Por: Horacio Serpa
Acabo de escuchar al presidente Duque en su alocución sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de la Justicia especial de paz, en la que anunció su decisión de objetar por inconveniencia seis artículos del texto aprobado por el Congreso Nacional y revisado por la Honorable Corte Constitucional.
Escribo de inmediato unos comentarios, en espera de que se abra un debate público que permita escuchar la opinión de mucha gente versada en la materia.
Según la Constitución Nacional, toda ley aprobada por el Congreso debe pasar al despacho presidencial para la respectiva sanción, que es la oportunidad que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre su contenido. Si el presidente tiene observaciones, puede objetarla, en todo o en parte, por razones constitucionales o porque es, a su juicio, inconveniente para los intereses nacionales.
Cuando la ley es estatutaria, porque se refiere a aspectos básicos del Estado y de la sociedad, como la paz, los derechos humanos o los derechos fundamentales de los colombianos, antes de llegar al conocimiento del jefe del Estado el proyecto se envía para su revisión constitucional a la Corte respectiva. Si esta le da el visto bueno, el Mandatario no puede objetarla por razones de inconstitucionalidad, como es el caso comentado.
El Doctor Iván Duque señaló unas inconveniencias, respeto de las cuales se debe pronunciar el Congreso Nacional. Si el Congreso acepta las objeciones presidenciales esos textos serán eliminados del proyecto. Si el Congreso desatiende las observaciones presidenciales esas normas serán parte del ordenamiento legal.
Hay que estudiar a fondo las objeciones y darle la razón al gobierno si son fundadas, o rechazarlas con énfasis si solo son pretextos para comenzar a hacer trizas los Acuerdos de Paz. El Congreso debe obrar con ecuanimidad, pero con carácter.
El Congreso Nacional debe tener en cuenta que la paz es un bien supremo y un mandato de la Constitución Nacional y no debe prestarse de ninguna manera para obstaculizar los Acuerdos que en nombre del País firmó el anterior gobierno con las Farc.
Desconocer esos Acuerdos o, como se dice, “meterles el palo en las ruedas”, sería grave, muy grave. Lo digo sin titubeos, sería un acto de traición al pueblo colombiano, al País, a la Patria.
Que nadie se siga llamando a engaño. Desconocer las bondades del Acuerdo no solo es torpe sino desconocer la palabra empeñada y echar por la borda el hecho más conveniente que en favor del pueblo ha ocurrido desde la Independencia. Aquí no puede caber la politiquería ni el pedestre argumento de que fue firmado por el anterior gobierno y no obliga al actual. Nos obliga a todos, pues además fue aprobado por el Congreso Nacional y legitimado por la Honorable Corte Constitucional.
Se espera del Congreso un pronunciamiento claro, comprometido con la paz y digno. El pueblo quiere la convivencia y que cese la violencia. El Congreso tiene la responsabilidad de defender la JEP y de rechazar tanta malquerencia, tanta cizaña, y tanto daño a la democracia.
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