Por: Juan Manuel López C.
Injustificable que conociendo desde hace meses las ´chuzadas´, nada menos que interceptaciones ilegales, solo se “asuma de inmediato” después de la denuncia pública de la presidenta de la Corte.
Pasan en nuestro Macondo cosas que parecen inverosímiles. Es el reciente caso de lo que le sucede a la Corte Constitucional con el tema del espionaje a lo que se discute en sus reuniones.
Por supuesto el mero hecho de que exista la posibilidad de qué tal cosa pueda pasar es sorprendente; pero más lo es la forma en que eso es recibido y tratado.
Por un lado, el hecho mismo de que no sorprenda; se toma como algo casi normal, o en todo caso no insólito. Algo apenas lejanamente parecido, como fue el espionaje a una sede de una campaña política creó tal escándalo en Estados Unidos que tumbó al presidente; no se puede uno ni imaginar cómo serían las reacciones y las consecuencias de algo parecido en una máxima Corte de cualquier país desarrollado.
Según lo reveló el señor fiscal, se tenía en alguna forma conocimiento de esto desde hace varios meses pero solo vino a producir reacciones con las declaraciones de la presidenta de esa Corte haciéndolo de conocimiento público.
Tan poco interés produjo que la investigación inicial se limitó a unas conversaciones con los magistrados Rojas -relacionado ya en grabaciones que parecían referirse a él como blanco de lo que se buscaba- y Linares -como presidente entonces de la Corte-; pero la curiosidad de la Fiscalía no fue más allá de averiguar cuáles tutelas podían ser las que despertarían el propósito de cometer ese delito (por haberse mencionado ello en esas grabaciones).
Dado el antecedente de lo sucedido en el Gobierno anterior, pareció tan ‘normal’ que estuviéramos ante una interceptación por parte de algún ente del Estado que el único otro pasó fue indagar en todos los que podían adelantar legalmente tal acción si esto estaba sucediendo. La respuesta negativa pareció suficiente, no solo para asumir que esto no se estaría desarrollando ilegalmente (como en el pasado), sino para quitarle importancia a la investigación.
Así llegamos a la situación de saber desde hace meses que hay unas ‘chuzadas’ -es decir interceptaciones ilegales- a la Máxima Corte, pero que hoy no se sabe por parte de quién, para qué propósito o por qué razón.
Se pensó en algún vínculo con el ‘Cartel de la Toga’ pero se descartó porque la sospecha gira alrededor de una tutela y al respecto no existe ninguna; por la posición del magistrado Rojas como ponente en el tema del glifosato, se supuso que sería en ese contexto que se causaría el delito, y unas amenazas -aunque posteriores- podrían orientar las sospechas en ese sentido; pero, dado el peso del tema de Oderbrecht, y dado que parece que en Colombia los resultados no fueran equivalentes a los mismos logrados en otros países, es posible (y algunos lo consideran probable) que alrededor de esto esté la explicación.
En todo caso no tiene justificación fácil que ante la dimensión de lo que esto representa, y tras haber tenido información al respecto desde hace meses, solo “de inmediato”, es decir solo después de la denuncia pública de la presidenta de la Corte, se designe y nombre a un fiscal especial para esclarecer de que se trata todo ese embrollo.
Lo aquí expuesto solo tiene por fuente lo registrado e informado en los medios. Lo cual suscita también la inquietud de cómo estamos de anestesiados que se vuelve parte del escenario ordinario este ‘incidente’, que prácticamente parece normal que esto no llegue o se enrede en las manos de la Administración de Justicia quedando sin esclarecerse, y que sea a través de filtraciones que violan la reserva de las investigaciones y del sumario que se obliga a que sea atendido este caso.
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