Por: Jorge Gomez P.
Si algo distingue a la Fiscalía General de la Nación bajo la égida de Néstor Humberto Martínez es su obsesiva figuración mediática, con rueda de prensa casi diaria, y el efecto político que producen sus más ‘sonadas’ capturas es evidente, como si todo estuviera fríamente calculado hacia ese propósito.
Está por ejemplo la orden de detención del pasado 20 de febrero contra los hermanos Mora Urrea (Uriel, Norberto, Alirio y Edna), dueños de los supermercados Supercundi y Merkandrea, acusados de ser testaferros de las FARC y dos meses después dejados en libertad por orden del Juzgado 20 de Garantías de Bogotá. (Ver noticia).
La captura de tres de ellos estuvo precedida por una oleada de asaltos y saqueos a locales en Bogotá, Melgar, Girardot, El Guamo y Saldaña, coincidente con que la Fiscalía asoció a esa cadena con las Farc, en lo que lució como un plan coordinado por fuerzas oscuras y frente a lo cual el abogado y columnista Ramiro Bejarano dijo una verdad de a puño: “Esto no es obra de una sola persona sino de un grupo, que extrañamente adolece de una cabeza visible. Si fuese al menos un remedo de revolución, habría un líder arengando a los exaltados manifestantes; pero no, se trata de un cuerpo deliberante que curiosamente prefiere obrar cuando cae la noche”. (Ver columna).
Es bien llamativo descubrir que el día anterior a esa estampida de robos hubo una manifestación a favor del candidato Iván Duque en Santa Librada, al sur de Bogotá, frente a un Merkandrea que horas después sería asaltado.
Según un testigo de los hechos, “en ese sector los disturbios fueron pagados y alentados por gente del Centro Democrático”. Así lo publiqué en columna de esos días, y no recibí ninguna aclaración o solicitud de rectificación de ese partido.
Pero ahí no para el asombro -o la duda, o el misterio- porque ese mismo testigo envió a mi correo unas fotos en apariencia comprometedoras, donde se ve a Iván Duque y a su jefe Álvaro Uribe en compañía de Alirio Mora (el único de los cuatro hermanos que no se dejó apresar), departiendo con ellos. Y pregunté, luego de publicar las fotos en Twitter y Facebook: ¿testaferros de las Farc haciéndole campaña a Duque? (Ver fotos).
El alboroto generado por esas imágenes superó toda expectativa. Solo en Twitter tuvo más de 62 mil impresiones, mientras en Facebook el post fue compartido casi 14.000 veces y recibió más de 2.000 comentarios, desatando una encarnizada batalla campal entre uribistas y antiuribistas.
Sea como fuere, los asaltos a esos almacenes tuvieron la apariencia de un plan desestabilizador coordinado desde lo logístico por el uribismo e incitado por las capturas de la Fiscalía, con el objetivo de minar la credibilidad en el proceso de paz y causarle un daño político a la Farc (entendida como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) a escasos días de la elección del 11 de marzo.
En lo referente a la captura de Zeuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, son crecientes las dudas que dejó sembrada la Fiscalía en su accionar, de mano de la DEA, primera interesada en llevarse a EE.UU. como botín de guerra a un miembro de la cúpula de sus otrora enemigas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según el analista Gustavo Gallón en columna para El Espectador (Pilatos, siglo XXI), “el gravísimo señalamiento hecho contra Santrich contrasta con las cuatro débiles pruebas que se han mostrado a la opinión pública”.
Las dos primeras, una conversación telefónica con Marlon Marín y una foto con el mismo sujeto, que revelarían “alguna reticencia a una actividad propuesta por el señor Marín”. La tercera, un cuadro que Santrich le habría enviado a Rafael Caro creyendo que se trataba de un filántropo de la paz. Y la cuarta, las declaraciones del propio Marín, hoy testigo de cargo de la DEA, de quien no se sabe si viajó a EE.UU. por decisión propia o si se lo llevaron.
Las reflexiones de Gallón permiten darle sustento a la hipótesis de un entramado o montaje contra el proceso de paz, en contubernio con la agencia antidrogas norteamericana.
El día de la captura el fiscal Martínez Neira condenó a Santrich de antemano, en contravía de la presunción de inocencia, cuando dijo que «los detenidos traicionaron los valores y los principios de los acuerdos de paz«.
Pero no se debe poner en duda la buena fe del presidente Santos cuando en la misma alocución televisada declaró: «Si cumplido el debido proceso y con pruebas irrefutables hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo concepto de la Corte Suprema». (Ver noticia).
Es lo que le corresponde, en sujeción al equilibrio de poderes.
Ahora bien, considerando lo bien ‘dateada’ que está desde el despacho de su amigo el fiscal general, la última columna de María Isabel Rueda anuncia que la extradición podría verse embolatada, pero no por sus suposiciones sino por lo que plantea Gallón: “Después de cumplir la orden de captura internacional que recibió contra Santrich, la Fiscalía debía ponerlo a disposición de la JEP, pues así lo establece la Constitución en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017: ante una solicitud de extradición, “la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”.
“¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo ha hecho todavía?”, se pregunta Gallón. En ese contexto, la periodista amiga del fiscal entraría con su columna a desfacer el entuerto.
En ambos casos, el de los hermanos Mora y el de Santrich, parece primar por parte de la Fiscalía el interés de armar un escándalo mediático con un calculado efecto político, desconociendo (o mejor, pasándose por la faja) que ni las capturas ni la imputación de delitos pueden estar soportadas sobre sospechas, aparentes montajes o ambigüedades procesales que a la postre conducen a la libertad de los acusados.
Por último, dirán que es hilar delgado, pero la resonante captura de nueve presuntos miembros del Movimiento Revolucionario del Pueblo -MRP- a raíz del bombazo contra el Centro Andino el 17 de junio de 2017 (ver columna del suscrito), se ajusta en apariencia al mismo modus operandi: con base en una ‘siembra’ de pruebas que conduce a los supuestos autores, se presenta a la opinión pública la comisión de un delito en apariencia organizado y ejecutado por gente de extrema izquierda, pero cuyo arresto beneficia los intereses políticos de los enemigos de la paz.
Moraleja y conclusión: mientras persista el afán del fiscal general por atravesarle una agenda política al desempeño de su cargo, la anhelada reconciliación nacional seguirá al borde del desenlace fatal.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
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