Por: Jaime Calderón Herrera
El Sistema de Salud colombiano enfrenta hoy el mayor cuestionamiento desde su existencia, pues la vigilancia a cargo de la Superintendencia de Salud es casi nula, las EPS han merecido justificadamente la desconfianza de los usuarios, la rectoría por parte del ministerio es lenta, el modelo es preferentemente de atención a los enfermos, con prevención casi inexistente y las IPS son insuficientes siendo la mayoría de baja calidad.
No obstante, se invierte un 9% del PIB, cerca a un millón de pesos/año por cada colombiano, cifra suficiente según expertos, reconociendo que los recursos de financiamiento no fueron los proyectados en la Ley 100, y ha sido necesario crecer los aportes provenientes de fondos públicos.
El crecimiento injustificado de los recobros al Fosyga, los costos de intermediación, más los incrementos en los costos de la tecnología médica y el aumento en los gastos de atención, además del exagerado costo financiero del manejo de las fiducias y el “encaje” que hace el gobierno, convirtiendo en TES al 10% de los recursos, han puesto en grave riesgo a todo el sistema.
No se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, pero los grandes expoliadores de la salud, para mantener sus privilegios, insisten en remiendos y financian estudios interesados, como el recientemente publicado por Fedesarrollo y financiado por la Fundación Sura (Suramericana, Sindicato Antioqueño).
Núñez, Zapata y colaboradores, muestran su sesgo en defensa a ultranza del estado actual y plantean la controversia con el modelo anterior a 1993, lo que claramente no está en discusión.
Si bien reconocen el aumento mayúsculo de los recursos en las dos décadas últimas, no analizan las venas rotas de los mismos, ni cuestionan los costos financieros, ni registran las falencias en los indicadores de salud pública. Por el contrario, emprenden una mendaz y sofisticada defensa de las EPS y de su forma perversa de Integración Vertical, mediante la cual éstas mantienen en rojo sus números, mientras tercerizaciones hechas a través de un circulo pequeño de reciprocidades, ordeñan los dineros de los colombianos.
Por su incapacidad para convencer, pretenden confundir, desviando la culpa hacia los costos de la igualación del POS, a la rentabilidad de IPS, (desconociendo las de la Integración Vertical), y a la falta de uniformidad del sistema por la presencia de regímenes especiales como el de Ecopetrol o las FFAA.
El aseguramiento tampoco está en discusión, pero el tipo de aseguramiento, sí. La definición y los límites de la intermediación son indispensables, tanto como el control al recobro, a los sobrecostos y a la corrupción.
El gobierno puede enmendar la plana o insistir en el fracaso de muchos y el beneficio de muy pocos. ¿Dejará pasar la ocasión?
