujeres que han sufrido violencia sexual, y de las mujeres que hoy están siendo estigmatizadas, ya acosadas por su condición de mujer.
Creo que esa es una deuda grande que tiene el Estado y que tenemos muchas de las organizaciones que trabajamos por los derechos de las mujeres periodistas para visibilizar la real tragedia, porque es una tragedia que silencien a una mujer que comunica por su condición de mujer.
Y hoy muchas mujeres, lamentablemente, se han autocensurado para no ser víctimas de eso. Tenemos un estudio reciente que nos indica que seis de cada diez mujeres periodistas en Colombia han sufrido acoso y en este momento tienen que afrontar persecución y estigmatización.
Ocho de cada diez mujeres periodistas en Colombia deciden autocensurarse o abandonar sus fuentes y su trabajo para no ser víctimas de violencia.
Creo que si la Corte lograra sentar una posición sobre la necesidad de revisar, con enfoque de género, el trabajo que ejercemos las mujeres que comunicamos, sería también un paso fundamental para este hemisferio, porque a nosotras se nos sigue estigmatizando, se nos sigue señalando y se nos sigue intimidando no por ser periodistas, sino por nuestra condición de mujer.
Si cuando a mí me ocurrió eso el 25 de mayo no hubiera sido Jineth Bedoya sino Pedro Pérez, a Pedro Pérez le habrían enviado un sicario y lo hubieran matado; a Jineth Bedoya la torturaron y la violaron.
Y eso tiene que ser un lineamiento claro que tiene que entender no solamente Colombia sino la región. Que por nuestra condición de género no nos pueden seguir “castigando” como dicen nuestros victimarios”.
Como a tantas otras mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, el Estado colombiano también le falló a Jineth Bedoya en garantizar la paz y la protección de las mujeres en todo su territorio, pero además, en reconocer que la violencia sexual también es un crimen de guerra.
“Colombia, lamentablemente, es uno de los países a nivel mundial donde más se han cometido delitos de violencia sexual en el marco de un conflicto armado.
A este Estado y a este país le costó mucho tiempo, muchas décadas, reconocer que la violencia sexual había sido usada como un arma de guerra.
Con toda humildad quiero decirles que yo fui tal vez la primera mujer que públicamente habló de su violación y eso me ha costado mucho, me ha pesado mucho, pero permitió abrir una puerta para que miles de mujeres hablaran y contaran que la violación había acabado con sus vidas.
Si un Estado tiene la altura de reconocer que la violencia sexual es uno de los peores crímenes que se puede cometer contra un ser humano, pero que además, es uno de los crímenes que hay que atacar porque desmorona la base de la sociedad, creo que ese sería un gran paso de justicia y de reparación.
Es increíble que a la fecha, después de cuatro años, la Jurisdicción Especial para la Paz no haya abierto formalmente, como caso, la violencia sexual.
Y la violencia sexual tiene la misma importancia que el secuestro, que la desaparición forzada o que el reclutamiento forzado, porque ataca lo más íntimo de la humanidad de una persona y es necesario que se reconozca.
Semanalmente nos llegan reportes de las niñas que son violentadas sexualmente por estos grupos armados.
Niñas de las cuales se venden sus virginidades, hoy, mientras estamos en esta audiencia, hay muchas niñas que están siendo negociadas por los grupos armados y la arremetida más fuerte contra las mujeres en las zonas más lejanas donde, lamentablemente, por esa impunidad, por esa falta de investigación, por esa falta de acción del Estado, seguimos teniendo mujeres víctimas violencia sexual.
Y en cuanto al periodismo, un periodismo que sigue en las regiones, lamentablemente, autocensurándose, silenciándose, porque denunciar implica perder la vida, denunciar implica el desplazamiento, denunciar implica que los periodistas tengan que dejarlo todo y tengan que refugiarse en otro lado o en otra ciudad debido a la amenaza de estos grupos.
Es cierto que uno de estos grupos, la guerrilla de las Farc, entregó sus armas. Pero todavía falta muchísimo como Estado para poder enfrentar la situación de conflicto armado que seguimos viviendo.
Y ese conflicto armado, lamentablemente, es el que nos sigue dejando víctimas de violencia sexual y que sigue siendo una amenaza latente contra el periodismo”.
La décimo segunda vez en que el Estado colombiano le falló a la periodista Jineth Bedoya fue ayer, 15 de marzo, al retirarse de la Audiencia ante la Corte IDH.
Tenía la palabra Camilo Gómez Alzate, Director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la Audiencia para determinar la responsabilidad del Estado en los hechos de amenazas, secuestro, tortura y violencia sexual que enfrentó la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Gómez alegó una presunta “falta de imparcialidad de la mayoría de los jueces y de la presidenta de la Corte IDH” y anunció que presentará una solicitud de recusación contra cinco de los seis jueces, debido a una supuesta falta de garantías procesales.
Adicionalmente, la testigo ofrecida por el Estado no compareció a rendir su declaración. Este nuevo episodio de revictimización ha desatado la justa indignación colectiva y varias organizaciones de mujeres, y la Fundación para la Libertad de Prensa, han manifestado su rechazo.
ESTADO CORRUPTO.
ESTADO CÓMPLICE.
ESTADO VIOLADOR.
ESTADO COBARDE.
Quizás de todas las formas en que un Estado puede fallarnos a las mujeres, el caso de Jineth reúne la mayoría.
Y tantas omisiones, revictimizaciones y complicidades no pueden llamarse fallas sino violencia Estatal.
No por nada el caso de Jineth Bedoya ha sido reconocido como un crimen de lesa humanidad.
Jineth no solo es una sobreviviente de violencia sexual, Jineth es una sobreviviente de un Estado criminal.
