Por: Jaime Calderón Herrera.
La impunidad social es peor que la impunidad judicial, le oí decir al ex procurador Gómez Méndez, a propósito de la falta de castigo por el llamado holocausto acaecido en el Palacio de Justicia.
Ese episodio de vergüenza para los colombianos cumplió 25 años sin que el ex presidente Belisario Betancourt le haya contado al país la verdad, contentándose con manifestar que asume la responsabilidad de lo acaecido, a sabiendas de que esa responsabilidad no le acarrea consecuencia.
Los ministros de entonces, los militares de entonces, los dirigentes de la guerrilla y los mafiosos que al parecer patrocinaron y propiciaron el episodio de vergüenza, se han confabulado en el silencio y en la mentira para desviar las investigaciones, las cuales salvo excepciones, han cursado por caminos tortuosos que alejan a la verdad y la justicia.
¿Perdón y olvido? A nombre de tal afirmación y con la disculpa de la reconciliación, se ha construido la impunidad, los indultos y las amnistías, sin lograr tal condición de paz y entendimiento. Por el contrario, la impunidad judicial ha conducido a la tolerancia y la desesperanza, traducidas en impunidad social.
Esa impunidad social amplió su acción a todos los quehaceres de los colombianos. En lugar de libertad y orden, lo cotidiano es la connivencia con la violencia y la corrupción.
El gobierno Uribe tuvo en su nómina a personas con mando en la organización guerrillera que se tomó el palacio, Al coronel que retomó el Palacio sentenciado por asesinato y a sindicados por concierto para delinquir, por paramilitarismo; tuvo ministros acusados de cohecho, funcionarios acusados de corrupción por acciones criminales en el DAS, o por actos de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes, en el INCO, en Invías; a vinculados a escándalos en el Ministerio de Agricultura y en el Banco Agrario, y muchos hechos atentatorios contra el erario de la nación y la convivencia de los colombianos.
No obstante lo anterior, fue innegable el apoyo mayoritario a su gestión, explicado por algunos como el “Efecto Teflón”, que no es otra cosa que la Impunidad Social y que consiste en disculpar al delito. Si hay disculpa, hay tolerancia y aceptación a la falta de castigo.
La impunidad social no llegó con Uribe, venía cocinándose desde décadas atrás, pero fue con Uribe que tal condición llegó a la categoría de convicción.
El presidente Santos pareciera estar enmendando la plana. Si logra sacar e implementar las leyes de víctimas y de tierras, destapar las ollas podridas y liderar un proceso que al menos mitigue la impunidad judicial y siembre el castigo y el repudio social al delito, habrá logrado encaminar a los colombianos hacia la restauración moral.
