En Colombia, la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro ha instaurado una narrativa que lo tilda de dictador, una acusación que, bajo un análisis más profundo, resulta contradictoria y carente de fundamento en varios aspectos.
Este discurso, replicado por medios de comunicación tradicionales y ciertos sectores políticos, parece más una estrategia política que una descripción de la realidad.
La paradoja de un «dictador» que opera dentro de un marco institucional y que es cuestionado sin restricciones por los mismos actores que lo señalan, expone las complejidades del panorama político colombiano.
Es fundamental señalar que la democracia colombiana, con todas sus falencias, sigue siendo funcional.
Bajo el gobierno de Petro, la oposición ha tenido la capacidad de bloquear múltiples reformas presentadas por el Ejecutivo. Las iniciativas más emblemáticas, como las reformas laboral, de salud y pensional, han sido debatidas, modificadas o incluso archivadas en el Congreso, donde diversos sectores opositores han hecho valer su peso político.
Para un dictador real, este nivel de oposición parlamentaria sería impensable. Por el contrario, el sistema político colombiano muestra, con estas dinámicas, que las instituciones funcionan como contrapesos al poder del Ejecutivo, incluso en ocasiones de forma desmedida o cuestionable.
Adicionalmente, la oposición ha tenido espacio para criticar abiertamente al presidente Petro, muchas veces recurriendo a la calumnia y la desinformación, sin enfrentar represalias significativas por parte del gobierno.
Los medios de comunicación tradicionales, propiedad de grandes conglomerados económicos, han jugado un rol clave en la propagación de esta narrativa, amplificando las acusaciones de autoritarismo y corrupción contra Petro.
Sin embargo, en un régimen verdaderamente dictatorial, estos medios serían censurados o sometidos a un control estatal estricto, algo que claramente no ocurre en Colombia. La libertad de prensa, aunque utilizada en ocasiones de forma parcializada, sigue vigente y robusta.
Otra evidencia que contradice la narrativa de dictadura es el comportamiento de los organismos de control.
Instituciones como la Procuraduría General de la Nación y el Consejo de Estado han tomado decisiones que, en muchos casos, han limitado los derechos y libertades políticas de los miembros del gobierno.
Estas actuaciones han sido llevadas a cabo con una celeridad y contundencia que contrastan marcadamente con la inacción frente a denuncias de corrupción y politiquería dirigidas contra sectores de la oposición.
Esto no solo refleja un uso politizado de estas entidades, sino también un entorno donde el Ejecutivo no tiene control absoluto sobre los órganos de control, algo que sería esencial en un régimen de un dictador.
Un caso emblemático es el del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en Colombia está presidido por un miembro de la oposición con antecedentes judiciales cuestionables.
A pesar de este liderazgo opositor, el gobierno de Petro no ha intervenido ni intentado cooptar esta institución, respetando la separación de poderes y los procedimientos democráticos.
En cambio, los gobiernos anteriores, especialmente durante la era de Álvaro Uribe, mostraron una tendencia a intervenir en las instituciones judiciales y de control, a través de interceptaciones ilegales y presiones políticas, algo que no ha sucedido bajo la administración de Petro.
Tan extraña esta dictadura en la que se caen las reformas, los congresistas calumnian al presidente, el CNE es liderado por un criminal de la oposición y los periodistas pueden hacer campaña presidencial con plata de banqueros y narcotraficantes. ¡Háganme el hijueputa favor!
— Levy Rincón (@LevyRincon) December 19, 2024
Acato a todas las decisiones judiciales
Por otro lado, es importante resaltar que el presidente Petro ha dado cumplimiento a todas las decisiones judiciales, incluso cuando estas han sido adversas.
Esto contrasta con las acusaciones de autoritarismo, ya que cumplir con las sentencias judiciales es un pilar esencial de cualquier democracia.
La oposición, sin embargo, desde organismos de control y tribunales, ha cuestionado de manera constante el mandato popular expresado en las elecciones presidenciales, llegando a contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos al intentar recortar derechos políticos a miembros del gobierno.
La paradoja de la narrativa de «dictador» se hace más evidente cuando se examinan las libertades que aún conservan sus detractores. Los periodistas opositores no solo critican abiertamente al presidente, sino que algunos incluso se involucran en campañas políticas financiadas por sectores económicos y figuras cuestionadas, como narcotraficantes y banqueros.
¿Hay alguna, una sola, sentencia judicial que no haya cumplido?
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2024
¿Algún magistrado ha sido perseguido o intervenidas sus comunicaciones por mi?
Pero que no se confundan. Somos víctimas de una persecución política usando magistrados, por parte de una familia politica que ha… https://t.co/4OXM4wVsL7
Este nivel de libertad, que raya en la permisividad, sería inexistente en un régimen autoritario.
En este contexto, las acusaciones de dictador parecen ser una estrategia para deslegitimar al gobierno y frenar cualquier intento de reforma estructural.
Los sectores que controlan los medios y parte del aparato institucional del país se resisten a los cambios que amenazan sus intereses económicos y políticos.
Así, califican al gobierno de Petro como dictatorial no porque exista una represión real o una concentración de poder, sino porque buscan erosionar su legitimidad ante la opinión pública.
La oposición al gobierno de Gustavo Petro ha utilizado el discurso de la «dictadura» como una herramienta política para desacreditarlo. Sin embargo, los hechos muestran un panorama diferente: un gobierno que opera dentro de los límites democráticos, enfrenta oposición activa y respeta las decisiones judiciales, incluso cuando estas le son adversas.
Este contexto refleja más las tensiones inherentes a un sistema democrático que los rasgos de un régimen autoritario. La narrativa de dictadura no solo es falsa, sino que revela los intereses y temores de quienes ven amenazado su poder ante la posibilidad de un cambio profundo en Colombia.
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