La intervención de las congregaciones religiosas en las campañas electorales ha suscitado un amplio debate sobre su papel en la política y la democracia.
Tradicionalmente, muchas de estas instituciones han mantenido una influencia significativa en sus comunidades, promoviendo valores éticos y espirituales.
Sin embargo, cuando esta influencia se convierte en una herramienta de apoyo directo a candidatos o partidos, se pone en entredicho la separación entre religión y política, un principio clave en muchas democracias para garantizar el pluralismo y la igualdad de derechos.
En varios países, la intervención abierta de líderes religiosos en campañas políticas ha generado preocupación, especialmente cuando estos promueven la imposición de valores religiosos específicos en la legislación.
Esto puede llevar a una serie de desafíos: primero, se corre el riesgo de excluir a las personas que no comparten las mismas creencias, lo cual afecta la representatividad de las leyes y la inclusión social.
Además, la incorporación de principios religiosos en las leyes puede limitar derechos individuales, en especial aquellos relacionados con temas sensibles como el derecho a decidir sobre la salud reproductiva, la igualdad de género, y la libertad sexual, entre otros.
Este tipo de intervenciones también plantea la cuestión de la exención de impuestos para las organizaciones religiosas.
Estas instituciones están, en su mayoría, exentas de impuestos en muchos países bajo la premisa de que su labor es esencialmente espiritual, educativa o de asistencia social, y que no deben tener fines de lucro.
No obstante, cuando los recursos de una congregación se destinan a promover campañas políticas o a financiar iniciativas que buscan imponer su sistema de valores en la legislación, se rompe con este principio de neutralidad.
Esto lleva a un creciente reclamo social sobre la necesidad de que las organizaciones religiosas que intervienen activamente en la política paguen impuestos, ya que están ejerciendo una influencia política que afecta a toda la sociedad y, en muchos casos, con recursos considerables que se manejan sin transparencia.
La obligación de pagar impuestos no solo generaría una mayor equidad fiscal, sino que también podría disuadir la intervención directa de estas instituciones en la política, permitiendo una mayor independencia entre los ámbitos religioso y político.
En este sentido, sería importante implementar reformas que revisen el marco legal de exenciones fiscales para las organizaciones religiosas, asegurando que estas mantengan su carácter espiritual y no se conviertan en actores políticos con influencia desproporcionada sobre la toma de decisiones legislativas.
La intervención de las congregaciones religiosas en campañas electorales plantea la necesidad de una regulación que preserve la neutralidad y autonomía de las instituciones políticas frente a la influencia religiosa.
Una revisión de su exención impositiva permitiría un sistema más justo y transparente, asegurando que las leyes se construyan sobre una base de pluralismo y respeto a la diversidad de creencias y valores en la sociedad.
