Amenazas, panfletos, atentados y asesinatos volvieron a ser parte de la cotidianidad en el país a pesar de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Sucede tanto en las zonas donde la violencia había desaparecido, como en donde nunca ha dejado de existir.
El desgarrador video del hijo de María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta fue la “gota que rebosó la copa” y se convirtió en nuestro encuentro cara a cara con la realidad de un exterminio masivo y sistemático contra los líderes sociales y reclamantes de tierras en nuestro país.
Una tragedia que mostró nuevamente el nivel de polarización que sufre Colombia, porque durante varios días se discutió si efectivamente María del Pilar era o no líder social como si finalmente no se tratase de un ser humano.
Se quería ocultar de una manera tan incomprensible que, en un acto despreciable, el mismo alcalde del municipio expidió un comunicado anunciando que ella no era líder social.
Con esto buscaba soslayar la realidad: la presencia de grupos paramilitares en su jurisdicción. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? ¿Hay alguna relación entre el inmueble donde vivía María del Pilar y el papá del alcalde? Estos son interrogantes que la justicia tendrá que resolver pronto.
Organizaciones criminales -grupos paramilitares, clan del golfo, disidencias de las FARC, milicias del ELN, rastrojos- tienen agobiado al país.
El gobierno nacional no puede seguir negando su existencia y tiene la obligación de tomar medidas de choque efectivas para neutralizarlos. No es sólo llevando ejército y policía a la zona. Esto se debe complementar con servicios de justicia (jueces, fiscales), educación, carreteras, acueductos y luz. En otras palabras, bienes públicos, emprendimiento y desarrollo.
También, debe resolver con urgencia el problema de la distribución de la tierra, uno de los detonantes del conflicto armado al país. Es necesario actualizar el registro catastral para otorgarle a los campesinos los inmuebles y muebles que se les arrebató durante décadas.
Este es un problema de todos. Como colombianos no podemos ser indiferentes o apáticos ante el regreso de la violencia. El campo está sufriendo y lo están acabando. El estado debe terminar con la estigmatización, empezado por los miembros del gobierno y su partido.
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