Editorial El Medio Magdalena
Aunque aún no se saben las razones que causaron el desastre ambiental del pozo Lizama 158 si se han podido establecer una serie de hechos que señalan la irresponsabilidad ambiental y social, con consecuencias penales, fiscales y disciplinarias, de Ecopetrol y sus directivas, con el trágico saldo negativo para las comunidades y el medio ambiente.
Lo que sucede en el tema de producción petrolera es simple y sencillo, las condiciones contractuales, la regulación ambiental y una auditoria de la Contraloría señalan con claridad que se debe hacer el cierre técnico de los pozos, con el fin de evitar problemas de seguridad y daños ambientales.
No se entiende entonces si hay licencias ambientales, planes de manejo ambiental, entre otras cosas, si los contratos de explotación petrolera señalan que se deben asignar los recursos suficientes para el cierre técnico de los pozos y si la Contraloría desde el 2016 lo había advertido, lo que todo el mundo se pregunta es ¿porque Ecopetrol no hizo nada al respecto?
En este momento de la emergencia social y ambiental, después de miles de millones de pesos gastados solo en la contención del desastre, y sin cuantificar los recursos que se tendrán que pagar para cerrar el pozo técnicamente, compensar a las víctimas, reparar el daño ambiental y social, recuperar los cuerpos de agua y el territorio, cancelar las sanciones ambientales y fiscales, afrontar las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas, entre otros gastos, no hay un solo despedido en Ecopetrol, no hay una sola renuncia presentada, y no se conoce una acción disciplinaria interna en la petrolera, es decir que Ecopetrol, su junta directiva y el gobierno nacional han eludido afrontar sus responsabilidades frente a una calamidad anunciada, y lo peor el Presidente de la Republica, el Ministro de Minas y el Ministro de Medio Ambiente no han procedido a tomar las acciones necesarias al interior de la Ecopetrol para que los responsables sean sancionados, con el presidente a la cabeza, pues frente a un hecho anunciado como el desastre ambiental del pozo Lizama 158 no cabe otra cosa sino sanciones drásticas por semejante omisión y engaño.
Y no puede verse esto como cacería de brujas o una persecución, o que se quiere acabar con la principal empresa del país o que se está haciendo campaña electoral con lo sucedido, es simplemente una consecuencia mínima por semejante debacle, pues en un país serio, este desastre anunciado debería terminar con el despido de los ministros de Minas y de Medio Ambiente, junto con el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, el presidente de Ecopetrol y varios de sus vicepresidentes, el director de la Corporación Autónoma de Santander CAS y de la ANLA, pues no se puede entender ni excusar como estos funcionarios no actuaron frente a una situación conocida con años de anterioridad y que representa aun hoy en día, pues hay muchos pozos en el país sin el cierre técnico debido, un peligro para la población y el medio ambiente.
No es exagerado decir que el desprecio y el descaro con que Ecopetrol actúa, tal como lo establece la auditoria de la Contraloría y como se ve en el desastre de la Lizama 158, representan un peligro para la nación y debe ser sancionado semejante comportamiento.
Es por esto que se espera que el Procurador General de la Republica, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y hasta el Personero Municipal defiendan los derechos e intereses de la comunidad, actuando rápidamente para sancionar los responsables, haciendo seguimiento a la emergencia y acompañando a las comunidades en la reparación del daño social, económico y ambiental sufrido, pues esa es su labor, la que ha sido bastante pobre en especial por parte del Personero Municipal que ha estado lejos de la población y ausente en semejante crisis.
Es momento de reclamar que la protección del medio ambiente no solo sea discurso o retorica política, es momento que el gobierno nacional y las directivas de Ecopetrol asuman su responsabilidad, no solo por las fallas cometidas sino para generar confianza en las comunidades, en particular en aquellas que vienen rechazando a lo largo y ancho del territorio la explotación petrolera, a través de mecanismos como las consultas petroleras, y que ven en el desastre de la Lizama 158 un argumento que respalda su deseo de que no se haga en su territorio ningún tipo de actividad petrolera, incluyendo el fracking, y que ponen por encima el agua sobre el petróleo.
Lo sucedido respalda que en este país no hay garantías para una explotación petrolera amigable con el medio ambiente y cuando suceden daños ambientales nadie responde.
Este desastre ambiental puede ser un punto de inflexión en la industria petrolera del país, para que la comunidad pueda apreciar que se aplican los correctivos necesarios y se recupere la confianza de la gente en sus instituciones, que deben no solo reparar los daños y compensar a los afectados sino sancionar a los responsables, y así si poder abrir un nuevo capítulo de la industria del petróleo, más aun ad portas de la celebración de los 100 años de esa industria en el país y que empezó paradójicamente en Barrancabermeja.
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