Por: Rosberg Perilla Pérez
Nunca antes los colombianos habíamos tenido la oportunidad de presenciar un espectáculo tan bochornoso —de deshonra y desprestigio— como el que hoy vemos en todo el aparato judicial colombiano.
Me da pena decirlo, pero la reputación que hoy tiene la justicia colombiana está por el suelo, llegando —incluso— a ser considerada por muchos como «una cueva de malandrines».
Precisamente, la misma prensa nacional bautizó como «el cartel de la toga» todo un concierto para delinquir que se ha venido descubriendo allá arriba, con lo más «granado y selecto» de nuestra jurisprudencia nacional.
No en vano, el prestigioso periodista colombiano, Gonzalo Guillén —de frente y sin tapujos— lo dijo: “El Fiscal de Colombia es un hampón».
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Los cuestionamientos sobre algunas instituciones del Estado —en el marco de una serie de escándalos que involucran no solo a las entidades mismas sino a muchos de sus altos funcionarios y representantes— ha generado una cada vez más una «profunda desconfianza ciudadana hacia lo público» que, aunque siempre ha existido, se ha profundizado debido a la recurrencia de hechos que llevan a dudar en particular del aparato que imparte justicia en Colombia.
Es doloroso reconocerlo, es una verdad incómoda.
Los escándalos que han involucrado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía, más los billonarios pagos que se han tenido que realizar como consecuencia de «errores judiciales», (y que salen de los bolsillos de los contribuyentes), son el resultado de las actuaciones parcializadas, irresponsables, pero sobre indolentes de las instituciones judiciales, lo que han obligado al ciudadano a «desconfiar de la aplicación de justicia en el país».
Además —y eso también se ha venido conociendo en los últimos tiempos— hay que señalar los cuestionamientos que se han hecho sobre el actuar «politizado» de la Fiscalía que, al parecer, ha actuado con el propósito de satisfacer objetivos políticos y electorales de un partido político y su líder.
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En este contexto —complicado, absurdo y totalmente injusto— el alcalde Darío Echeverri viene defendiéndose de una serie de acusaciones por el proceso de la revocatoria, por cuenta de unas sindicaciones eminentemente políticas que viene enfrentando bajo un ambiente marcado por un aparato judicial —no solamente criticado— sino bajo continuas sospechas en sus motivaciones, actuaciones y resultados.
Que el Estado colombiano haya tenido que pagar $ 10 billones de pesos (ojo billones con «b») para «indemnizar» a ciudadanos que han sido injustamente acusados por una Fiscalía «politizada», es el síntoma claro de una justicia descompuesta, rancia, podrida … putrefacta.
El alcalde Darío Echeverri, su esposa, el ex secretario General, el ex director del Inderba y uno de sus más cercanos colaboradores, vienen siendo representados por cuatro reconocidos juristas, que no solo deben desarrollar la labor de defensa judicial, sino estar atentos a un aparato de justicia con los antecedentes mencionados, pero además a una serie contradictores políticos que vienen «usando» este proceso judicial, para buscar «ganancias electorales», en las pasadas elecciones al Congreso y presidenciales y ahora en las elecciones locales que se avecinan.
Lo peor del asunto es que algunos «medios de comunicación» hacen eco a una serie de señalamientos, sin siquiera detenerse a revisar el contexto del proceso, los acusadores y los que se están «beneficiando» de esta situación.
Para la opinión pública es claro que hay una persecución política contra el alcalde, su esposa y sus colaboradores.
Desde la revocatoria se puede ver como este acoso contra el alcalde se fue «consolidando».
Hay que recordar que ese proceso (el de la revocatoria) fue dirigido por una ex congresista de pésimos antecedentes políticos y judiciales y un representante a la cámara, del mismo partido político del Fiscal General de la Nación.
Después en un proceso investigativo que se destacó por muchas irregularidades cometidas y por su «exagerada velocidad», se generaron las acusaciones contra el mandatario local y su equipo. Tal vez, esa celeridad del trabajo investigativo se debió a la proximidad de las elecciones parlamentarias y presidenciales, donde el partido político del Fiscal General tenía «grandes expectativas y necesidades electorales» (por lo menos en Barrancabermeja es evidente).
Eso no lo digo yo como columnista. Lo dice Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y jefe de la segunda fuerza política más importante del país.
Usaban la fiscalía para presionar a politicos para apoyar a Vargas Lleras, el jefe politico de Néstor Humberto Martínez?
https://t.co/7ZDMG8dOtX— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2019
¿Qué tocó hacer… a qué mecanismo acudir?
Frente a esa «excesiva rapidez y eficiencia» del aparato investigador judicial del país, no le queda más remedio al mandatario y sus colaboradores, de buscar a importantes defensores que sean capaces de atreverse a enfrentar no solo un juicio penal, sino también a una «persecución político-judicial», a la cual los medios de comunicación han sido, en muchas oportunidades, «testigos ciegos, sordos y mudos» de la situación, y en otras ocasiones «aliados» de los perseguidores.
No hay que llamarse a engaños, este proceso judicial de la «revocatoria» tiene un origen político, solo hay que revisar cómo empezó, como se ha desarrollado y quienes son los protagonistas.
En Barrancabermeja todos saben quiénes organizaron, ejecutaron y lideraron la «revocatoria», cuáles eran sus motivaciones y sus intereses, lo que es una verdad conocida por toda la comunidad.
Frente al fracaso de la iniciativa, y de manera «extrañamente rápida», se inició un proceso judicial que tenía el mismo propósito: «separar al alcalde Echeverri del cargo y fortalecer políticamente a un partido político en las elecciones que se avecinaban».
Cuando se hacen señalamientos sobre el mandatario local, sobre su defensa o su accionar, es claro que hay una «persecución política» que «tiene en la mira» las elecciones locales del próximo mes de octubre.
Lo insólito es que los opositores del alcalde y sus colaboradores pretenden que ellos «se defiendan con abogados de oficio», frente a un aparato judicial muy cuestionado por los escándalos del Cartel de la Toga, Odebrecht, relaciones con partidos políticos, y otras a lo que hay que sumar fuertes «presiones» de dirigentes políticos que buscan tomarse a Barrancabermeja como «botín» electoral.
En un contexto como el que se vive actualmente en Colombia, la defensa jurídica no solo debe ser un equipo profesional, de amplio conocimiento del derecho, y con renombre, pero sobretodo «con capacidad de no caer en intimidaciones y presiones a las que están siendo objeto desde diferentes sectores políticos y sociales, así como de algunos medios de comunicación».
Es claro que el mandatario, su esposa y colaboradores «necesitaban abogados capaces de soportar la presión judicial, política y mediática», en un proceso judicial donde han sucedido muchas irregularidades, solo basta recordar las «filtraciones de los audios a medios de comunicación» (donde fueron manipulados y editados), mientras que para esa misma fecha, cuando los abogados del alcalde consultaban los Sistemas de Información Misionales SIJUF – SPOA del mandatario «no encontraban ninguna investigación en su contra», es decir, hasta en cualquier cafetería de Barranca un parroquiano tenía los audios grabados en una USB, mientras que los abogados del alcalde no tenían acceso —legalmente— a esos audios.
Queda claro que este proceso tiene un móvil político
Es momento de empezar de identificar a los responsables de esta persecución política, a los que han estado en contra del alcalde elegido popularmente, desde el proceso electoral del 2015, y que se han valido de sus «influencias políticas», de las instituciones del Estado, de los medios de comunicación y de sus partidarios políticos, para poner fin a un ataque permanente e inmisericorde, que no pretende mejorar la política local sino que solo sirve a oscuros intereses económicos y electorales.
LA ÑAPA: «Mientras muy escasos ‘periodistas’ están con urticaria por una ‘nómina de lujo’ en la defensa de seres humanos, yo me como un heladito» (IVAN CANCINO GONZALEZ, abogado penalista).
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ROSBERG PERILLA PEREZ es un habitual columnista de BARRANCABERMEJA VIRTUAL. Puede ser contactado en el correo electrónico: [email protected]
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