Por: Juan Manuel López C.
En el caso de Diego Palacio (como Sabas Pretelt y Alberto Velásquez) el ingreso y el intento de salida del enredo de la justicia colombiana parecen tener visos de Kafka.
El adjetivo kafkiano entró al vocabulario universal para describir una situación insólita en la que sucede algo que no se comprende ni encuentra explicación coherente con razones lógicas.
Nació de lo que le pasa al personaje de la novela El Proceso de Franz Kafka que cae en manos de un sistema jurídico que lo enreda en sus redes sin que se sepa por qué entra en ellas o cómo salir de ahí.
Lo que está sucediendo con quienes han pertenecido al mundo de Álvaro Uribe parece corroborar que la realidad siempre va más allá de la ficción.
En el caso de Diego Palacio (e igual de Sabas Pretelt y Alberto Velásquez) tanto el ingreso como el intento de salida del enredo de la justicia colombiana parecen tener visos similares a los de la imaginación del autor checo.
No parecería comprensible que se acuse a unos funcionarios del nivel del gabinete presidencial (ministros y secretario general) de que al ofrecer puestos para alinear a unos parlamentarios se comete el delito de cohecho: por un lado eso ha sucedido en toda la historia en todas las democracias parlamentarias (hoy se conoce como ‘mermelada’ y no se espera que nadie vaya a la cárcel por ello); por otro las dádivas de un puesto y una oferta de una eventual notaría no parecen suficiente halago para un voto tan importante como la entrega de la Presidencia de la República; por otro los intermediarios niegan haber recibido la orden de hacer esos nombramientos.
A esta sentencia se llegó en un trámite también algo kafkiano pues la base de la misma fue una confesión por parte de Yidis Medina, quien había sido la contraparte y cómplice de este delito, —confesión también incomprensible en la medida de que no le aportaba a ella ningún beneficio—. Y dentro de lo extraño del caso, duró casi diez años la posibilidad de una sentencia solo contra ella pues su declaración no produjo en forma inmediata la consecuencia lógica respecto a los acusados.
Hoy se acepta la explicación de que lo inusual del proceso y el despropósito de esa sentencia estaría explicado porque el Gobierno de Álvaro Uribe en su enfrentamiento con las Cortes de Justicia había llegado el punto de demandar a un magistrado y de chuzar y enviar espías a registrar el desarrollo de sus sesiones, por lo cual sus funcionarios debían ‘pagar el pato’ por ello, pues los jueces estaban ‘cargados de tigre’.
Ahora, siguiendo el mundo kafkiano, los vinculados al caso encuentran o buscan una salida en una Justicia Transicional — la Justicia Especial para la Paz, JEP— que solo tiene que ver con el conflicto armado.
Sin embargo en el mundo kafkiano no solo puede suceder eso, sino se puede acompañar conque su jefe al mismo tiempo, quien fue único beneficiario del delito —y ni más ni menos que con cuatro años de presidencia— aparece desvinculado e indemne de tal acto, como si nada hubiera sabido o tenido que ver.
Y además acaba siendo él, Álvaro Uribe, el principal actor o protagonista de esta novela, quien se opone y considera indebido que se intente tal solución.
El escenario se completa con que este caso no lo resuelve directamente esa nueva jurisdicción ante la cual se presenta, sino sería remitido a los jueces de garantía o de ejecución de penas de la jurisdicción ordinaria. Lo cual de paso abre toda clase de debates sobre colisión de competencias, ámbito de la JEP, jerarquía de una u otra jurisdicción (por ejemplo: condenas de la Corte Suprema revisadas por la JEP o quién define si califican como crímenes de guerra o de lesa humanidad), y hasta dónde pueden llegar los delitos susceptibles de ser considerados parte del conflicto armado.
Pero lo que llaman ´la viabilidad política’ de que se pronuncie a favor de ellos el magistrado de turno, permite que se aplique una nueva modalidad de Justicia kafkiana ya que por la Ley de Amnistía quedarían libres los sentenciados.
Es decir que mientras no se proclame la ley estatutaria que regule la JEP, y mientras el Comité escogido para elegir a quienes serán los magistrados de esa Justicia Especial para la Paz no concrete los nombramientos del centenar de jueces que la aplicarán, quedará en suspenso o en el congelador la solución de esta situación.
Lo grave es que todo indica que lo kafkiano no es el caso de los funcionarios de Uribe sino la Justicia Colombiana, adicionada ahora con un esbozo incompleto de Justicia Transicional.
